30 de diciembre de 2021
La investigación de la represión estatal que tuvo lugar en marzo de 1975 en la localidad santafesina de Villa Constitución –conocida como el «Villazo»– fue elevada a juicio a fines de diciembre. El fiscal de la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado de Rosario, Adolfo Villate, consideró al «Villazo» como el «experimento a escala del disciplinamiento social que se impondría meses después en todo el país» con el inicio de la última dictadura militar. La investigación, iniciada en 2013 por denuncia de los sobrevivientes, se centró en la represión al movimiento sindical de la delegación Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica a partir del 20 de marzo de 1975. Ese día, unos 4.000 efectivos de fuerzas de seguridad federales y provinciales llegaron a la ciudad y la «ocuparon», bajo las instrucciones del entonces ministro del Interior del Gobierno de María Estela Martínez de Perón, Alberto Rocamora. Villate solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene a 25 procesados, entre personal civil, ejecutivos de la empresa metalúrgica Acindar, policías y militares retirados. El fiscal también investigó la participación empresarial, evidenciada por el paso de José Alfredo Martínez de Hoz del directorio de Acindar al Ministerio de Economía y el del general Alcides López Aufranc a la dirección de la empresa.
