Organizaciones ambientalistas bonaerenses abandonaron el comité creado para sanear las aguas del segundo curso fluvial más contaminado del país, en desacuerdo con las políticas oficiales. Residuos industriales, efluentes cloacales y ausencia del Estado.
13 de febrero de 2019
La desidia continúa y la contaminación aumenta. Esto es lo que sostienen varias organizaciones ambientalistas que el año pasado decidieron abandonar su participación ciudadana en el Comité de Cuenca del Río Reconquista (Comirec), el ente gubernamental que debería planificar las acciones para sanear las aguas de ese río –el segundo más contaminado, después del Riachuelo– que recorre 18 municipios bonaerenses. En su renuncia, las organizaciones alegan que no son escuchadas y denuncian que, en el marco de un préstamo solicitado al BID para la mejora de la cuenca, «no existe ninguna medida de fondo en pos del saneamiento». «Como integrantes de la Sociedad Civil que conoce su derecho a la participación, refutamos una vez más que se confunda participación, con “obediencia debida” o “efecto decorativo”. No queremos ser cómplices silenciosos de la violación continua de leyes ambientales provinciales y nacionales», advierten. Uno de los motivos de la salida de los grupos ambientalistas fue el hecho de que ninguno de sus aportes y opiniones fueron publicados en la página web del organismo ni figuraron en documento oficial alguno. Así, su postura crítica quedó invisibilizada.
El préstamo del BID es de 500 millones de dólares, que deberían utilizarse para desarrollar el siempre postergado saneamiento ambiental del río Reconquista. «Sanear es evitar la contaminación en origen», señala Martín Nunziata, integrante de la Asamblea Delta y Río de La Plata, una de las organizaciones que renunció al Comirec, junto con el Centro Oeste de Estudios Políticos y SocioAmbientales (COEPSA) y la Fundación ECOSUR. «Para lograr eso hay que exigir que las industrias hagan sus plantas de tratamiento de efluentes y el Estado tiene que controlar. Por supuesto que hay que establecer plazos, brindar apoyo y asistencia tecnológica, según la dimensión de la empresa, para que se logren adaptar. Pero hay que ser rigurosos, para lo cual se necesita una red de monitoreo a lo largo del Reconquista. Esa función la tiene que hacer cada municipio con el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) y no está hecho, la red de monitoreo no existe», subraya Nunziata, quien vive desde hace más de 40 años en una isla del Delta bonaerense, en el partido de Tigre, navega las aguas del Reconquista y ha trajinado buena parte del territorio bonaerense intentando aunar militancias por territorios más saludables para las mayorías.
«No hay nada referido a mapeo de vuelcos industriales, ni reacondicionamiento industrial para garantizar que no se contamine el río», agrega Adriana Córdoba, presidenta de COEPSA. «Y mucho menos de control o trabajos de remediación, para ver qué se hace con los metales pesados que ya tiene la cuenca. Según la OPDS, toda la cuenca media del río está en rojo, hay cadmio, cromo, plomo».
Participación comunitaria
Actualmente no se cuenta con un catastro oficial, pero se estima que sobre la cuenca del río Reconquista funcionan más de 12.000 industrias: hay curtiembres, frigoríficos, siderurgia, galvanoplastia y fábricas de neumáticos, entre otras. Y los desechos de todos sus procesos productivos terminan en el agua. En 2016, para la «OlimpíADA por el Reconquista» –un programa de educación ambiental orientado a alumnos de escuelas de la cuenca–, la Autoridad del Agua (ADA) daba su diagnóstico. En un documento preparado para la ocasión, decía: «El deterioro de la calidad de las aguas del curso principal y de la mayor parte de los tributarios en la parte media y baja se debe a que la carga contaminante que se vierte a la cuenca supera la capacidad receptiva y de autodepuración de los cursos de agua que reciben descargas orgánicas, como cloacales, e inorgánicas, como metales pesados y otras sustancias contaminantes».
El Comirec fue creado en 2001 mediante la ley provincial 12.653. En su artículo 6, la norma establece que debe formarse un Consejo Consultivo Honorario, en el cual se materialice la participación comunitaria, integrado por profesionales o personas idóneas, en representación de usuarios de servicios y de entidades intermedias, al que podrán integrarse también representantes de las universidades, centros de enseñanza e investigación y organizaciones no gubernamentales.
«Las organizaciones del río venimos trabajando y apostando a la verdadera participación comunitaria en el Comirec desde 2007 –cuenta Córdoba–. Se trabajó muchísimo, se consultó a profesionales de la UBA y otras universidades, pero nunca estuvo la decisión política de los gobernadores, los anteriores y la actual, de cumplir y hacer cumplir la Ley 12.653. Desmantelaron o ningunearon los Consejos Consultivos, cuando en el mundo entero todos los comités de cuenca que han tenido algún éxito, fue precisamente por esta participación comunitaria».
Las organizaciones ambientalistas han acumulado conocimiento y una vasta experiencia. Muchas de las recomendaciones y críticas realizadas al Comirec están fundadas en lo que consideran el fracaso de otro plan gubernamental, el llevado a cabo por la Unidad de Coordinación del Río Reconquista (UNIREC), que se desarrolló entre 1996 y 2016, y para el cual se había pedido un préstamo de 400 millones de dólares, buena parte de esa cifra también proveniente del BID. La obra consistía en control de inundaciones, por un lado; y en el saneamiento, mejorando la calidad de agua. «Estamos mucho peor que antes», sentencia Nunziata (ver recuadro).
En la carta de renuncia que las organizaciones presentaron a José Lupo, gerente general de Departamento de Países del Cono Sur y representante nacional en Argentina del BID, alegan que de los puntos estipulados para utilizar el dinero del préstamo, «excepcionalmente se pueden encontrar algunas medidas o acciones delineadas en pos de proteger la biodiversidad; mucho menos medidas en pos del control de vuelcos industriales, ni del saneamiento del mayor contaminante por lejos de la cuenca, como es el arroyo Morón». Además, sostienen que no hay medidas que mejoren sustancialmente la calidad de las aguas del río y, en cambio, «se ponen en vigencia obras de infraestructura que ya no se utilizan en el resto del mundo por absurdas y violatorias del Convenio de Humedales que el país firmó». Las obras de infraestructura a las que se refieren las organizaciones renunciantes son, por ejemplo, los entubamientos de arroyos que encubren la contaminación no resuelta y perjudican el funcionamiento de los humedales asociados a la cuenca. Efectivamente, el dinero otorgado por el BID para el Programa de Saneamiento Ambiental de la cuenca del río Reconquista será invertido mayormente en obras de infraestructura, gran parte del préstamo se utilizará para la realización de redes cloacales, algo que podría resultar en una mejora para la cuenca y sus habitantes. «Se puede hacer el tendido cloacal y no tener adónde llevar esos efluentes. Y las cloacas, en la medida que no tengan esas plantas de tratamiento, van a terminar también en el Reconquista», advierte Nunziata.
Aunque Acción intentó en varias oportunidades contactar a Juan Pablo Piccardo, presidente del Comirec, para consultarlo en relación con las críticas planteadas por las organizaciones que renunciaron al Consejo Consultivo del organismo, no logró ningún tipo de respuesta.
