Sociedad | NIÑOS Y ADOLESCENTES

Cuestión de peso

La obesidad infantil es considerada una epidemia y un problema de salud pública. El impacto del consumo de las bebidas azucaradas.  

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Argentina tiene uno de los mayores porcentajes de exceso de peso infantil de América Latina, con un 33% de prevalencia, según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019. El mismo relevamiento resalta que el 27% de los casos de obesidad en la infancia son atribuibles al consumo de bebidas azucaradas en la población de 0 a 17 años. 
El informe del IECS –Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria– «El lado amargo de las bebidas azucaradas en Argentina», refleja en números concretos que 774.000 niños, niñas y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad, un problema de salud pública que es considerado «epidemia» por los especialistas, con un gran impacto en el sistema sanitario y que a la vez vulnera los derechos a esta población a una vida sana. 
El informe destaca que el consumo excesivo de azúcar aumenta además el riesgo de sufrir diabetes y otras enfermedades crónicas, además de promover caries y futuros problemas dentarios y advierte que limitar la ingesta en niños, niñas y adolescentes es prevenir en un futuro adultos con sobrepeso, teniendo en cuenta que las preferencias alimentarias se aprenden durante la infancia. «Quienes son obesos en la niñez tienen un riesgo aumentado de serlo en la edad adulta», sentencian. Argentina es uno de los países que lidera el ranking a nivel mundial de consumo de bebidas azucaradas, con un consumo en adultos de 85 litros por año según la 4a Encuesta de Factores de Riesgo de 2018. 
«La obesidad infantil está considerada una epidemia porque repercute en muchos aspectos de la niñez y la adolescencia en el presente, pero también en el futuro, en tanto es predictora de enfermedades del adulto y porque causa mayor mortalidad y morbilidad», explica Norma Piazza, médica pediatra especialista en nutrición y miembro del Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y destaca que este problema «de salud pública» atraviesa a todas las clases sociales: «El primer quintil de la población es el que consume el 33% de los alimentos ultraprocesados, que son alimentos caros para la primera infancia», pero a la vez «la población vulnerada está más afectada por el nivel de alfabetización y educación de los padres en el caso de los niños, niñas y adolescentes; hay un porcentaje mucho más alto de población obesa entre aquellos que tienen menor nivel educativo».

Saber para elegir
A fines de marzo el Gobierno reglamentó la  Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal y puso en marcha la norma sancionada en 2021 que obliga a advertir a los consumidores sobre el exceso de grasas, sodio y azúcares que hay en los productos a través de un sistema de etiquetado de octógonos impresos en el frente. La ley permite identificar claramente qué se está consumiendo, pero además, en uno de sus articulados, subraya la educación alimentaria nutricional y destaca que cualquier producto que tenga un solo sello no podrá ser vendido en establecimientos escolares. «Según la Encuesta Nacional de Nutrición de 2018, en las escuelas los niños consumen alimentos comprados en los mismos establecimientos. El 80% de las escuelas tienen quioscos y del 40% al 60% compran bebidas y golosinas», señala Norma Piazza. La médica pediatra precisa además que «hay alimentos que promueven felicidad y placer y no dicen que tienen alto contenido de azúcares o que tienen colorantes, todo diseñado industrialmente para favorecer un mayor consumo», y observa que el avance de las tecnologías «hoy permite producir alimentos con muy bajo valor nutritivo que generan a su vez conductas casi adictivas que interactúan con las papilas gustativas o con otros receptores que llevan a consumir más allá del hambre».
Piazza concluye: «No poder identificar fácilmente cuándo los alimentos están excedidos en nutrientes críticos, que son un factor asociado claramente a la obesidad y a consecuencias como las enfermedades crónicas no transmisibles, es un derecho vulnerado». 


María José Ralli