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Avance del extractivismo

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María Soledad Iparraguirre

El Gobierno impulsa la derogación de leyes que protegen los recursos naturales. Megaminería, fracking, agronegocios y producción de litio. Qué opinan los científicos.

Litio. Los salares del norte argentino constituyen una gran reserva del preciado recurso.

Foto: Susi Maresca

Las raíces del extractivismo se retrotraen a la década del 90, cuando el Gobierno de Carlos Menem impulsó el modelo de agronegocios basado en el monocultivo de soja transgénica, con consecuencias ambientales y sanitarias irreversibles. La instauración del monocultivo –con el aval político y judicial que permitió el avance de las grandes corporaciones en el manejo de los territorios–, significó, por otra parte, la puerta de entrada a actividades extractivistas en minería que se multiplicaron en los últimos años. 
En un contexto marcado por el avance de este tipo de proyectos –agronegocios, megaminería a cielo abierto, fracking, extracción de litio y más recientemente offshore–, el DNU 70/2023 impulsado por el oficialismo (rechazado por el Senado, pero vigente aun mientras Diputados no haga lo propio) y el régimen previsto para inversiones en el proyecto de ley Bases (aprobado en Diputados y en tratamiento en el Senado), implicarán una mayor profundización en cuanto a la extranjerización de las tierras y la derogación de leyes que tienden a beneficiar la concentración de la agroindustria contaminante y los sectores aglutinados en proyectos inmobiliarios.
La ecuación es simple: aumento de la concentración económica en un puñado de empresas y corporaciones, mayor devastación territorial, saqueo de los recursos naturales y pérdida de derechos de los pueblos aledaños a los proyectos extractivistas. Bajo el ampuloso título de «Bases para la reconstrucción de la economía argentina», el texto deroga entre otras, la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establece un límite del 15% de la tierra rural para la posesión extranjera y desarma normas que aseguran el abastecimiento de alimento, liberando las exportaciones y el control de precios.

En el pacto
«Si se observan los diez puntos del pacto al que convoca Javier Milei para el acuerdo de Mayo, el seis es nuclear; no es casualidad que esté ubicado en el centro», explica el biólogo y filósofo Guillermo Folguera en diálogo con Acción. Investigador del Conicet y docente de la UBA, el autor de La ciencia sin freno señala: «Directamente, el punto seis dice: “compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, es decir que las provincias tienen que dejar paso al avance del extractivismo. Esto es, claramente, “Mendoza se tiene que dejar de joder y avanzar con la megaminería, al igual que Chubut”, como dijo Patricia Bullrich. El gobernador Alfredo Cornejo lo está intentando ahora. Morales se tiene que dejar de joder y entregar Jujuy; el gobernador de Salta lo mismo; pero no porque haya resistencia en esas provincias por parte de los gobernadores –aclara el científico– sino porque la bajada de línea es “terminemos de sacar cualquier cláusula que obstaculice la política en este sentido”. La ley Ómnibus y el DNU apuntan a un avance irrestricto en la entrega de los recursos naturales, lo que implica, en esta dirección, derogar la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, garantizar la exportación de hidrocarburos antes que priorizar el consumo interno, sacar la Ley de Fuegos, avanzar con la privatización de las semillas».
En este sentido, el investigador –referente de muchas de las comunidades cuyas luchas acompaña (San Juan, Jujuy, Salta, Mendoza, Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires entre otras)– indica que en el actual contexto socioambiental, se encuentran involucrados todos los extractivismos: el fracking, los vinculados con el agronegocio y la megaminería de litio. Folguera acerca una definición: «Extractivismo es el gran paraguas hoy de una política de despojo, de entrega, que no solo tiene que ver con perder los bienes comunes sino con reordenar comunidades en el territorio, decirles a las comunidades de Jujuy, ustedes ya no pueden vivir más acá; decirles a las comunidades de Fiambalá, ustedes ya no pueden vivir más acá, a la gente de Río Negro, Chubut, decirles “esto es terreno de”», señala el investigador.
Refiriéndose a la reforma constitucional provincial que llevó a cabo Morales en Jujuy, Folguera dice que «es muy elocuente, en los artículos 36 y 50 tierras que eran de los pueblos originarios ahora es el Estado el que va a definir su futuro. La propiedad privada es sagrada y en este sentido si el Estado decide dejársela a Livent o Allkem (firmas explotadoras de salares con proyectos de extracción en Catamarca y Jujuy) tendrán que aceptarlo».
Folguera reconoce la dificultad en torno a las luchas en defensa de los ambientes y los territorios ante distintas «discontinuidades de las problemáticas socioambientales», intersticios, líneas de fuga en los que el poder ha sabido meter una desavenencia.
Sobre la apuesta a la unidad de lucha de los distintos gremios, el docente explica: «El movimiento de los trabajadores y el movimiento ambiental tienen que estar más cerca. Por ejemplo, la lucha de los trabajadores del Subte con más de 80 casos con diferentes problemas de salud por el asbesto –un producto cancerígeno–; cuando hay un efecto vinculado con esta forma de extracción, las y los laburantes son los primeros damnificados; hay un racimo de movimientos con tensiones hacia adentro, pero principalmente con diálogos defectuosos. El poder ha visto esa dificultad nuestra y ha metido cuña ahí».

Soja. El impacto del cultivo fue ampliando la frontera agropecuaria sobre millones de hectáreas en todo el país.

Foto: Getty Images


Bomba de tiempo
En tanto, científicos del Conicet publicaron el primer trabajo argentino –«Caracterización ecotoxicológica del litio como “bomba de tiempo” en sistemas acuáticos: renacuajos del sapo sudamericano Rhinella arenarum como organismos modelo»–, que evalúa el impacto tóxico-ambiental de las explotaciones de litio. En el estudio, organismos vivos fueron expuestos a distintas concentraciones de litio, a saber, dos concentraciones de litio ambientalmente relevantes (2,5 y 20 mg L-1) durante una y dos semanas, entre ellas, la comúnmente registrada en los sitios mineros.
El bioensayo determinó que la mortalidad de los renacuajos expuestos al litio aumentó con el tiempo. El litio es un metal alcalino, color blanco plateado que está presente en salmueras (aguas salinas), minerales de roca dura y minerales arcillosos. Ante la creciente demanda de litio por la revolución y tecnologías derivadas de la «ola verde», los usos han ido aumentando drásticamente. Se estima que en la próxima década la exploración y extracción de litio seguirá en aumento para el abastecimiento de vehículos eléctricos y dispositivos móviles.
El estudio de laboratorio aborda las consecuencias en el denominado «Triángulo del litio», comprendido por Argentina, Chile y Bolivia, cuyos territorios suman el 65% de las reservas de litio del mundo.
En diálogo con Acción, el biólogo Rafael Lajmanovich, uno de los integrantes del equipo, señaló que «podemos observar lo que han hecho los primeros extractivismos, como la soja transgénica; ya estamos padeciendo las enormes consecuencias sociales y sanitarias de este extractivismo desde hace más de 30 años. Desde el lado de la ciencia, teniendo esos resultados, deberíamos poder empezar a hacer nuestros aportes, lo nuestro es desde la ecotoxicología –reflexiona el científico–. Nos gustó dedicar este estudio a los pueblos originarios, que han estado batallando en ese sentido. En los agradecimientos, está nuestro mensaje hacia ellos. Los primeros afectados, en general, no se equivocan. Todo lo que están denunciando y diciendo es porque conocen y saben lo que va a pasar en el futuro y creo que los tenemos que escuchar», concluye Lajmanovich. 

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