17 de noviembre de 2024
El crimen de Andrés Bracamonte vuelve a instalar el tema de la violencia en la ciudadad santafesina y pone en cuestión los logros que se atribuye la gestión de Pullaro. Mano dura y complicidad policial.
Alias «Pillín». Bracamonte fue asesinado a balazos junto a Daniel Attardo, también integrante de la barra, cuando ambos se retiraban del estadio de Rosario Central.
Entre enero y octubre de este año hubo 148 homicidios en la provincia de Santa Fe, cifra que marca una disminución del 54,7% respecto de los casos registrados el año pasado durante el mismo período. Tanto el Gobierno provincial como el Ministerio de Seguridad de la Nación destacan la estadística como resultado de sus políticas de seguridad e indicador de una nueva etapa. El crimen de Andrés «Pillín» Bracamonte, líder de la barra de Rosario Central, reinstala la incertidumbre en ese contexto y pone en cuestión los logros que se atribuye la gestión de Maximiliano Pullaro.
Bracamonte tenía 53 años y fue asesinado a balazos en la noche del 9 de noviembre junto a Daniel Attardo, también integrante de la barra, cuando ambos se retiraban en una camioneta del estadio de Rosario Central. Mientras el Gobierno provincial trata de acotar el impacto político y restringir el doble crimen a un problema interno de la barra –como declaró el secretario de Seguridad Pública Omar Pereira–, el fiscal Alejandro Ferlazzo dijo que las hipótesis «exceden el manejo de la hinchada» y las sospechas se concentran en la llamada banda de los Menores, un grupo que se hizo visible el año pasado después de una serie de asesinatos en la zona noroeste de Rosario.
Enrique Font compara la coyuntura con la situación que atravesó Rosario en 2013, cuando un sector de la policía y de la Justicia de la ciudad investigó a la banda de Los Monos para favorecer a la competencia en el mercado de las drogas liderada por Esteban Alvarado. «Los homicidios se reducen ahora exitosamente, pero el problema son los actores que están a cargo. Con el paquete de leyes de seguridad sancionado por los principales partidos de la provincia y sobre todo con la ley de microtráfico, la policía recupera potestades que tenían los fiscales, ya no se preocupa por el control de la Justicia Federal y tiene un poder formidable para la regulación del narcomenudeo», dice el criminólogo y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
Font enfatiza en cambiar el punto de vista del análisis, «del delito al control del delito», y resalta que el crimen de Bracamonte y Attardo confirma su diagnóstico: «Los asesinatos de líderes tan consolidados no suceden ni aleatoriamente ni por descuido sino cuando se abre una ventana de oportunidades en la reconfiguración de una estructura criminal. Si miramos el delito aparecerán los gatilleros, el nombre de una banda, pero los beneficiados y los que hacen posible estos sucesos están en la policía, en la Justicia, en el Gobierno. Fue un ataque contra el uno y contra el dos de la barra, eliminaron a la conducción de una estructura, y este hecho sucede en el marco de un reacomodamiento del mercado local de las drogas».
Extorsiones
El diputado provincial Carlos Del Frade señala el interés económico como trasfondo del doble crimen. «Hay una disputa por el dinero que se manejaba a través de Bracamonte y de lo que él mismo llamaba el negocio de la violencia, desde porcentajes en la venta de futbolistas al extranjero y proveedores del Estado santafesino que ganaron licitaciones con extorsiones que generaba la barra de Central hasta lo relacionado con el narcotráfico. Las cuestiones van a resultar más claras cuando sean identificados los autores materiales», dice el representante del Frente Social y Popular.
«Bracamonte era un negociador y se cuidaba mucho –define Font–. A diferencia de otros actores locales, la violencia en su caso era instrumental y no un modo de construir identidad. A una ya vieja usanza, arreglaba con todos los que tenía que arreglar y mantenía una posición independiente frente a la policía. Lo que hace crisis con su muerte es ese modelo de configuración de los mercados ilegales».
Del Frade observa un recambio generacional en las bandas narcocriminales donde «juega mucho y de nuevo la articulación con la policía provincial». La reducción de los homicidios dolosos no resuelve los problemas de seguridad de Rosario: «El Gobierno de Pullaro no quiere aceptar que las bandas siguen existiendo».
El diputado del Frente Social y Popular reclama investigar la incorporación y los contactos en el ambiente del delito de unos 60 policías retirados, que volvieron a la fuerza provincial después de una convocatoria del Gobierno. Font puntualiza a su vez el caso del excomisario Daniel Eugenio Corbellini, denunciado por cobro de coimas del juego clandestino y reintegrado como «asesor de intervención en crisis» del Ministerio de Educación de Santa Fe. La policía de Santa Fe persiste como un factor de inestabilidad, pese a los esfuerzos del Gobierno de Pullaro por presentarla como garantía de orden y de persecución del delito.
Atribuciones
La mano dura que pregona Maximiliano Pullaro contra el delito también se hizo sentir en la represión de trabajadores docentes que protestaron por la reforma previsional del Gobierno de Santa Fe y en la reinstalación de prácticas como el pedido de documentos de identidad en la calle y la demora de personas a las que la policía considera sospechosas.
Las nuevas atribuciones de la policía y los controles dispuestos sobre el Ministerio Público de la Acusación remiten a la reforma del Código Procesal Penal de la provincia sancionada de modo exprés y apenas asumido Pullaro con votos del oficialismo y de la mayoría de la oposición peronista. «De todas las cosas malas que han pasado en Santa Fe en materia de justicia y seguridad, esta es una de las peores: le tocará gobernar a unos o a otros entre los partidos mayoritarios, pero hay un esquema donde parece que a todos les conviene que no haya órganos independientes», se lamenta Font.
Plan Bandera. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante la presentación de los resultados obtenidos.
Foto: NA
Del Frade señala una «divisoria de aguas» en los allanamientos de domicilios de trabajadores, de madrugada y con amplio despliegue de fuerzas especiales de la policía, después de una protesta frente a la sede del Gobierno de la provincia en la ciudad de Santa Fe, el 12 de septiembre. «Exhibieron a docentes esposados, los tuvieron detenidos en un penal de máxima seguridad y difundieron fotos donde mostraban folletos sindicales y carteles por los desaparecidos, como si eso los incriminara en el delito. Tanto los allanamientos como los pedidos de documentos en la calle y averiguaciones sobre si chicos del secundario formaban parte de centros de estudiantes apuntan al control social y a fomentar el miedo», dice el diputado y también periodista reconocido por investigaciones sobre el narcotráfico, la represión durante la última dictadura y el devenir del «excordón industrial de Rosario», como suele decir.
Denuncia
La polémica por los controles policiales callejeros surgió a fines de octubre con una denuncia de alumnos del Complejo Educativo Francisco Gurruchaga. Para Font, el respaldo del Gobierno provincial a que la policía requiera documentos de identidad y detenga a quienes no los llevan consigo apunta a reafirmar su base electoral: «El Gobierno sabe muy bien que eso no sirve como prevención del delito y que en cambio es una herramienta para que la gente no pueda salir de determinados barrios y no llegue al centro de Rosario o de Santa Fe»; pero, a la vez, «esto pone muy en jaque a la Universidad Nacional de Rosario: ¿cuánto tiempo más el rector (Franco Bartolacci) va a jugar a mostrar una posición progresista al mismo tiempo que queda asociado a una estrategia policial militarizada?».
El crimen de Bracamonte y Attardo se proyecta mientras tanto como amenaza de otro ciclo de muertes en el horizonte de Rosario. «Si fuera responsable la banda de los Menores, como se dice, la pregunta sería cómo han crecido tan rápido», plantea Enrique Font. Pero ese no es el interrogante más difícil de responder: «Sabemos cómo es posible progresar en Rosario siendo violento: el Ministerio Público de la Acusación tiene un índice bajísimo de esclarecimiento de los casos, la policía mensualiza y protege a los prófugos y así surgen, ascienden y mueren los actores en este negocio. Son nodos de participación en el crimen local donde cada uno se reúne con quien puede y se pelea con otros, mientras los principales beneficiarios continúan impunes».
