Discriminadas en el ámbito laboral, en el sistema de salud y en la vida cotidiana, las personas travestis y trans sufren, además, severos obstáculos para el acceso a la Justicia. Académicos y activistas analizan la situación de la Ciudad de Buenos Aires.
10 de octubre de 2018
Mayo de 2012. Vigilia frente al Congreso durante el tratamiento de la ley que consagró el derecho a contar con DNI acorde al género de elección. (Kala Moreno Parra)
En la Argentina la expectativa de vida de las travestis y mujeres trans es de 35 años, menos de la mitad que la del resto de la población. La gélida estadística muestra la situación de inequidad que históricamente vive este colectivo. En el barrio, las plazas, los clubes, las escuelas y cualquier otro espacio público, en el sistema de salud y en la familia, las travestis y mujeres trans están expuestas a una infinidad de situaciones de violencia y discriminación desde muy pequeñas. En estas coordenadas de exclusión, no resulta extraño que el acceso a la Justicia sea algo en general denegado, y que siga siendo así después de la sanción de la Ley Nacional 26.743 –en mayo de 2012– que consagra el derecho humano a la identidad de género, sin judicializar ni patologizar.
Una de las grandes impulsoras de esta norma fue la dirigente travesti Lohana Berkins, quien en 2013 fue nombrada al frente de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, Berkins –que a comienzos de la década del 90 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT)– se propuso, entre otras cuestiones, aportar al trazado de un mapa de injusticias hacia este colectivo para transformar el escenario. Con este fin, comenzó un proyecto para indagar la situación de travestis y mujeres transexuales en relación con la Justicia. La iniciativa quedó paralizada por un tiempo luego de la muerte de Berkins, en 2016, pero pronto fue retomada y recientemente se editó Travestis, mujeres transexuales y tribunales: hacer justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un libro coordinado por los investigadores Blas Radi y Mario Pecheny que compila artículos en los que académicos y militantes sociales desarrollan diversos análisis en base a las entrevistas realizadas a travestis, mujeres transexuales y abogados involucrados en la temática. «Las entrevistas con las que hicimos la investigación nos ofrecieron un material muy interesante para trabajar sobre representaciones sociales, procedimientos, instrumentos jurídicos y agentes de distintas esferas del Estado que están comprometidos con la criminalización de este colectivo», señala Blas Radi, integrante de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual y activista trans. «Para algunas entrevistadas “acceder a la Justicia” es sinónimo de ir presas. Entonces, a veces la Justicia falta y es necesaria, pero otras veces está mostrando su peor cara», reconoce el investigador.
Cisnormatividad
El trabajo realizado en el libro se apoya en buena medida en la idea de que la raíz ideológica de la violencia que sufre el colectivo en cuestión se debe a lo que se conoce como «cisnormatividad». Con este concepto se hace referencia al conjunto de expectativas que estructuran las prácticas e instituciones sociales sobre el supuesto de que todas las personas son «cis», es decir, que se identifican con el género que les fue asignado, de manera tal que aquellas que fueron asignadas al sexo masculino al nacer son varones y todas las asignadas al sexo femenino son mujeres. Por lo tanto, quienes no cumplen con esta regla básica deben ser excluidos de mil y una formas de los derechos a los que tendrían posibilidad de acceder quienes sí la cumplen. Sin embargo, la investigadora Alejandra Sardá, también integrante de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, manifiesta que «es innegable que las trayectorias de personas y colectivos cis empobrecidos por la distribución desigual de la riqueza en nuestra sociedad no son muy diferentes». Por esto, para Sardá resulta imprescindible visibilizar el hecho de que «quienes más viven esa falta de justicia (y ese exceso de judicialización) son las travestis y mujeres trans empobrecidas, las mestizas, afrodescendientes o indígenas, las que viven en hoteles, inquilinatos o villas».
Mapa de injusticias. Berkins, una pionera. (Horacio Paone)
Más del 80% de las personas travestis y trans encuentran como medio casi exclusivo de supervivencia la prostitución, «ejercicio en el que no solo se vulneran sus derechos sexuales por parte de los prostituyentes, sino que se vulneran todos sus derechos humanos a través de la violencia policial y el Estado», denuncia en su texto la escritora y activista travesti Florencia Guimaraes. «La primera causa de muerte entre nosotras son las infecciones de transmisión sexual, con particular incidencia del VIH en proporciones mucho mayores que en el resto de la población –agrega–. Otra gran problemática que se conforma como segunda causa de muerte temprana en nuestra comunidad está relacionada con las consecuencias de la modificación corporal en contextos de clandestinidad y precariedad».
Antes de tiempo
Las muertes prematuras de Lohana Berkins y Diana Sacayán (una de las entrevistadas), que fallecieron durante la realización de este proyecto, «pone de relieve los mundos cotidianos de gran parte del colectivo travesti y trans», señalan los coordinadores. Desde diversos espacios de militancia, Sacayán –asesinada brutalmente en 2015– promovió proyectos de políticas públicas específicamente orientados a mejorar las condiciones de existencia de las personas travestis y trans. Uno de ellos se convirtió en la Ley de Cupo Laboral Trans, que la Legislatura bonaerense sancionó en 2015 y que sigue pendiente de implementación efectiva (ver recuadro).
Ante el escenario de «cisnormatividad» imperante, los autores señalan como una herramienta indispensable a las políticas de acción afirmativa en el espacio laboral para el colectivo trans. La dirigente travesti Alba Rueda lo sintetiza de esta manera: «Una primera razón para instrumentar este tipo de medidas es que, más allá de nuestra capacidad y voluntad para formarnos, el sistema educativo y el mercado laboral neoliberal son estructuralmente transfóbicos y nos sitúan en los márgenes de los espacios de legalidad, de los ámbitos de la Justicia, la educación y la salud». Guimaraes, por su parte, reconoce: «Para nosotras significa una meta de esperanza el ser incluidas en el mercado laboral para poder alejarnos de la violencia que se da en los contextos del ejercicio de la prostitución».
Sin dudas, la derogación de los edictos policiales hacia fines de los años 90 y la Ley de Identidad de Género aprobada en 2012 son dos cambios normativos que marcaron momentos bisagra en las historias de travestis y trans en Argentina. Sin embargo, el acceso a los derechos que suponen todavía no se concretaron en la mayoría de los casos. En lo referido a la Justicia, todavía se registran conflictos con magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial y del Estado, además de falta de formación y capacitación de operadores de la Justicia para hacer efectivos los derechos plasmados en la ley.
La información, las estadísticas y los relatos evidencian una realidad absolutamente adversa en materia de derechos para las travestis y mujeres trans. Pero sus relatos y militancia auspician algo mucho mejor.
