6 de enero de 2025
Con proyectos de ley y provocaciones, el oficialismo emprende un nuevo capítulo en el ataque a los derechos de las mujeres y las diversidades. Negación de la violencia y culpabilización de las víctimas
Ni una menos. Pese a las masivas movilizaciones, la actual gestión pretende negar la violencia de género.
Foto: NA
Argumento repetido para negar el problema de la violencia de género, las falsas denuncias reaparecen en el debate público a partir de un proyecto de ley impulsado por senadores de la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza con el respaldo del Ministerio de Justicia de la Nación. La novedad no consiste en la iniciativa, que fue presentada en 2023 y estuvo a punto de perder estado parlamentario, sino en el contexto del que forma parte: una segunda etapa en el ataque contra los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales emprendido por el Gobierno de Javier Milei, según advierten las especialistas.
El proyecto presentado por la senadora Carolina Losada y el senador Juan Carlos Pagotto propone reformar el artículo del Código Penal que sanciona la denuncia falsa, imponiendo penas de uno a tres años de prisión y además de cuatro a seis años, sin excarcelación, solo para denuncias falsas de violencia de género o abuso sexual. «Lo que se busca es disciplinar a las mujeres y silenciar a las víctimas, los testigos e incluso a quienes trabajamos en violencia de género, para evitar la continuidad de las investigaciones», advierte la abogada Carolina Walker.
«Las penas que se proponen incluso son más altas que las del abuso sexual simple. Sería mucho más grave mentir que abusar sexualmente de un niño. El mensaje es tremendo y se encuadra obviamente dentro de la política regresiva actual», agrega la abogada santafesina. El proyecto contempla además penas de uno a cuatro años de prisión para testigos, peritos e intérpretes que incurrieran en falsedades o negaran «en todo o en parte la verdad».
«Las falsas denuncias son una estrategia –analiza la socióloga y militante feminista Luci Cavallero–. Empezamos a ver provocaciones y avances hacia una etapa más cruda de persecución y ensañamiento contra las mujeres y las diversidades para restablecer el silencio y normalizar las violencias».
La investigadora destaca que «ese intento de restauración trabaja a nivel micro, tratando de reponer formas de obediencia en la vida cotidiana y por eso según algunos estudios ya han disminuido las denuncias por violencia de género, porque muchas personas perciben que el Estado está dejando de dar respuestas».
El proyecto para penalizar las falsas denuncias de género está acompañado de otras iniciativas, como la propuesta del diputado nacional libertario Álvaro Martínez para prohibir el cambio de género en menores de edad o las versiones sobre la derogación del DNI no binario por decreto del Gobierno nacional. Los ataques ponen además en escena a organizaciones civiles, entre las que se destaca el Observatorio de Falsas Denuncias, y son acompañados por otras intervenciones, como el congreso sobre el falso síndrome de alienación parental convocado en noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
«Las ultraderechas han sido definidas por Sonia Corrêa como hidras –explica Luci Cavallero al respecto‒, porque ensamblan y articulan partes del Estado, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, milicias digitales y grupos que trabajan en espejo de otros con fines completamente distintos, como el centro de estudios de Victoria Villarruel que invierte al Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales). En conjunto hacen un trabajo de guerra ideológica radical, organizan eventos, promueven acciones y arman una comunidad de sentido. Es un modus operandi característico».
Las palabras en duda
El proyecto de los senadores libertarios y radicales fue presentado en una jornada sobre falsas denuncias realizada en el Senado de la Nación, con la participación del Observatorio de Falsas Denuncias y el Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias. Además de los legisladores, expusieron como víctimas Ramón Dupuy ‒el abuelo de Lucio Dupuy‒ y Fernanda Deluca, esposa de Juan Trigatti, docente absuelto en primera instancia del cargo de abuso sexual contra cinco niñas de una escuela dependiente del Arzobispado de Santa Fe.
«Si bien no hay una política judicial que silencie a las víctimas se producen fallos regresivos como el del caso Trigatti –puntualiza Carolina Walker‒. Además de poner en duda la palabra de cinco niñas que declararon en Cámara Gesell y de sus familias, la sentencia cuestionó el accionar de fiscales y trabajadores que cumplen funciones de acompañamiento en casos de violencia de género y retomó una postura ideológica basada en la estereotipación de la mujer como sujeto mendaz y en la idea de que los niños son inoculados con ideas que no son propias».
Un informe de Chequeado concluyó en noviembre de 2022 que no hay evidencia estadística ni académica de que las denuncias falsas representen un porcentaje significativo de los casos que tramitan en la Justicia argentina. La ONG reveló además que los registros que difundía por entonces el Observatorio de Falsas Denuncias referían a hechos no probados, encuestas online realizadas en Estados Unidos y pequeñas muestras no representativas de la situación general.
Proyecto. Los senadores Juan Carlos Pagotto y Carolina Losada, con Andrea Guacci, referente del Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias.
Foto: @Senadora_Olalla
El Observatorio de Falsas Denuncias está encabezado por los abogados Patricia Anzoátegui y Eduardo Cáceres, exlegislador del PRO absuelto en un juicio por violencia de género contra su exesposa. El grupo celebró como «nuevo paradigma en la jurisprudencia argentina» el fallo que a fines de 2023 absolvió a Hernán González Rizzi del cargo de abuso sexual agravado en perjuicio de su hija y ahora promueve la defensa de Guillermo Martín Moncayo Von Hase, un abogado de San Isidro condenado a dieciséis años de prisión por abusos sexuales de dos hijas durante diez años.
En un video de una hora y media de duración, la psicóloga Roxana Kreimer impugna el relato de las víctimas de Moncayo y atribuye el origen del caso a la influencia de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés y al despecho de la exesposa por una infidelidad y el divorcio siguiente. El registro incluye declaraciones de la psicóloga de parte del abogado, Margarita Marsán, «experta en falsos recuerdos», y del constitucionalista Daniel Sabsay, quien asegura que «los jueces tienen miedo de investigar las falsas denuncias». Como en el caso Trigatti se invocan los «recuerdos implantados», un argumento afín al falso síndrome de alienación parental y repetido para desacreditar relatos de abusos.
«¿Quién se animará a hacer una denuncia si en el caso de no probar el hecho se expone a una condena de prisión efectiva mayor que la del abuso sexual?», se pregunta Carolina Walker. La abogada, no obstante, apeló el fallo que absolvió al docente santafesino.
Una postura regresiva
El 27 de agosto el ministro Mariano Cúneo Libarona sentó la postura del Gobierno nacional ante una reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación: «Se acabó solo el género, nosotros vamos por otros valores, nuestro valor es la familia. (…) Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología». El Ministerio de Justicia a su cargo comprende justamente la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género –versión degradada del antiguo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad‒ y su valoración de la problemática se extiende en el proyecto del Presupuesto de 2025, donde estarían contemplados el desfinanciamiento completo de la línea 144 y la restricción del programa Acompañar.
«El Gobierno tiene una estrategia que apunta a restaurar una supuesta normalidad perdida con eje en la familia. No es original porque en su deriva autoritaria las ultraderechas buscan direccionar el odio y la frustración que genera vivir en una sociedad desigual que no permite la realización personal, hacia colectivos en particular», analiza la socióloga Luci Cavallero.
Para la investigadora, la proclamada guerra cultural de La Libertad Avanza «es en realidad material» y «no se va a sostener si el Gobierno no consolida una estabilización económica». Sin embargo, «la etapa que comienza va a ser todavía más dura para el campo popular, porque ellos han dado muchas muestras de que no les tiembla la mano para reprimir y avanzan hacia un horizonte de mayor represión y nuevas formas de criminalización».
En ese marco, el problema es también pensar la resistencia ante los ataques: «Hay que trabajar en varios planos al mismo tiempo –plantea Cavallero–. Un plano importante es sostener las organizaciones y hacerlas crecer. Tenemos que hacer un trabajo al ras de la vida cotidiana para construir organización y fortalecer las tramas de estos años que nos van a permitir discutir y enfrentar la violencia de género. Necesitamos cambiar el rumbo de una afectividad colectiva».
