19 de abril de 2024

Roxana Russo

En resguardo de la educación pública, contra el desfinanciamiento y por la recomposición salarial, rectores y rectoras se declararon en emergencia presupuestaria.

El Gobierno libertario pretende que el Estado deje de garantizar derechos ciudadanos en beneficio de los actores económicos que se esconden detrás del llamado mercado. En ese contexto entra la educación y en ese escenario el sistema universitario que desde hace meses declaró la emergencia económica y recientemente también la presupuestaria por la inédita precariedad que padece. Está funcionando, en este 2024, con el mismo presupuesto aprobado en octubre de 2022, a pesar de la brutal inflación.
Frente a una situación abismal donde muchas universidades corren un serio riesgo de cierre, Francisca Staiti, secretaria general de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), anticipa: «Estamos necesitando que se conforme un gran frente universitario con todos los sectores. Hay que sensibilizar y concientizar hacia adentro de la universidad, un buen porcentaje de estudiantes votó a este Gobierno. Pero también concientizar hacia afuera, es muy sensible el tema en nuestra sociedad. La sociedad sigue convalidando a la universidad pública».
Las 55 universidades nacionales habían reclamado, en diciembre de 2023, una actualización del 300% en el presupuesto. Docentes y no docentes también pedían una recomposición salarial (fue solo del 6% en diciembre, del 16% en febrero y del 12% en marzo de 2024). Coincidencia o no, con el primer paro universitario la ministra Sandra Petovello anunció una actualización del 70%.
«El 70% salió como un anuncio frente al paro del 14 de marzo. Fue solo eso, no existe la partida ni comunicación oficial. Alcanza a cubrir un 3% de lo que necesitan las universidades para funcionar. No es ni siquiera un paliativo», agrega Staiti. Un concepto que complementa, desde Rosario, Andrés Sciara, decano de la facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). «De mínima necesitamos un 100% de aumento, sin considerar la inflación del resto del año, con lo cual con el 70% quedamos muy por debajo, y no sabemos cuándo se va a otorgar». En el mismo sentido, Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), una de las pioneras en incorporar alumnos que fueron primera generación de universitarios en su familia, dice: «Con este 70% estamos a la mitad de lo que históricamente ha sido y además no es retroactivo a enero». Y suma un dato: «Mercadolibre dejó de pagar el año pasado más de 100.000 millones de pesos de impuestos y el sistema universitario por gastos de funcionamiento y por todo 2023 recibió 80.000 millones. No es un problema fiscal. El sistema universitario es eficiente». 

Arancelamiento o privatización
La Universidad Nacional de las Artes (UNA) afronta los mismos problemas que todo el sistema, pero se destaca uno bien específico: sus alquileres. Además del edificio central cuenta con otros doce repartidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo detalla Sandra Torlucci, rectora de esa casa de altos estudios: «Esta universidad tiene 25.000 estudiantes, 30.000 metros cuadrados alquilados y solamente 10.000 propios. Los alquileres representan el 80% de nuestro gasto de funcionamiento. Nos reclaman una actualización de los valores, que es lógica, y vamos a empezar a tener conflictos cada vez mayores».
Uno de los tantos soportes afectados son las becas universitarias que se relacionan fundamentalmente con el sostenimiento del estudiante para que no se produzca ese desgranamiento que suelen padecer los sectores vulnerados. Lo ejemplifica Francisca Staiti: «En la Universidad Nacional de Cuyo se inscribieron 3.500 estudiantes para obtener becas. Es imposible cubrir esa cantidad, ni siquiera el 5%». Y suma: «Lo que estamos viendo es disminución en las contrataciones tercerizadas como seguridad, limpieza. Este mes de abril va a ser difícil de transitar y mayo casi imposible».
La Facultad de Ciencias Exactas, Agrarias, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, en su presupuesto 2024, ante la crisis presupuestaria, estimó una cifra de 102.623.675,43 pesos sin contar los extras que pudiesen surgir, y Andrés Sciara ejemplifica el costo de tan solo un insumo: «Una caja de guantes de látex se pagaba 4.500 el año pasado, hoy piden 24.000. Lamentablemente, hay que decir que nuestra inflación es mayor que la del INDEC».

En varias reuniones que los rectores mantuvieron con el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, le expresaron su preocupación ante la sospecha de una posible privatización o arancelamiento universitario. En este sentido, Sandra Torlucci especifica: «Nos dicen que quieren hacer una reforma, nada más. Obviamente, para ninguna derecha la justicia social es una cuestión que defiendan». Y de esas reuniones, Germán Pinazo señala: «En las conversaciones con el subsecretario me pareció que no quieren arancelar, pero dudo cuando el presidente dice que el impuesto es un robo… está diciendo que nadie debería hacer un esfuerzo pagando algo para que otra persona tenga derecho a nada».
Desde Conadu, Francisca Staiti plantea una variante preocupante: «Puede estar por un lado el arancelamiento, pero más allá está el esponsoreo. Y en ese juego pierden todos y las universidades más chicas. Por eso dejaron en stand by el funcionamiento de las cinco universidades creadas por ley. Como en Chile: detrás de cada universidad hay una empresa que aporta y pone las reglas del juego. En los 90 –y hoy pasa también– se buscaban los grandes talentos que salían de las universidades y eran llevados a empresas multinacionales. El ranking de universidades va a decir cuál es la que está en condiciones de que la empresa invierta. Se apuesta a un Estado ausente, a un cambio de paradigma de lo que fue y es nuestra universidad desde la reforma del 18».

Un eje democrático y de progreso
Entre 2012 y 2021, el porcentaje de estudiantes que ingresó a las universidades nacionales aumentó un 67,6%, cifra que equivale a un crecimiento del 39,7% en la matrícula de pregrado y grado, según datos que en 2023 recabó el Ministerio de Educación de la Nación, hoy degradado a Secretaría. En consonancia, entre 2006 y 2016 se crearon 22 universidades públicas. Por primera vez en Argentina, todas las provincias tienen una universidad nacional en su territorio: son 55. Y se pudieron haber sumado otras cinco si el Gobierno libertario no hubiese ordenado auditar la de Ezeiza, Río Tercero, Pilar, Delta y Madres de Plaza de Mayo que se crearon en 2023 por ley del Congreso.
Las universidades nacionales encaran el 80% de las investigaciones argentinas. Durante la pandemia de covid, estudiantes y graduados de la UNR crearon prototipos de respiradores, los primeros que se fabricaron en el país y a un costo 10 veces menor que uno fabricado en el mercado local. Y como ese ejemplo, hay miles. Lo destaca Francisca Staiti cuando dice que «las universidades cumplen un rol muy importante. Lo vemos hoy con el dengue: se abre la importación cuando tenemos universidades que están elaborando repelente a muy bajo costo, la universidad de Chaco Austral, por ejemplo».
Andrés Sciara, en el mismo sentido, dice: «Ciertos comentarios y visiones del Gobierno hacen que parezca que somos simplemente productores de graduados. La universidad investiga, produce servicios, genera cultura. Poner una ecuación de graduados-costo es un error garrafal en una institución que, con sus errores, es una de las que mejor funciona en el país».
Sandra Torlucci agrega: «Milei cree una cosa que para las ciencias sociales y sobre todo para la lingüística es clara: que lo que piensa él es la verdad, la realidad, la ideología natural y todo lo que piensan otras personas es una construcción y esa construcción es ideológica y esa ideología es marxista. Es el pensamiento único».
La universidad tiene en su línea de trabajo la relación con la sociedad, sus necesidades y el sistema científico de investigación es una pata fundamental de la tríada docencia, investigación y extensión: un terceto que el Gobierno anarcocapitalista aspira subsumir al mercado.

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