6 de julio de 2024

Ricardo Ragendorfer

La desaparición del niño correntino reveló una compleja trama de encubrimientos de la que participó el poder policial y político local. Crímenes y secretos de un pueblo que acapara la atención del país.

La primera escena de esta trama exhibía unas manos temblorosas al encender una vela junto a un altar casero, atiborrado de flores, medallitas y tiras de tela roja en torno a una pequeña estatuilla de San Antonio de Padua, el patrono de las causas perdidas. Eran las manos de doña Catalina Peña, de 87 años, quien es devota del susodicho, aunque no de un modo muy acorde a la fe católica.

Es que a ella le tira el sincretismo religioso; es decir, una mixtura ritual que incluye reflejos de algunos credos paganos, como ofrecerle comida a su santo favorito. Con tal fin había organizado un almuerzo familiar que incluía algunos vecinos.

Entonces, su voz cascada se hizo oír:
«A Jesús que es nuestro gran jefe del cielo. Después de Dios está él. Y a él le pedimos todo». 

Eso ocurría durante la mañana del 13 de junio en un rancho del paraje El Algarrobal, aledaño a 9 de Julio, un poblado de 2.200 habitantes a casi 170 kilómetros de la capital correntina.

El rezo de la anciana supo, de pronto, mutar en un mantra incongruente. ¿Qué diablos le estaría pidiendo a esa figura de yeso pintado?

Desde una inmensa mesa la observaba con curiosidad su nieto, el niño Loan Danilo Peña, de cinco años.

En aquella mesa se rozaban los bordes sociales del lugar; o sea, la clase media-baja rural de los Peña con dos pilares de dicha comunidad: el capitán de la Armada, Carlos Pérez, y su esposa, Verónica Caillava, nada menos que la directora de Producción del municipio local.

Ya se sabe que, poco después, a Loan se lo tragaría un secreto que aún no salió a la luz, sin que en ello interviniera alguien ajeno a esa comilona.

A partir de entonces, en el plano mediático, este misterio opacó a otras tragedias del presente. Pero sin que la pesquisa arrojara resultados.

La desconfianza como souvenir
Fue durante la mañana del 29 de junio –a 16 días de la desaparición de Loan– cuando al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, le bastó una frase, estampada en su cuenta de X (antes Twitter), para agregar una llamarada al incendio: «Se ha dado un gran paso en la resolución del caso».

Se refería al embuste recitado, entre gallos y medianoche, ante un fiscal provincial (estando el expediente ya en manos del fuero federal), por Laudelina Peña, tía y madrina de la víctima, acerca de un accidente vial que le habría costado la vida y su inmediato ocultamiento por parte del marino Pérez y su esposa, la funcionaria Caillava (ambos ahora presos, porque una pericia con perros detectó el olor de Loan en su camioneta).

Aquella versión deslumbró a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, apenas unas horas después, se dejó caer nuevamente en Corrientes con el propósito que proveer aparatos «para peritar –según sus dichos– las panzas de pumas y yacarés». Es que ella desconfía hasta de la fauna.    

Mientras tanto, se anunciaba con bombos y platillos el arribo del célebre abogado Fernando Burlando, quien, al adquirir esta trama un voltaje acorde a su angurria protagónica, se ofreció –de manera gratuita– a ser el representante legal de la familia del chico. Una tarea difícil, puesto que todos sus integrantes se desconfían entre sí.

Pues bien, una semana después –a 24 días de la desaparición de Loan–, la buena de Laudelina llegaba con prisión preventiva a la cárcel bonaerense de Ezeiza, dándose por hecho que ella había sido una de las sustractoras.

Pero aún nada se sabe sobre el paradero del niño.    

Tal es el ritmo de la vertiginosa danza de esta pesquisa alrededor de la nada. O mejor dicho, en torno a la hoguera de un microcosmos social. Porque en 9 de Julio ya nada será igual.

Canas verdes
¿Acaso la vida imita a la literatura? De hecho, este caserío, que ahora acapara la atención del país entero, tiene una aterradora semejanza con Potts Country, la pequeña aldea del sur de los Estados Unidos imaginada por Jim Thompson en su novela (negra) 1280 almas. Su protagonista es el sheriff Nick Corey, un ser en apariencia inofensivo, quien se revela como un psicópata astuto y sin escrúpulos que liquida a todos los que se interponen en su camino. En fin, una metáfora de la Norteamérica profunda.

Lo cierto es que 9 de Julio poseía su propio sheriff Corey: el comisario Walter Maciel. Ya se sabe que fue el primero en conducir la investigación del caso. Nadie entonces imaginaba que ese hombre terminaría tras las rejas por «encubrimiento» (había «plantado» una prueba en un sitio de rastrillaje). 

En realidad, se trata de un viejo pájaro de cuentas. Tanto es así que no tardó en trascender una denuncia en su contra por «maltrato», efectuada por sus propios subordinados. Pero esa es la parte más liviana de su prontuario, dado que el tipo arrastra una ominosa historia.

En este punto, es necesario evocar su paso por la comisaría de Monte Caseros, en 2019, cuando la suboficial Diana Yardín denunció haber sido violada por él. Claro que su denuncia tuvo un impedimento: era su palabra contra la de Maciel.

En 2023 entró en escena la periodista radial de Curuzú Cuatiá Griselda Blanco, quien difundió el hecho con insistencia. Demasiada insistencia.

Hasta que, en mayo de ese año, fue encontrada sin vida en su domicilio, con signos de estrangulamiento y golpes en la cara.

El único detenido por el crimen fue Darío Holzweissig, quien –según el expediente– tenía un amorío con la víctima. Pero hay un detalle que enturbia la antojadiza creencia «pasional» del asesinato: el tipo es un empresario de la noche con lazos policiales en variados «negocios».

Sea como fuere, Maciel fue rápidamente trasladado a 9 de Julio, lo que la jerga policial denomina «destino de protección». En fin, una metáfora de la Argentina profunda. 

Al respecto, el fiscal general del Poder Judicial correntino, César Sotelo, solo atinó a decir: «Habría que preguntarle a la persona que pone a funcionarios con denuncias concretas en ciertos lugares».
¿Acaso se refería a Valdés?

La caldera del diablo
No es, en rigor, la primera vez que el gobernador correntino (un radical aliado al régimen libertario) se las ve en figurillas.

Fue en septiembre de 2020 cuando varias mujeres acusaron a su asesor de cabecera, el entonces diputado Manuel Antonio Sussini, por «privación de la libertad» y «abuso sexual con acceso carnal».

De inmediato, Valdés salió en su defensa: «Pongo las manos en el fuego por Manolo», fueron sus palabras.

Pero su lealtad se tornó insostenible al trascender los detalles del asunto: el bueno de Sussini les pedía a sus víctimas –todas empleadas de su despacho legislativo– que lo masturbaran, puesto que debía eyacular «por prescripción médica» a los efectos de «aliviar un problemita de salud».

Hubo, incluso, grabaciones telefónicas –realizadas a hurtadillas por las víctimas– que registraron tan insólita solicitud.

Desde luego que Sussini fue desafectado de sus tareas, antes de ir preso.

Pero a fines del año siguiente, una jueza amiga, Graciela Ferreyra, supo excarcelarlo, además de dictarle la «falta de mérito».

De modo que su pesadilla acabó con un final feliz.

No fue ese, por cierto, el caso del juez de Menores de Ituzaingó, Walter Torraca, quien, precisamente en la misma época, fue condenado a 28 años de prisión por abusar de 13 niños con causas que tramitaba en su juzgado, a los que les ofrecía dinero, regalos y favores a cambio de sexo.

Hubo entonces quienes deslizaron rumores sobre la amistad de Torraca con Valdés, algo que este último negó con exagerada vehemencia.

Ahora se las tiene que ver con el caso Loan, una historia atascada en el purgatorio de la impunidad.

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