5 de mayo de 2025

María Soledad Iparraguirre

Tras el paso al costado de la Corte, el Gobierno desmanteló Acumar, organismo destinado a limpiar el curso de agua. Peligran la continuidad y finalización de las obras gestionadas.

A tono con la política de ajuste y desmantelamiento estatal desplegada por el Gobierno de Milei desde que asumió funciones, una nueva y amplia camada de empleados fue cesanteada. Se trata de 300 trabajadoras y trabajadores pertenecientes a la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), organismo creado para poner fin a la histórica situación de contaminación y deterioro ambiental en la zona ribereña aledaña al ingreso sur de CABA. La estocada vino luego de que, en abril de 2024, una primera tanda de 70 despedidos sufriera, además, el armado de sumarios en los que se los denunció por supuesto incumplimiento e inasistencias, entre otros causales de desvinculación laboral.

También, luego de que el máximo tribunal se desligara en octubre pasado de la llamada causa Mendoza –sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008–. «Al dar por finalizada su intervención y rechazar así el daño ambiental colectivo, la Corte habilitó este contexto que tenemos hoy», sostiene Tamara Basteiro, subsecretaria de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires. Entre las áreas más afectadas por la «motosierra» de Milei se encuentran la Dirección de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Salud, la de Comunicaciones, el departamento de Fiscalización y la Dirección de Calidad Ambiental.

«Que la Corte haya dado un paso al costado lo vimos como precedente de lo que se venía», explica Lorena Suárez respecto de la decisión tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que archivaron en diciembre pasado uno de los casos de contaminación ambiental irresueltos más complejos a nivel mundial. Suárez, licenciada en Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y especializada en Ambiente, trabajó doce años en el organismo. Pasó por distintas áreas, desde comunicación, vicepresidencia y salud ambiental. Colaboró en proyectos en la Villa 26, Villa Inflamable, en La Boca y Villa Jardín. Para ella, como para muchos de sus compañeros, el compromiso y la tarea llevada adelante en el proyecto de la cuenca Acumar no era un simple trabajo sino una causa.

«Hay que ver quiénes integraban la corte de 2018 cuando se da el fallo, en tiempos en que estaban Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay. Era otra Corte, es otro país. Nadie entendió por qué los jueces se corrieron, para nosotros fue dejarnos en bandeja, a merced del Ejecutivo. Todo lo que se logró se hizo con consenso; Acumar está integrado por un consejo directivo que se reúne, publica sus actas, que consensúa las decisiones, en esto era un ejemplo. Los directivos de provincia están en disidencia, pero son minoría y no pueden hacer nada», indica Suárez.

Retroceso e imaginarios
En torno a la problemática ambiental del Riachuelo se ha recreado un imaginario social que lo vincula con la corrupción administrativa y estatal y con la posibilidad concreta de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el derecho a habitar ambientes sanos. «Existe el imaginario de que el Riachuelo siempre fue algo perdido, algo dado por muerto, incluso a nivel de consenso social, era el lugar donde estaba aceptado que se tirara basura. Cuando Acumar empezó a trabajar, con sus avances, retrocesos y complejidades, hizo una tarea exitosa; el caso de Acumar fue exitoso, la Suprema Corte lo reconoce en su fallo del año pasado cuando establece que se corre porque su tarea, la de constituir la autoridad de la cuenca, el hecho de que se encaminen las herramientas de un plan ambiental; todo, tenía un alto grado de avance –explica Suárez–. Ellos se retiran aduciendo que dejan la tarea en manos del Ejecutivo, pero no nos cierra porque no somos exitosos, en lenguaje de este Gobierno. El Riachuelo es nuestra imagen, si al país le va mal, al Riachuelo le va mal, si nos va bien, al Riachuelo le va bien; ahí están expresadas todas las industrias, las comunidades, todo se expresa en ese territorio», resume Suárez.

El retroceso en materia ambiental es claro; pero no solo afecta al curso de agua, sino que impactará directamente sobre 7 millones de personas que conviven en un epicentro de contaminación sistemática, consecuencia de la presencia de cientos de fábricas e industrias contaminantes.

Lo que queda en el camino no es poco, con sus altibajos y avances. Los logros en estos años de gestión de la Cuenca Matanza-Riachuelo son claros. Quizá una de las mayores apuestas al tránsito hacia un futuro desintoxicado haya sido la relocalización del mercado de Liniers, de gestión privada, perteneciente a la Sociedad Rural.

Este hecho posibilitó, por ejemplo, ponerle fin al foco infeccioso que durante 200 años representó la acumulación de bosta de ganado vacuno –carga contaminante que iba a parar al río–. También, que los camiones transportadores de vacas dejaran de pulular por el territorio generando la consecuente emisión de gases. O que se liberara el espejo de agua de obstrucciones como lo fueron los 70 buques hundidos y los 110 autos y autopartes que fueron removidos en un profundo trabajo de limpieza en el cauce de agua putrefacta.

Tratamiento de residuos
Hoy peligra la continuidad y finalización de las obras (algunas de ellas gestionadas con créditos otorgados por el Banco Mundial) como la que se seguía llevando adelante en el colector del margen izquierdo, uno de los proyectos hidráulicos más importantes de América Latina, o la culminación de la planta de tratamiento de residuos en el sector de Dock Sud, donde la carga contaminante que ingresa al río proviene mayormente de los desechos cloacales no tratados. Al margen de la paralización en la continuidad de la búsqueda de fuentes de exposición o las tareas de remoción, el quiebre del trabajo conjunto –que reunió a tres jurisdicciones–, realizado todos estos años por la Ciudad de Buenos Aires, la provincia y los municipios, implica que la compleja cuestión medioambiental quede reducida a lo señalado por Milei en campaña cuando dijo que cualquiera puede contaminar un río porque no es más que un acuerdo entre privados. 

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