27 de mayo de 2022
El 90% de las tareas de cuidado son realizadas por mujeres, en su mayoría sin remuneración. Un proyecto de ley apunta a revertir estas y otras inequidades.
Necesidad y derecho. Las tareas relacionadas con la reproducción, el bienestar y el sostenimiento de la vida comprenden desde la limpieza hasta la atención de niños y ancianos.
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La extensión de las licencias por maternidad y paternidad, el reconocimiento de este derecho, hasta ahora negado, para personas adoptantes, y la decisión de que los costos de dichas modificaciones estén a cargo de la seguridad social y no de los empleadores son los puntos principales del proyecto de ley «Cuidar en Igualdad», enviado por el Gobierno nacional al Congreso a principios de mayo. La iniciativa dispone la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA), con el objetivo de reconocer como una necesidad, un trabajo y un derecho a todas las tareas que se realizan a diario relacionadas con la reproducción, el bienestar y el sostenimiento de la vida y que comprenden desde la limpieza, la cocina y las compras hasta la atención de niños y niñas y personas que necesitan asistencia.
«Lo que es sustantivo es dejar atrás esa visión de los trabajos en el espacio doméstico, en los hogares, no remunerados, como si no fuesen trabajo. Y, al mismo tiempo, la concepción de que los trabajos remunerados de cuidados fuera del espacio familiar son de menor cuantía y por eso son precarios o condenan a la informalidad, la inseguridad y la pobreza», describe María Cristina Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de la Nación. El proyecto, agrega la funcionaria, responde a una demanda encabezada, durante décadas, por los movimientos de mujeres, el feminismo, las mujeres trabajadoras, las sindicalistas y las diversidades, y «permite comprender como sociedad, asumir como comunidad y definir en nuestra democracia que cuidar es un derecho para todos y todas y no un privilegio para unos pocos».
Impacto profundo
La ley, que alcanzaría a más de 8 millones de beneficiarios, se enmarca en la necesidad de dar respuesta a la problemática social de los cuidados de una sociedad en la cual el 10% de los adultos mayores de 60 años se encuentra en situación de dependencia básica, una amplia porción de las personas con discapacidad necesita apoyo y asistencia para cuestiones como la alimentación y la higiene y más de 2 millones de niños y niñas menores de tres años no asisten a establecimientos educativos y de cuidados.
Estas actividades, que a lo largo de los años se han ido resolviendo de manera individual o comunitaria, pero sin ningún tipo de regulación, tienen un fuerte impacto en la vida económica de las mujeres, ya que históricamente, los estereotipos de género determinaron una relación directa con la responsabilidad de cuidar y los roles del ámbito doméstico.
En este sentido, las estadísticas demuestran que el 90% de estas tareas son realizadas por mujeres, de las cuales un 75% no percibe por ello ninguna remuneración. Otro dato asegura que 5 de cada 10 mujeres con niños de 0 a 3 años, salen del mundo del trabajo o dejan sus estudios para cuidar. Por lo tanto, las consecuencias de la feminización del trabajo gratuito de cuidado se reflejan en el desempleo, la pobreza y la desigualdad.
La iniciativa propone extender la licencia para personas gestantes de 90 a 126 días, en tanto que para las personas no gestantes –que define la licencia por paternidad e incluye a todas las identidades de género y composiciones familiares– pasará de los 2 a los 90 días. En este caso, el aumento será progresivo, es decir, a partir de la entrada en vigencia de la ley será de 15 días e irá aumentando cada dos años hasta llegar a los 90 días al término de los 8 años. Para quienes decidan adoptar, se contemplarán de 2 a 12 días por año para los trámites y encuentros con los niños y niñas en situación de adopción y 90 días cuando se concrete. También se crea una licencia de 2 a 6 días para cuidar al cónyuge o conviviente que se somete a técnicas de reproducción médicamente asistida y se extiende de 3 a 10 días si hay hijos o hijas menores a cargo.
Se incorporan extensiones de las licencias para hijos e hijas con discapacidad y ante nacimientos o adopciones múltiples. Se extiende de 2 a 20 días la licencia para cuidado por enfermedad de persona a cargo, conviviente o cónyuge. Se reconoce el derecho a cuidar para monotributistas y autónomos a través de una asignación para personas gestantes, no gestantes y por adopción, y se establece el mismo régimen para personal de casas particulares, personal temporario de trabajo agrario y para la Administración Pública Nacional. Para casos de violencia de género, se crea una licencia de 20 días por año. Además, a partir de su sanción, la ley obliga al Ministerio de Obras Públicas a destinar al menos el 8,5% de su presupuesto por año a la ampliación de infraestructura para los cuidados.
El proyecto, que busca hacer visible el valor social y económico de los cuidados, se basa en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que asegura que los países que más invierten en políticas de cuidado alcanzan tasas de empleo femeninas mayores al 70%. «Esto es invertir en justicia social y en productividad social porque si las personas pueden acceder en condiciones de igualdad al cuidado, no solo van a trabajar con mayor tranquilidad, sino también con mayor productividad –concluye Perceval–. Indudablemente muchos argentinos y argentinas, personas que habitan nuestra patria, se verán beneficiados por este reconocimiento».
