Cuatro de cada diez fumadores modificaron sus hábitos a raíz de la suba del precio de los atados registrada en 2016. Aunque aumentar los impuestos contribuye a reducir el consumo, las presiones de la industra logran frenar nuevos avances.
27 de septiembre de 2017
Al igual que la promoción de ambientes libres de humo, la asistencia a las personas fumadoras y las advertencias sobre los riesgos para la salud en los atados, aumentar la presión tributaria al tabaco es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y tiene su razón de ser: subir los impuestos al cigarrillo ayuda a reducir su consumo. En nuestro país, después de un decreto que en 2016 estableció una recarga tributaria del 60% al 70% para este producto, cuatro de cada diez fumadores cambiaron sus hábitos, según un informe de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina. Sin embargo, la ausencia de una ley que regule la carga tributaria y la falta de ratificación del Convenio Marco de la OMS para abordar el tabaquismo como una epidemia global demuestran que todavía hay importantes cuentas pendientes.
El relevamiento de la FIC, realizado sobre 1.400 personas fumadoras, da cuenta de que tras la suba de los impuestos al cigarrillo, que se trasladó a los precios de los atados, el impacto se reflejó en la menor cantidad de cigarrillos consumidos (81,7% de los casos) y en la compra de paquetes de menos unidades (50,9%). Claro que hecho el aumento, hecha la «trampa», porque de la encuesta también se desprende que muchos se inclinaron hacia las marcas más baratas (26,7%), y otros comenzaron a comprar cigarrillos sueltos o eligieron el cigarrillo electrónico. El 6,2% de los encuestados, en tanto, optó por el tabaco suelto.
«Está comprobado científicamente que ante el aumento de impuestos aumenta el precio de los cigarrillos y cae de forma significativa el consumo de tabaco, además de incentivar a los tabaquistas a dejar de fumar y prevenir el inicio en los jóvenes», dice Marita Pizarro, codirectora ejecutiva de FIC.
La medida de aumentar la presión fiscal sobre el cigarrillo no tiene oposición entre las asociaciones médicas y las organizaciones que abordan el tabaquismo. Y, en sintonía, coinciden también en la importancia de tener una legislación que delinee estos incrementos. «Este impuesto no tiene un incremento periódico y por lo tanto el impacto se va diluyendo con el tiempo. Necesitamos avanzar en una ley que reduzca de forma progresiva el poder de compra de los consumidores, y que alcance a todos los productos, porque, por ejemplo, el tabaco para armar no está siendo gravado. También debe tener como objetivo una reducción de la brecha de precios entre las marcas de cigarrillos para que los consumidores no se pasen a las más baratas, como detectamos en el estudio», agrega Pizarro.
«Las tabacaleras fueron un poquito más inteligentes”, ironiza, por su parte, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tabacología (ASAT), Guillermo Raúl Espinosa. Médico coordinador del Programa de Control de Tabaco del Hospital Italiano, Espinosa explica que el decreto le permitió a las empresas elegir qué productos aumentar más y cuáles menos. «Los que aumentaron más, en 50% o 60% fueron las primeras marcas. En cambio las segundas marcas de estas tabacaleras solo lo hicieron en 10%, 15% o 25% y ahora tienen mucha más publicidad».
Convenio en espera
El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) «reafirma el derecho de todas las personas al máximo nivel de salud posible» y «representa un cambio de paradigma en el desarrollo de una estrategia de reglamentación para abordar las sustancias adictivas». Entre sus estrategias, propone la suba de impuestos al tabaco, plantea el monitoreo de la epidemia, la prohibición completa de publicidad, el ofrecimiento de la ayuda para dejar de fumar e impulsa la capacitación de médicos en el tema. Argentina solo firmó su adhesión al tratado. «No lo ratifican porque hay mucha presión de la industria tabacalera», señala Espinosa. Desde 2005, cuando debía entrar en vigencia, el convenio espera para ser ratificado en el Congreso de la Nación. Su puesta en marcha debería ser vital si se tiene en cuenta que en nuestro país hoy el consumo de cigarrillos predomina en mujeres, menores de 30 años y personas de nivel socioeconómico bajo. Así, la epidemia del tabaco se mueve hacia los sectores más vulnerables.
