Sociedad

Equilibrio con barreras

La epidemia se mantiene estable con respecto a la cantidad de nuevas infecciones, aunque aún hay un un gran número de personas con el virus que desconoce su diagnóstico. Una nueva ley de Sida y la falta de datos sobre discriminación.


Amesetamiento. La cifra de infectados por año no crece. La importancia de los test rápidos de detección y al acceso gratuito del tratamiento.(Télam)

 

La situación del VIH en la Argentina es estable, no podemos hablar de que haya algo fuera de control», dice Omar Sued, director de investigaciones clínicas de la Fundación Huésped e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Su evaluación coincide con la del resto de la comunidad científica y con las autoridades de la salud pública: desde hace algunos años, en nuestro país la epidemia del virus exhibe un «amesetamiento» en el número de nuevas transmisiones. De acuerdo con la Dirección Nacional de Sida (DNS), 6.500 personas se infectan al año en nuestro país. El acceso gratuito al tratamiento antirretroviral así como la extensión de los test rápidos para detectar el VIH forman parte de los aspectos fundamentales que aportaron para llegar al escenario actual. Sin embargo, cuestiones como los pocos exámenes de detección de VIH que se realizan, los diagnósticos tardíos y la falta de estudios sobre discriminación indican que las cuentas pendientes no resultan menores.

 

90-90-90
En 2015, la Argentina suscribió las metas propuestas por la ONU para continuar bajando la propagación del virus y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH. De esta forma, el organismo planteó que para 2020, el 90% de la población infectada conozca su diagnóstico, que de esta parte el 90% esté bajo tratamiento y que el 90% haya bajado su carga viral a niveles indetectables. ¿Qué tan cerca está el país de alcanzar estos objetivos?
«El país no está cerca y la verdad es que podríamos estar más cerca de lo que estamos –asegura Sued–. Tendríamos que multiplicar varias veces las pruebas de VIH que hacemos para poder decir que estamos diagnosticando al 90% de las personas. Para el segundo 90 hay que simplificar mucho más el proceso de tratamiento, que médicos generales y de familia puedan hacerlo y que no haya que depender de hospitales de referencia o infectólogos. Y si la persona ya está en tratamiento, hay que lograr que su carga viral sea indetectable para que el virus no se transmita. Acá, el problema que tenemos es que toda la red de contención social no está tan fuerte como en años anteriores y cuando no tenés plata para comer, la pastilla para el VIH te importa muy poco».
Según el último boletín elaborado por la DNS sobre el estado de la epidemia a nivel nacional, 120.000 personas viven con el virus en nuestro país, de las cuales el 30% desconoce su diagnóstico. En este sentido, una de las consecuencias de la falta de conocimiento del estado serológico ocurre cuando la persona infectada ingresa al sistema de tratamiento ya con alguna complicación. «Es un problema el diagnóstico tardío. Todavía hay más de un 30% en hombres, y 22% en mujeres, que llegan al sistema de salud con algún síntoma. Y eso lo que produce es un deterioro que no siempre es fácil de recuperar. Por otro lado, la gente que ya llega de alguna manera deteriorada ha tenido la posibilidad de transmitir el virus porque tiene una carga viral importante en su organismo», explica María Mercedes Ávila, vicedirectora del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y sida (INBIRS), en la órbita del CONICET. Sued, por su parte, agrega: «El problema que tenemos en los hospitales es que la gente va porque se siente mal, la atienden, la mandan a la casa y nunca le hacen el test de VIH. Hay personas que ingresan por una tuberculosis o una tercera neumonía y si no hay un infectólogo que lo pida, no está tan internalizado que a cualquiera que vaya a atenderse se le debería ofrecer el test si nunca se lo hizo antes».

 

Cuentas pendientes
En noviembre de 2016, las distintas organizaciones de la sociedad civil vinculadas al VIH y sociedades científicas llevaron al Congreso de la Nación el proyecto de reforma a la primera Ley de Sida, la 23.798, considerada de vanguardia hace 26 años y que hoy, argumentan, debe ser actualizada con una mayor perspectiva en derechos humanos. Entre los puntos principales de la iniciativa se encuentran el fomento a la producción nacional de medicamentos, el fortalecimiento a las ONG como complemento al Estado y la creación de una Comisión Asesora de VIH, Hepatitis virales y Enfermedades de Transmisión Sexual. «Es una comisión que se piensa multisectorial. La respuesta a la epidemia no puede ser solamente desde una oficina pública porque lo que le pasa a la gente es importante que lo puedan decir ellos mismos. La idea es integrar a todos los sectores, ya sea del gobierno, de las organizaciones de personas con VIH y con hepatitis y a su vez al sector privado que también tiene un rol en la respuesta al virus. Esto es lo que asegura que los lineamientos generales se puedan ir revisando y actualizando permanentemente, en virtud de los cambios del contexto social», explica Lorena Di Giano, directora de la Fundación Grupo Efecto Positivo, una de las ONG que participaron en la redacción del proyecto. Sin embargo, tras la presentación de la iniciativa en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, legisladores del oficialismo y aliados argumentaron que debían realizar más consultas antes de dar un dictamen favorable y la reforma todavía no cuenta con una nueva fecha de debate.

 


Lazo rojo. Símbolo mundial de lucha. (Guido Piotrkowski)

 

Como coordinadora de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), Camila Arce también reclama por políticas públicas para este grupo de personas y, en particular, para los adolescentes que nacieron con la infección (en la Argentina, 5,2 bebés de cada 100 madres con VIH contraen el virus). «El tema de los jóvenes y adolescentes está fuera de la agenda. El gran problema es cuando uno hace la transición de un médico pediatra a uno de adulto, muchas veces sin el acompañamiento adecuado, porque muchos de los adolescentes con VIH por transmisión vertical no tienen casi familia, porque la madre, el padre o ambos ya fallecieron por sida. Ahí es cuando pierden la adherencia al tratamiento y notamos que por parte de la salud pública no hay siquiera un tipo de contención o seguimiento de los casos», describe Arce. Su exigencia no resulta descabellada: junto con los adultos mayores, los adolescentes y jóvenes son una parte de la población con una prevalencia de infección de 0,4%.
En paralelo, otro reclamo de las organizaciones tiene que ver con la realización de un nuevo índice de estigma y discriminación hacia personas con VIH. El último, realizado por la Fundación Huésped y la Red de Personas con VIH/Sida de Mar del Plata corresponde al año 2011. En ese informe se detalló que un 58% de los encuestados había percibido murmuraciones a su alrededor por parte de conocidos, mientras que un 22% había sufrido algún tipo de discriminación laboral, que se sumaba a las ya existentes, por ejemplo, por género u orientación sexual. De acuerdo con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en 2015 se registraron 265 denuncias por actos discriminatorios referidos a la salud y el 20% se relacionó al VIH, mientras que de enero a noviembre de 2016, se registraron 253 denuncias, el 23% de ellas vinculadas a la infección. «El problema es que no se mide el estigma y la discriminación. Ahora por primera vez en la región los países se comprometieron para tener metas específicas al respecto», dice Lina Nykänen, asesora en derechos humanos de Onusida para el Cono Sur. Y agrega: «La discriminación y el estigma son barreras para que las personas se hagan el test y se acerquen a los servicios de salud. Además, impactan en la calidad de vida. Pero si no se miden no se sabe exactamente cuáles son las actitudes discriminatorias y en dónde ocurren, y si no tenemos datos no podemos elaborar estrategias para reducir y eventualmente eliminar la discriminación. El Estado tiene una obligación de prevenir y sancionar la discriminación hacia personas con VIH».