Sociedad

Freno al desarme

El Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, lanzado en 2007, fue exitoso en sus primeros años de funcionamiento pero está inactivo desde diciembre de 2015. Denuncian ineficacia y falta de voluntad política del Poder Ejecutivo.

(Foto: Télam)

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego sin dudas fue una de las iniciativas más exitosas y unió las voluntades políticas más allá de los colores partidarios. Se estima que cada día 8 argentinos mueren como consecuencia del uso de armas de fuego, casi siempre en un contexto de problemas interpersonales. Las cifras oficiales aseguran, además, que en la Argentina circulan 1.376.239 armas de fuego legalmente inscriptas y que hay 640.226 usuarios individuales de armas, aunque la cifra podría ser aún mayor si se toma en cuenta el circulante de armas proveniente del mercado negro.
El Programa fue creado en 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner y solo en el primer año logró recolectar casi 170.000 armas y destruir 1.300.000 municiones. Esta iniciativa que promueve la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico recibió el premio Política del Futuro 2013 (Future Policy Award 2013), que otorgan las Naciones Unidas. No obstante, según denunciaron desde la Red Argentina para el Desarme (RAD), «se encuentra actualmente paralizado desde el vencimiento de su última renovación, producido en diciembre del 2015. A partir de ese momento, un triste derrotero de desinterés por parte del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Nacional ha llevado a perder más de un año de vigencia del plan. El Congreso demoró nueve meses en sancionar la ley que estableció su prórroga hasta diciembre de 2017, mientras que el Ejecutivo se tomó casi un mes para promulgarla y, finalmente, la ANMaC lleva más de seis meses sin implementarla».

Prevención y control
«La justificación pública es que el objetivo es modernizar el programa y supuestamente transparentar algunos de sus mecanismos y procedimientos, lo cual es loable. Lo que objetamos desde la RAD es que ese objetivo fue un freno a la implementación del programa», sostiene en diálogo con Acción Aldana Romano, politóloga y directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales, INECIP.
De acuerdo con lo señalado por Romano, está claro que hay una cuestión de «ineficacia del Estado, pero también de falta de voluntad política» para que finalmente el programa vuelva a estar en marcha.
«Pareciera no importarle al Poder Ejecutivo el diseño de una política de prevención y control de la violencia con armas de fuego. Esto no solo lo vemos en la falta de implementación del Programa de Entrega Voluntaria, sino también en la no reglamentación de la ley 27.192, que crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)», aseguró Romano.
Desde 1992, el privado que administraba los recursos del RENAR era la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (AICACYP), una de las grandes contradicciones en el funcionamiento del organismo ya que no solo se financiaba a través de la venta de armas, sino que esos fondos estaban manejados por un ente privado. Mediante la ley 27.192, de octubre de 2015, se creó la ANMAC, que reemplazaría al RENAR y daría fin a esta situación ya que sería dotada de presupuesto propio. Pero en julio de 2016, lejos de lograr este objetivo, el ente cooperador que administra los recursos de la ANMAC pasó a ser la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). «El año pasado, cuando discutimos el presupuesto para este año no estaba contemplado en ninguno de los ítems la referencia a la ANMAC, cuando sí aparecían otros institutos descentralizados que tiene el Ministerio de Justicia. Cuando empezamos a indagar un poco más en el presupuesto nos enteramos de que existía un convenio de cooperación técnico-financiera ya no con AICACYP como era antes, sino con ACARA, que es el otro gran ente cooperador que tiene el Ministerio de Justicia. Fue solo un cambio de nombre bajo un flagrante incumplimiento de la ley», concluye Romano.