Organizaciones y académicos de todo el mundo lideran la resistencia a los monopolios farmacéuticos y las leyes de propiedad intelectual que encarecen los medicamentos y los vuelven cada vez menos accesibles para las grandes mayorías.
27 de agosto de 2018
(Foto: Jorge Aloy)
Desde nuestro país hasta la India y desde Canadá hasta Tailandia, decenas de ONG se movilizan contra las presiones de la Unión Europea y los Estados Unidos hacia los países en desarrollo para que acepten el monopolio de las patentes farmacéuticas. Concientizar a la sociedad civil sobre los leoninos acuerdos de libre comercio que proponen desde Washington y Bruselas es el principal objetivo de las organizaciones que, junto con prestigiosos académicos y sanitaristas, están liderando la resistencia global a los acuerdos comerciales que buscan instalar el monopolio de mercado y ahondar las dificultades ya existentes para lograr un acceso equitativo a los medicamentos.
Knowledge Ecology International, Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM), Oxfam o IFarma de Colombia se han convertido en un incordio para los bloques dominantes que intentan imponer acuerdos comerciales unidireccionales en beneficio de sus multinacionales, pues esas ONG funcionan como un entramado de protección para las sociedades de Asia, África o América Latina y suelen reaccionar con la prontitud de la que carecen por acción u omisión algunos gobiernos.
Por ejemplo, una treintena de ONG reclamaron a la UE que desista de sancionar a través de una «lista de vigilancia prioritaria» a aquellos países catalogados de «piratas» de los derechos de propiedad intelectual, una iniciativa que los europeos han replicado a semejanza del listado de sanciones que anualmente elabora la oficina de comercio exterior (USTR) de Estados Unidos. La lista que difundió recientemente la Comisión Europea incluye a la Argentina, Brasil y Ecuador entre los países latinoamericanos y coloca a China e India al tope de los infractores, desde la perspectiva europea.
La defensa de los países latinoamericanos ha sido asumida por las ONG en momentos en que el Mercosur parece dispuesto a ceder el capítulo de propiedad intelectual a las exigencias de Bruselas, tal como se percibió durante la última ronda de negociaciones de fines de julio. Estas exigencias obligarían a extender el monopolio de las patentes a 25 años y la confidencialidad de datos por ocho años, bloqueando el ingreso de versiones genéricas más baratas al mercado.
En la lista de vigilancia europea, Argentina ha sido incluida junto con China, India, Indonesia, México y Ucrania, países que para la UE adolecen de «una protección insuficiente de datos para los productos farmacéuticos». Al mismo tiempo, nuestro país aparece junto con Brasil, India, Indonesia y Rusia en la lista de países que promulgaron «criterios estrictos de patentabilidad», lo que para los europeos parece ser un delito cuando lo practican terceros países, mientras se aplican en territorio comunitario.
Esta última imputación, incluso, carece de actualidad, ya que hubo cambios sustanciales desde que asumieron los nuevos funcionarios del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) en 2016, procedentes de estudios de abogados pertenecientes a la membresía de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Industrial, una entidad que funciona de ariete de las multinacionales.
Cartas y reclamos
En una carta abierta dirigida a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaciones y sanitaristas de prestigio internacional pidieron que aborden el efecto de las patentes y los monopolios farmacéuticos en el precio abusivo de los medicamentos durante la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Enfermedades No Transmisibles que sesionará el 27 de septiembre en Nueva York.
Los Estados miembros de la ONU están negociando el «borrador cero» de la Declaración Política de Alto Nivel sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT) que esperan aprobar este mes y que por ahora y bajo la presión de Estados Unidos solo han avanzado en un texto lavado que evita ahondar en el precio de los medicamentos.
«UACT está horrorizada de que el borrador de declaración política de la ONU sobre enfermedades no transmisibles no haga referencia a los crecientes precios de los medicamentos contra el cáncer, precios que son insostenibles incluso para los países ricos», alerta en un comunicado Manon Anne Ress, fundadora y directora de United For Affordable Cancer Treatment (UACT), una de las ONG signatarias de la carta abierta. El documento fue redactado por Mohga Kamal-Yanni, directora de Oxfam en Londres, y firmado conjuntamente por «242 organizaciones de defensa de la sociedad civil, académicos y activistas preocupados por el acceso a medicamentos, derechos humanos y salud en todo el mundo». Entre otras cosas, exige «compromisos progresivos, renovados y acelerados para la prevención, tratamiento y control de las ENT» y expresa «la preocupación de que los compromisos sobre medicamentos asequibles y tecnologías sanitarias no se aborden suficientemente en el borrador cero de la Declaración Política que se prepara para la reunión de septiembre en Nueva York».
El documento convoca a fortalecer los sistemas de salud, destaca la necesidad de que la declaración final «enfatice la primacía de la salud de las personas sobre las ganancias comerciales y fortalezca el enfoque hacia la asequibilidad de los medicamentos y las tecnologías sanitarias». Pero, al mismo tiempo, advierten los 242 firmantes, «nos preocupa profundamente la falta de responsabilidad del sector privado y el alto potencial de conflictos de intereses y presiones indebidas sobre los Estados miembros y la sociedad civil que trabaja para aumentar el acceso a los medicamentos».
Las organizaciones insistieron en que «la industria farmacéutica, sus asociaciones comerciales y sus aliados ejercen una presión indebida sobre los Estados y buscan bloquear el progreso en el acceso a las decisiones sobre medicamentos a nivel mundial».
En Norteamérica, del mismo modo, un centenar de organizaciones de la sociedad civil pidieron que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA) garantice el acceso a los medicamentos, elimine el monopolio de las patentes y que los gobiernos de México y Canadá no cedan a las presiones del presidente estadounidense Donald Trump.
«Como organizaciones preocupadas con problemas de salud a nivel nacional y global, los instamos a garantizar que cualquier renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no socave el acceso a medicamentos asequibles», sostuvieron las organizaciones en una carta abierta dirigida a los ministros de Salud y Economía de México y Canadá, y también al representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer.
Y mientras los gobiernos de Sudamérica no se enteraban o preferían ignorar las amenazas de Estados Unidos contra el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, también fueron trece ONG y entidades académicas las que consiguieron exponer las presiones en los propios medios de comunicación estadounidenses y ante el Capitolio.
Las ONG encabezadas por Knowledge Ecology International (KEI), condenaron a la United States Trade Representative (USTR) por sus presiones a Colombia a causa de su política de regulación de los precios de los medicamentos y por declarar de interés público la patente del oncológico Glivec, del laboratorio Novartis.
La lista de firmantes de la protesta contra la USTR incluyó también a Misión Colombia, Conferencia de Obispos de Colombia, IFarma de Colombia, Médicos Sin Fronteras, Oxfam América, Health GAP Global Access Project y Public Citizen, de Estados Unidos, organización fundada por Ralph Nader, el conocido activista y abogado estadounidense que ha luchado durante décadas contra el poder de las grandes corporaciones. «La supervivencia de muchos millones de personas –señalaba Nader en 2014– es demasiado importante para dejarla en manos de las compañías farmacéuticas». Y exigía a empresarios y gobiernos: «El sufrimiento de los enfermos debe importar más que la lluvia de beneficios de las grandes compañías farmacéuticas».
