Todos los años hay cientos de denuncias. Sin embargo, la percepción del problema de las mujeres desaparecidas en democracia no suele ir mucho más allá del interés por los casos individuales. Vulnerabilidad, violencia y redes de trata.
31 de octubre de 2019
Incógnita. La joven fue vista por última vez en julio de 2011. Sus amigos y familiares se movilizaron para reclamar por su aparición. (Maximiliano Luna/Télam)
El pedido de información sobre mujeres que faltan de sus hogares fue hasta hace poco una especie de rutina en los medios de difusión. Los avisos notificaban sin mayor alarma los datos de la persona y las circunstancias en que había sido vista por última vez. Entre otras consecuencias, la preocupación por la violencia de género cambió la percepción social de ese fenómeno: la desaparición de una mujer es asumida ahora como el indicio de una situación de riesgo ante la cual se impone una respuesta inmediata. La expectativa pública se carga de angustia ante la posibilidad de un nuevo femicidio.
Pese a los dispositivos de control y a la tecnología que registra la vida pública, todavía parece posible que una mujer se pierda de vista sin que haya pistas para seguir su rastro. Los operativos de búsqueda se extienden en el tiempo y ante la falta de información surgen hipótesis y especulaciones difíciles de probar. La desaparición de una mujer se convierte entonces en una historia sin final, como ocurre con María Cash, Florencia Penacchi, Fernanda Aguirre y otros casos que persisten en la incertidumbre.
Las mujeres desaparecidas en democracia constituyen un fenómeno todavía poco percibido en su conjunto. Solo en 2018, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) recibió 251 denuncias sobre personas con paradero desconocido, en su mayoría mujeres. Más allá de las circunstancias particulares, la sospecha más frecuente apunta a la intervención de redes de trata de personas. Otro aspecto en común es la negligencia policial en las primeras actuaciones y el desinterés y las respuestas burocráticas de la Justicia, los principales factores en el fracaso de las investigaciones.
Florencia Penacchi desapareció el 16 de marzo de 2005, cuando tenía 24 años. Estudiaba Ciencias Económicas, vivía en el barrio porteño de Palermo y trabajaba en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. «La investigación llega con información certera hasta el momento en que ella va a un boliche en Scalabrini Ortiz y Paraguay, cerca de su casa. Ahí está la última señal del celular, las llamadas dan a una persona que trabajaba en ese lugar», dice Lilén Díaz, una de las amigas de Penacchi que impulsa desde el primer momento la búsqueda.
La Justicia caratuló la causa como averiguación de paradero. «El fiscal nunca planteó una hipótesis. Los movimientos se produjeron a partir de que nosotras hacíamos denuncias a través de los medios, pero nunca hubo una investigación real», destaca Díaz. La intervención policial quedó envuelta en sospechas después de que la oficial Nancy Miño involucrara a sus máximos responsables, los comisarios Jorge Omar Fernández y Jorge Cipolla, en la protección de prostíbulos.
Cipolla fue acusado de minimizar la desaparición de Penacchi, que explicó como una fuga por propia voluntad, en el marco de un intento de la Policía Federal de presentar a la víctima «como una chica con problemas, de mucha vida nocturna y alcohol, que estaría deambulando con algún hombre por ahí», según dijeron las amigas de la joven.
El caso expuso además los efectos contraproducentes de la repercusión mediática. «En los primeros seis meses hubo cualquier cantidad de llamados, pero ninguno permitió armar una hipótesis de investigación. La gente veía a Florencia en todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los barrios. También decían que estaba muerta y enterrada», recuerda Lilén Díaz.Y hubo oportunistas que pidieron rescate diciendo que tenían secuestrada a Penacchi.
Los aprovechadores se presentaron también en la causa por María Cash, desaparecida el 8 de julio de 2011 en la provincia de Salta. Un supuesto testigo, José Luis Zárate, dijo que la había visto y que tenía pruebas de su captación por una red de trata. Sin presentar los documentos con que aseguraba contar, el hombre terminó acusado por obstruir la investigación y amenazar a la familia de la víctima.
La ausencia de datos favorece la circulación de rastros que resultan falsos. Entre otras gestiones, la Justicia salteña ordenó una pericia sobre una inscripción descubierta en un baño público de Santiago del Estero que decía «soy María Cash», con resultado negativo. Algo similar ocurrió con Daiana Garnica, desaparecida el 6 de mayo de 2017 en la provincia de Tucumán: en este caso aparecieron dos billetes con supuestos pedidos de auxilio.
El abogado Carlos Garmendia, que representa a la familia Garnica, aclara que aún no fue desechada la veracidad de los mensajes y que tampoco se descarta la hipótesis de que Daiana haya sido secuestrada para la prostitución, aunque la Fiscalía de Trata de Tucumán archivó un expediente sin encontrar pruebas.
«La causa sigue en trámite. El fiscal de la provincia se inclina por la hipótesis de secuestro y homicidio después de que Daiana se encuentra con un vecino, Darío Suárez, que supuestamente le pidió que lo acompañara a comprar algo para su madre», señala Garmendia, querellante en el juicio por la desaparición de Marita Verón, el caso que impulsó la ley contra los delitos de trata de personas.
A partir del juicio por Marita Verón y de la ley de trata «hubo un cambio muy claro», según Garmendia. «Los sectores corruptos del Estado van a seguir existiendo, pero se ha visto un cambio de mirada institucional, incluso dentro de los Tribunales. Se nota también un cambio en la sociedad, que es lo más importante, para empezar a desnaturalizar el prostíbulo, a dejar de pensarlo como un lugar normal», dice el abogado. No obstante, «las redes de trata siguen funcionando, porque es un negocio que mueve mucho dinero».
Doble invisibilización
En el informe Búsqueda de personas en democracia (2014), la Protex encuadró la desaparición de mujeres en la violencia de género, y en particular «en las derivaciones y consecuencias finales de la explotación sexual prostibularia, interna o externa, y/o de los femicidios, que en ocasiones conllevan una apropiación del cuerpo de las víctimas por parte de sus autores». En esos hechos, «la apropiación se perpetúa aun luego de la muerte a través de la aniquilación o el encubrimiento de los cuerpos».
Andrea López, de 25 años, desapareció el 10 de febrero de 2004 en Santa Rosa, La Pampa. Diez años después su hijo declaró en Cámara Gesell que había presenciado cómo su padre, el proxeneta y boxeador Víctor Purreta, la asesinaba a golpes, pero el cuerpo todavía no fue localizado. Otoño Uriarte, de 16 años, fue hallada en abril de 2007 en una usina de Fernández Oro, Río Negro, seis meses después de su desaparición y con signos de haber sido violada. Johana Ramallo, de 23, fue vista por última vez el 26 de julio de 2017 en la «zona roja» de La Plata, y parte de sus restos aparecieron en la localidad de Berisso. El cuerpo de Paula Perassi, de 34, sigue desaparecido después de que la Justicia santafesina absolviera a los acusados de provocarle un aborto seguido de muerte, en 2011. En estos casos, destacó el informe de la Protex, «hay una doble invisibilización: primero la de la agresión y luego la de los propios cuerpos».
Fernanda Aguirre tenía 13 años cuando fue secuestrada el 25 de junio de 2004 en la localidad de San Benito, Entre Ríos. El principal sospechoso del secuestro, Miguel Ángel Lencina, apareció ahorcado en una comisaría de Paraná, donde estaba alojado, y su viuda fue condenada a 17 años de prisión por extorsionar a la familia Aguirre, que recorrió varias provincias y países ante la posibilidad de que la menor haya sido víctima de trata.
La misma sospecha es la principal hipótesis en el crimen de Johana Ramallo y se planteó también en la desaparición de Florencia Pennacchi, después de que las amigas la reconocieron en una fotografía tomada en Las Casitas, el barrio prostibulario de Río Gallegos, y dos jóvenes afirmaron haberla visto en un prostíbulo de Inriville, Córdoba. En el caso de Daiana Garnica, «la circunstancia que nos permite sostener la hipótesis de trata tiene que ver con que no se ha encontrado el cuerpo y con que transcurrió poco tiempo entre que Daiana salió de su casa y la detención de Suárez», dice Carlos Garmendia.
Entre las dificultades para investigar la trata, el abogado resalta cierta complicidad social: «¿Cuánta gente pasa por los prostíbulos y sin embargo no aparece ningún testigo de las mujeres que son buscadas?», se pregunta Garmendia.
