10 de diciembre de 2024

Jorgelina Hiba

Después de un largo camino judicial que buscaba sanear sus aguas, el Tribunal se retiró de la causa que obligaba al Estado a ocuparse del tema. El aire y la vida de quienes habitan sus riberas.

En el imaginario colectivo argentino, el Riachuelo es sinónimo de contaminación. Este curso de agua, que marca el límite sur de la Ciudad de Buenos Aires, también se llama Matanza y tiene apenas 64 kilómetros de longitud. Con el paso del tiempo, el Matanza/Riachuelo se convirtió en mucho más que un río con dos nombres: es, también, un símbolo de lo que puede y no puede la política, la Justicia y la propia participación popular a la hora de decidir cómo tratar a la naturaleza y cómo construir el vínculo entre las ambiciones productivistas humanas y la necesidad y obligación, también humanas, de preservar el ambiente.

Después de un larguísimo camino judicial que buscaba sanear sus aguas y garantizarles una vida en condiciones socioambientales dignas a las decenas de miles de personas que habitan sus riberas, a finales de octubre pasado la Corte Suprema de la Nación decidió retirarse de la llamada causa Mendoza, que desde el año 2008 obligaba al Estado a ocuparse del tema y a rendir cuentas periódicas a la Justicia sobre lo que hacía o dejaba de hacer. Con esta decisión, el máximo tribunal dio por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008 y rechazó el reclamo por daño ambiental colectivo. Al ordenar archivar el caso, los miembros de ese tribunal (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) decidieron enterrar una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.

Según Cristian Fernández, coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) a partir de ahora el cuidado del Riachuelo entra en un terreno «de mucha incertidumbre». «Lo que sucedió con la Corte nos sorprendió, ya que decidió el cierre de la causa cuando todavía estaban lejos de ser cumplidos los parámetros que ella misma había fijado en la sentencia», dijo el experto. «A nivel soluciones habitacionales, la sentencia está cumplida en un 40% y lo mismo pasa con la calidad del agua y del aire. Desde luego que el río está mejor que hace 16 años, pero en este contexto decirle a Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) que ya no tiene que rendir cuentas a los jueces delegados y reemplazar eso por un informe anual al Congreso es igual a nada».

Fernández recordó que, desde la asunción del Gobierno de Javier Milei y su cruzada antiambientalista, Acumar perdió capacidades institucionales y presupuestarias. Esto, junto con lo que decidió la Corte, lleva a un escenario en el cual pensar en un Riachuelo saneado «es cada vez más difícil». 

Una historia negra 
Bajo el paradigma de que la naturaleza debe servir a las necesidades e intereses humanos, el Riachuelo fue históricamente considerado como el vertedero natural de los residuos de industrias y viviendas porteñas. Su historia de contaminación es muy antigua y se remonta a finales del siglo XVIII, cuando se instalaron los primeros saladeros en sus márgenes. Mataderos de animales y curtiembres de cuero siguieron poblando sus costas, generando un volumen de desechos orgánicos y químicos que durante décadas contaminaron el aire y el agua de toda la zona.

En 1860, el Gobierno nacional prohibió tirar basura a sus aguas, sobre todo los desperdicios de la faena de los saladeros y otras industrias. Ya en esa época se mencionó «la necesidad urgente de disminuir la putrefacción de sus aguas», según el texto oficial. Pero nada cambió y todo empeoró con el crecimiento de la ciudad y la expansión fabril, que llegó a su tope durante el siglo XX con una triple contaminación: la de origen industrial derivada de los vertidos de efluentes de frigoríficos, curtiembres, fábricas y actividades rurales; la de origen cloacal, por el vertido de líquidos no tratados; y los residuos sólidos mal tratados, que terminaron con la creación de basurales a cielo abierto y la postal repetida de la basura flotando en el río. 

En el año 2004, un grupo de vecinos y trabajadores de Villa Inflamable (Avellaneda), entre ellas Beatriz Mendoza, realizó una demanda por daños a la comunidad y al ambiente y comenzó, así, el camino judicial conocido como «causa Mendoza», cuando en el año 2008 la Corte sentenció que el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debían recomponer el ambiente –agua, suelo, aire–, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Matanza Riachuelo y prevenir daños futuros. En ese entonces se establecieron objetivos que se congregaron en el Plan Integral de Saneamiento Integral (PISA) y se encargó a Acumar la ejecución y seguimiento de dicho plan. 

Contra todo esto, y contra su propia historia de construcción jurídica, fue la Corte la que decidió abandonar la causa el pasado 22 de octubre. «Jurídicamente no se puede explicar, debe haber algo que nosotros no sabemos, alguna cuestión interna, porque no solo que es una sentencia contradictoria con la de 2008, sino que además es contraria a lo que esta misma Corte, con la misma composición, dijo en 2018 cuando afirmó que Acumar no estaba cumpliendo con lo que debía. Aparece una contradicción muy evidente muy difícil de explicar y de entender», dijo el abogado de la FARN. 

Queja ambientalista
Tras el abandono de la Corte, varias organizaciones de la sociedad civil presentaron un recurso de queja a través del denominado Cuerpo Colegiado –donde participa la FARN–, responsable de supervisar el Plan de Saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo. Se trata de un recurso de revocatoria in extremis que sostiene que los criterios utilizados para finalizar el proceso, además de no haber sido incluidos en la sentencia original de 2008, se refieren justamente a nudos problemáticos que explican los retrasos en el cumplimiento de los mandatos socioambientales del caso «Mendoza». 

«Es algo excepcional, ya que le pedimos a la Corte que revea su sentencia porque contiene un error esencial, es algo muy difícil de que suceda. Aún no resolvió este recurso, estamos a la espera, pero no tenemos muchas expectativas. Mientras tanto, estamos explorando acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana», señaló Fernández. Desde el Cuerpo Colegiado también pidieron que se convoque a una audiencia pública y que se asegure un mecanismo de participación directa para que la población de la cuenca «sea escuchada y su opinión sea tenida en cuenta en este proceso».

El volantazo de la Corte va en contra de su propia historia reciente, durante la cual –con marchas y contramarchas– se fue construyendo cierta jurisprudencia de protección del ambiente, con varios casos resonantes de los cuáles uno de los primeros fue el del Riachuelo y la causa Mendoza, al que siguieron otros relacionados con la protección de bosques nativos, el derecho humano al agua, la construcción de las represas en Santa Cruz y humedales entrerrianos. «Fue una Corte que durante mucho tiempo dictó sentencias importantes, más allá de que luego la implementación sea complicada», razonó Fernández. 

Son tiempos oscuros para la política y la Justicia argentinas, que parece darle la espalda al cuidado del ambiente y al intento de desprenderse, de una vez, de ese antiguo paradigma según el cual la naturaleza es solo un recurso que debe ser explotado al máximo, y no parte de un sistema integral del cual el ser humano forma parte, que merece el mayor de los cuidados y respeto.

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