15 años después del plebiscito en el que la población de Esquel rechazó la explotación minera a cielo abierto, las empresas presionan para volver a desarrollar una actividad que pone en riesgo los recursos naturales y la calidad de vida.
30 de enero de 2019
En la década de 1990, los grupos de presión mineros lograron filtrar al interior del Estado argentino leyes que les permitirían realizar inversiones a mediano y largo plazo con el fin de obtener grandes rentabilidades mediante la extracción de los recursos presentes en nuestro subsuelo. Además de las leyes y disposiciones que otorgan enormes beneficios a las inversiones mineras, lograron incluso un tratado con Chile que los habilitaba a explotar yacimientos a un lado y otro de la cordillera.
Sin embargo, a fines del siglo pasado, la megaminería contaminante tuvo algunos focos de resistencia que hicieron mella. Lugares con fuerte tradición en la explotación, como Perú, fueron epicentro de protestas de comunidades campesinas como las de Tambogrande, que encendieron señales de alerta para los gobiernos y las trasnacionales. Desde la lógica de la superioridad de fuerza para el cumplimiento de objetivos económicos, necesitaron recurrir una vez más a la represión para intentar detener aquella pueblada, pero la identidad agrícola de los comuneros logró frenar el proyecto.
Poco tiempo después, miles de kilómetros al sur, en una pequeña ciudad de la Patagonia llamada Esquel, los vecinos se reunían en espacios barriales para ver imágenes documentales sobre esa lucha digna y desigual. Antes, la comunidad mapuche Huisca Antieco había denunciado el ingreso de una empresa a su territorio con fines de exploración minera. La población urbana de la zona omitió esa advertencia, hasta que poco después esa misma empresa compró la propiedad de una mina de oro ubicada a escasos seis kilómetros de la ciudad de Esquel. Esto generó una resistencia que se fue construyendo desde la articulación de múltiples saberes con las más diversas formas y lógicas culturales, sociales, filosóficas y políticas.
El corolario se plasmó el 23 de marzo de 2003 en un plebiscito popular en el que más del 81% de la población rechazó categóricamente la instalación de ese emprendimiento. A raíz de aquel contundente pronunciamiento popular, la Legislatura de Chubut estableció por ley la prohibición de la explotación minera a cielo abierto con uso de cianuro en todo el territorio provincial. La originalmente llamada Ley 5.001 (hoy Ley XVII-N°68) consta de dos artículos: el primero establece la prohibición; el segundo pretende reglamentarla mediante una zonificación. Esto puede considerarse como un sinsentido legal, ya que este artículo no debería contradecir al primero. Aun así, la ley continúa existiendo con los dos artículos y ninguno de los cuerpos legislativos que pasaron hasta hoy tuvo la valentía y sapiencia para derogar esa disposición contradictoria sin tocar el artículo principal. Tampoco trataron una ley mucho más completa y específica presentada con el aval de más 13.000 firmas en dos oportunidades por la Unión de Asambleas de Chubut. Esa circunstancia permite que año tras año el sector minero intente una nueva avanzada para que, mediante la reglamentación del artículo 2, cuyo plazo ya ha vencido, se pueda hacer una zonificación minera que establezca áreas de sacrificio sobre las que sí podrían operar.
El precio del oro
En la actualidad, uno de los intereses más inmediatos es la explotación de oro, plata y zinc en lo que se denomina Proyecto Navidad, un yacimiento ubicado a 35 kilómetros de la localidad de Gastre, en la meseta norte de Chubut. La empresa canadiense que pretende explotar este yacimiento, cuya existencia de plata lo posiciona como el más grande del mundo, se llama Pan American Silver y no tiene muy buenos antecedentes en su historial con otras comunidades.
Además de los emprendimientos que tiene en Bolivia, México y Perú, desde el año 2009 opera en la provincia de Santa Cruz el proyecto Manantial Espejo, con el nombre de Minera Tritón. Allí llegó con promesas de desarrollo e infraestructura para las comunidades y hasta ahora solo demostró una voracidad que hasta le valió la queja de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) a fines de 2017. Los empresarios agrupados señalaron que esta terminal de Pan American Silver obtuvo en el segundo trimestre de 2017 ganancias netas de 36 millones de dólares, frente a los 34,2 millones registrados en el mismo período de 2016, y le achacaron no generar beneficios a las localidades de la zona donde opera, ni siquiera contratar a empresas locales o provinciales proveedoras de servicios e insumos. Dicen que el desarrollo que esta empresa genera es nulo.
En Chubut, con el aval explícito del gobierno nacional y el titubeo del gobierno provincial, esta compañía realiza una fuerte campaña de promoción de la actividad minera. La estrategia principal para lograr la «licencia social» que requiere cualquier proyecto con alto impacto se centra en un juego de pinzas: por un lado, proponen la megaminería como factor inicial del desarrollo a las comunidades pobres de la meseta y, por otro, presionan y tientan a referentes políticos, sindicales, sociales y empresariales con la ilusión de empleo genuino. Ya es común ver en los medios más importantes de Chubut las operaciones de sensibilización que arman convocando a miles de personas a acercar sus currículums (con o sin experiencia), en el marco de alguna «actividad informativa». El propio sindicato del personal jerárquico del sector hace de cabecera de playa para demostrar lo bien que se puede vivir con la actividad minera.
Cantos de sirena
Con estas y otras acciones públicas, las mineras pretenden «romper» la dicotomía «mina sí» versus «mina no», mediante la instrumentación de lo que definen como un debate plural y abierto para sopesar los pros y los contras de este tipo de proyectos. Lo hacen en un contexto en el que la falta de trabajo es otra vez una constante en la región. Según el informe elaborado por Agencia Cadena del Sur y el Observatorio de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, solo en Chubut, las políticas de ajuste neoliberal destruyeron 4.149 empleos formales, casi un 30% de las bajas en toda la Patagonia en los últimos tres años.
Ante esta realidad, los cantos de sirena de la minería empiezan a encontrar eco en algunos sectores, pero hasta el momento no han logrado revertir el estatus legal antiminero vigente. La megaminería –o minería a gran escala con uso de contaminantes– tiene varias características que son rechazadas por una gran porción de la sociedad: usa toneladas de sustancias contaminantes; requiere de grandes caudales energéticos, sean eléctricos o combustibles fósiles; genera drenaje ácido de mina, infiltrando metales pesados a napas de agua subterránea; produce altos niveles de tráfico; ocupa importantes extensiones territoriales; deja muchos pasivos ambientales y utiliza enormes volúmenes de agua por largos períodos de tiempo. Todas estas características, sumadas a otros aspectos negativos vinculados con el modelo de desarrollo expansivo y no sustentable, mantienen a las comunidades en alerta permanente.
Desde hace 16 años, el pueblo de Esquel sale a la calle los días 4 de cada mes para recordarles a los gobiernos que el agua vale más que el oro y que las leyes están diseñadas para el saqueo y no para el desarrollo sustentable de las comunidades. Desde 2012 existe también la Unión de Asambleas de Chubut que articula la resistencia en toda la geografía provincial.
Una pared de Esquel reza: «La montaña está de pie gracias a su gente». Y es verdad. En el momento en que el «no a la mina» ganó el plebiscito, la desocupación en esta ciudad rondaba el 20%. Aun así, el saber popular y su urdimbre silenciosa lograron transmitir la idea de que la naturaleza es la madre, y que a la madre no puede maltratársela ni vendérsela. Ese espíritu sigue predominando en Chubut y se extiende por el mundo.
