3 de marzo de 2025

María José Ralli

Miles de personas se movilizaron en todo el país para denunciar el desmantelamiento del sistema sanitario y exigir medidas urgentes al Gobierno. «El ajuste mata», una de las consignas de la jornada.

La convocatoria de más de un centenar de organizaciones se hizo escuchar: trabajadores sanitarios, pacientes y ciudadanos autoconvocados se sumaron a la Marcha Federal de Salud, que recorrió el trayecto desde el Ministerio de Salud de la Nación hasta la Plaza de Mayo. La manifestación, con una exagerada custodia de las fuerzas de seguridad, se desarrolló bajo consignas como «Por salud pública, gratuita y de calidad», «A la salud pública la defendemos de pie», «Unidad de todas las luchas» y «El ajuste mata», y tuvo como objetivo visibilizar la crisis del sistema sanitario y exigir al Gobierno nacional mayor inversión en políticas que garanticen el acceso a la salud. En simultáneo, la protesta tuvo réplicas en diversas ciudades del país.

Desde la Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP) advirtieron sobre el contexto crítico del sector y denunciaron el impacto de las medidas gubernamentales. «Nos encontramos en un momento crítico para la salud pública en Argentina. Las políticas implementadas hasta ahora han resultado en el desmantelamiento de programas esenciales y en el desfinanciamiento de instituciones que brindan servicios vitales, especialmente para las poblaciones más vulneradas», señalaron desde la organización, remarcando que esta situación «pone en riesgo la vida y el bienestar de millones de personas».

Ataques materiales y simbólicos 
Entre las decisiones más preocupantes, se destacan la retirada de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Enia), la desaparición del Programa Médicos Comunitarios y el riesgo en la continuidad de programas clave como VIH/SIDA, hepatitis, tuberculosis y cuidados paliativos. También los recortes en hospitales como el Bonaparte, Garrahan y Posadas. «Estos ataques materiales y simbólicos contra el sistema público de salud no son aislados: forman parte de una estrategia que busca debilitarlo, priorizando el lucro por sobre el bienestar de la población», sostuvieron desde la AASAP.

José María Di Bello, del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, destacó en diálogo con Acción la gravedad de la situación y detalló que la prórroga del presupuesto de 2023 generó una reducción del 50% en los fondos destinados a la respuesta al VIH, lo que provocó faltantes de tratamientos y cambios compulsivos en los esquemas terapéuticos de más de 3.000 personas. «Desde mediados del año pasado nos quedamos sin reactivos para análisis fundamentales como la carga viral y el CD4, imprescindibles para el seguimiento de las personas con VIH. Aún hoy siguen sin adquirirse, y aunque se iniciaron compras, muchas fueron frenadas o anuladas, generando incertidumbre», denunció.

Además, alertó sobre la falta de preservativos: «En 2024 no se compró ni uno solo, cuando históricamente Argentina adquiría entre 40 y 50 millones por año. Esto ocurre en un contexto en el que aumentan las notificaciones de VIH y los casos de sífilis congénita. Es una situación alarmante que demuestra la falta de planificación y compromiso del Estado», dijo y cuestionó la descentralización de compras de medicamentos y reactivos, argumentando que «no reduce costos, sino que los aumenta», al tiempo que remarcó que muchas provincias no cuentan con presupuesto suficiente para afrontar estos gastos.

Di Bello también criticó el cierre de áreas clave en el Ministerio de Salud: «A principios de año cerraron 15 direcciones y coordinaciones, incluyendo las de tuberculosis y hepatitis virales. Pedimos audiencias con el ministro, pero solo recibimos un mensaje diciendo que “tenía la agenda complicada”. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que no habrá afectación en los programas, pero la realidad es otra: la coordinación de tuberculosis prácticamente desapareció, no hay un profesional a cargo del seguimiento y autorización de los tratamientos de segunda línea, lo que deja a estas personas en una situación de total vulnerabilidad», detalló, para finalmente advertir sobre el impacto de estas medidas: «Lo que están haciendo es un desguace de la salud pública. Es una situación desesperante y, además, están violando leyes y la Constitución. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de vidas».

Fuera de la ley
Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo, consultada por Acción coincidió en la gravedad del contexto y denunció la violación de normativas vigentes. «Argentina ha construido un sistema de derechos colectivos basado en la Constitución y en tratados internacionales. La Ley 27.675, sancionada en 2022, amplió la protección a infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, incorporando un enfoque de determinantes sociales de la salud», explicó, y recordó que «llevó ocho años conseguirla y fue fruto del consenso entre sociedad civil, sectores científicos y organismos internacionales». 

«Ahora, el Gobierno pretende ignorarla, violando el marco jurídico sin debate alguno. Es una actitud autoritaria que desoye años de avances en salud pública», consideró Di Giano, que también denunció el desabastecimiento de medicamentos esenciales para personas con cáncer, enfermedades raras y otras patologías de alto costo. «Esto no es solo un ajuste, es un desempeño criminal», sentenció y apuntó que las políticas del Gobierno «dejaron sin medicamentos ni asistencia a la población más vulnerable, a quienes dependen exclusivamente del sistema de salud pública». Además, advirtió sobre el despido del 40% del personal en áreas clave, lo que, según explicó, «desmantela la capacidad del Ministerio de Salud de dar respuesta conforme lo establecen la Constitución y las leyes».

Sobre el impacto de la movilización, Di Giano destacó que «el evento tal vez no genere un cambio inmediato, pero ayuda a visibilizar la crisis sanitaria. Muchas personas aún no son conscientes de la magnitud del problema, pero cuando lo viven en carne propia, es demasiado tarde, por eso es fundamental seguir informando y alertando». 

Y concluyó: «Nuestra campaña lo dice claramente: esto es un genocidio planificado. Ya hay personas muriendo por falta de medicamentos, jubilados que no pueden comprarlos. Mientras tanto, el Gobierno sigue recaudando impuestos. Entonces, ¿qué están haciendo con esos recursos?». Su reflexión final sintetizó el sentir de la jornada: «Nuestra democracia no se merece esto».

Compartir