En el cinturón verde de La Plata, más de 4.000 pequeños productores luchan por su subsistencia mientras cultivan los alimentos consumidos por la mayoría de las familias argentinas. La postergada reglamentación de una Ley de Reparación Histórica.
29 de noviembre de 2016
Facultad de Ingeniería. La Universidad de la Plata ofrece espacios para que los productores se pongan en contacto con los consumidores. (Sebastián Casalli)
Jennifer se levanta todos los días a las 4 de la mañana. A las 5 ya está en la quinta plantando, regando, fumigando y empaquetando la producción antes de que pasen los camiones que llevan las verduras a los mercados. Junto con su marido y sus tres hijos integran la comunidad de casi 4.000 productores frutihortícolas que viven y trabajan en el cinturón verde del partido de La Plata, el más grande de la Argentina. Son agricultores familiares, se dedican a la producción para la subsistencia en el ámbito rural y a la comercialización a pequeña escala. Representan al 66% del total de los productores agropecuarios del país y se distinguen del resto de los grandes empresarios agrícolas y agroexportadores porque trabajan su unidad de explotación con sus propias manos.
Jennifer es de estatura baja, morena y tiene las manos curtidas por el trabajo en la quinta. Alquila cuatro hectáreas y media en la zona de Arana, junto con otras cuatro familias. Todos son hermanos, cuñadas y sobrinos de su marido, que fueron llegando desde Bolivia. La labor cotidiana de estos agricultores familiares provee el grueso de las frutas y verduras que encontramos a diario en ferias y supermercados. Tomate, morrón, lechuga, apio, cebolla de verdeo, albahaca, espinaca, zapallitos, son algunas de las verduras que plantan y cosechan. El cordón verde de La Plata abastece también a otras ciudades como Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, los grandes núcleos del país.
Como Jennifer y su familia, alrededor del 80% de estos productores vinieron desde Bolivia y de provincias del norte argentino como Jujuy y Salta. También los hay de Corrientes, Santa Fe y otras provincias del Interior del país. «Cuando llegamos acá no sabíamos ni plantar una planta, pero la necesidad te obliga», se sincera esta productora familiar.
Mientras en otras regiones del país el problema es la soja, en el cordón verde de La Plata es la cuestión de la tierra. La gran mayoría de los agricultores familiares son arrendatarios, muy poco son propietarios. La fuerte presión inmobiliaria va llevando a los productores a las afueras de la ciudad, donde las tierras son más baratas. A esto hay que sumarle problemáticas diarias como el mal estado de los caminos de acceso a las quintas y la falta de tecnología para trabajar la tierra. «Para nosotros pensar en comprar una tierra es como pensar en volar. Para eso hay que hablar de entre 80.000 y 100.000 dólares, que es lo que vale una hectárea. Es imposible. Pero también creemos que estamos pagando alquileres demasiado altos para lo que hacemos y lo que ganamos», asegura Nazario Ramos, integrante de la Asociación de Productores Agropecuarios Nueva Esperanza.
A culata de camión
Hoy los agricultores familiares venden el 90% de su producción «a culata de camión»: el dueño de un camión, que es el intermediario, pasa por las quintas a recoger la verdura y es él quien fija el precio del producto y luego lo vende a las verdulerías y supermercados. Una jaula de lechuga al productor se la pagan apenas un 30% del precio al que el intermediario la vende en las verdulerías. Aunque el precio no es el mejor, muchas veces el productor prefiere vender varias jaulas de un producto antes de que se echen a perder.
Sin intermediarios. Un comercio más justo. (Sebastián Casalli)
Hace siete años que Jennifer trabaja en la feria Manos de la Tierra. Entre dos y tres veces por semana lleva sus productos a distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Para ella y el resto de los productores familiares, este espacio es la única manera de acercarse al consumidor y poner sus propios precios. No ganan el 100%, pero salvan su trabajo. Desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLP se impulsó esta propuesta en los predios de las diferentes facultades en 2005. Hoy es una red que funciona en Trabajo Social, Ingeniería, Agronomía y el rectorado.
«La feria crea una posibilidad de venta a los productores, permite generar un debate con los consumidores sobre el sentidos de los alimentos, sobre qué es lo que se tiene que producir y cómo se produce. Es una manera muy interesante que les sirve a muchos productores, pero sabemos que no resuelve la situación de la mayoría. Debería haber mercados más regulados, con compras institucionales directamente a los pequeños productores, planificando la producción», explica Sergio Dumrauf, quien trabaja en la promoción y el desarrollo de la agricultura familiar en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar Región Pampeana (IPAF) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En diciembre de 2014, en el marco del Año de la Agricultura Familiar, el Senado de la Nación aprobó la ley 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Esta norma define a la tierra como un bien social y apunta a fortalecer el desarrollo de un sector estratégico para la soberanía alimentaria de nuestro país, además de mejorar la calidad de vida de todos los agricultores familiares. Por el momento la ley está en proceso de reglamentación, según fuentes de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF).
En tanto, en octubre, y en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias, el secretario de Agricultura Familiar, Oscar Alloa-tti, y once funcionarios del área presentaron la renuncia, mientras las organizaciones campesinas nucleadas en el Consejo Asesor de la Agricultura Familiar, que entre el 13 y el 15 de setiembre debatieron en Buenos Aires la reglamentación de la ley, denunciaron que el «magro presupuesto» que le otorgará el gobierno nacional en 2017 es una «sentencia de muerte» para la agricultura familiar.
Efectos de la devaluación
«Los altos costos de tierra hacen que los productores tengan que trabajar muchísimo para poder pagar el alquiler y tener algún beneficio extra. Existe una sobreexplotación muy fuerte desde la misma familia de productores. Esto se agudizó después del 10 de diciembre de 2015, aunque ya tenían una situación bastante difícil, pero con ciertas políticas públicas que se venían dando para paliar las dificultades», explica Sergio Dumrauf.
Tras la última devaluación, el aumento del costo de los insumos sumó nuevos obstáculos. Semillas y agroquímicos, nylon y maderas para construir los invernaderos se incrementaron entre un 60% y un 80%. También el aumento de las tarifas de servicios públicos los afectaron especialmente, ya que el riego de los cultivos que están en invernáculo se realiza a través de bombas.
Los agricultores familiares plantean que si hubo medidas para beneficiar a los grandes productores, como la quita de retenciones, es necesario que se pongan en práctica políticas específicas para quienes se encargan de proveer alimentos para la mesa de todos los días de los argentinos. «En definitiva, lo que va a pasar si esto se agrava es que van a quedar muy pocos productores, va a haber desocupación y menor producción y variedad –resume Dumrauf–. Esto va a llevar a que estos productos se encarezcan muchísimo en toda la zona y en todo el país».
