Las denuncias de violaciones sistemáticas a niños hipoacúsicos por parte de sacerdotes y empleados del Instituto Próvolo revelan una oscura trama de ocultamientos. Complicidad de la Iglesia y la vulnerabilidad de las víctimas.
7 de junio de 2017
Justicia. Centenares de personas se congregaron en la capital provincial encabezadas por las madres de los chicos abusados. (Télam)
Una monja prófuga durante un mes, sacerdotes y empleados acusados por violaciones reiteradas de chicos hipoacúsicos provenientes de familias de bajos recursos, pornografía y elementos de tortura en un lugar llamado «La casita de Dios» conforman el escándalo que rodea al Instituto Antonio Próvolo desde noviembre del año pasado, cuando se presentó la primera denuncia en la provincia de Mendoza. La dimensión de los hechos llevó a que voceros de la Iglesia Católica argentina reconocieran la protección a curas pedófilos y ofrecieran su colaboración en las investigaciones, mientras la última Conferencia Episcopal, en mayo, anunció normas para prevenir nuevos casos. Un pronunciamiento con pocos antecedentes, pero que se contradice con la práctica y es visto con escepticismo por familiares y representantes de las víctimas.
La comisión enviada por la Iglesia a Mendoza para interiorizarse de la causa judicial se encontró con el rechazo de las víctimas, que se negaron a recibirla. El «consejo pastoral» anunciado por los obispos para «la protección de menores y adultos vulnerables», según la expresión del papa Francisco, «es una cortina de humo que continúa la política ambigua del Vaticano sobre el problema», considera Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico y especialista en derecho canónico.
La Justicia mendocina investiga abusos contra 27 menores, ocurridos en el Instituto Próvolo de Luján de Cuyo entre 1997 y 2007. La Fiscalía de Trata de Personas y Pedofilia impulsa otra causa por violaciones y malos tratos en la sede del mismo organismo en La Plata. La conexión entre ambas actuaciones es la presencia de los sacerdotes Nicola Corradi y Luigi Spinelli, quienes llegaron al país provenientes de Italia, donde integran la nómina de más de veinte acusados por violaciones entre 1955 y 1984 en el Instituto Próvolo de la ciudad de Verona.
Los casos del Próvolo se suman a la prisión preventiva del sacerdote colombiano Juan Diego Escobar Gaviria, imputado por reiterados abusos sexuales de menores en la provincia de Entre Ríos, y el juicio oral previsto para agosto de Justo José Ilarraz, acusado de abusar de medio centenar de jóvenes de entre 10 y 14 años en el Seminario Arquidiocesano «Nuestra Señora del Cenáculo» de Paraná, entre 1984 y 1992. Desde 2002, un total de 62 sacerdotes fueron denunciados por delitos sexuales y solo tres de ellos terminaron apartados de la Iglesia.
«El traslado de Corradi de Italia a la Argentina indica el modus operandi del Vaticano en casos de abuso sexual. Nosotros decimos que tienen una red de pederastia institucionalizada, porque no modifican su sistema jurídico interno, que es el responsable del ocultamiento y encubrimiento de los sacerdotes al establecer el secreto pontificio para los delitos canónicos», dice el abogado Lombardi.
En 2001 Juan Pablo II promulgó el decreto «Sacramentorum sanctitatis tutela», que incluyó una serie de normas para actuar ante delitos graves como la pedofilia. Sin embargo, sus disposiciones apuntaban a proteger a la Iglesia Católica al establecer el secreto pontificio y atribuir a la Congregación para la Doctrina de la Fe la competencia para juzgar tales casos en el ámbito del ordenamiento canónico. Si bien reconoció «actos criminales e inmorales» por parte de la Iglesia hacia la comunidad irlandesa, donde más de 1.000 personas testimoniaron sobre abusos de sacerdotes en instituciones infantiles, Benedicto XVI agregó nuevos procedimientos en la misma dirección.
«El secreto pontificio obliga a mantener silencio bajo juramento a todos los que participan del procedimiento de investigación canónica, incluida la víctima», señala Lombardi, quien representó a Iván González, un seminarista que denunció ante el Arzobispado de Mendoza al sacerdote Jorge Luis Morello por abuso sexual.
«La respuesta que reciben las víctimas cuando denuncian los abusos en la Iglesia es la denegación de justicia y el abuso de poder. Iván González nunca tuvo participación en el expediente y en la investigación canónica, una violación de su garantía de defensa en juicio», agrega el abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. La Corte Suprema de Justicia de la provincia condenó a la Iglesia a pagar un resarcimiento por daño moral.
El caso del sacerdote Luis Alberto Brizzio, acusado de abusar de un joven de 16 años en Santa Fe, «fue mucho más abyecto y miserable de parte del Vaticano», dice Lombardi. La víctima «no pudo leer testimoniales, ni presentar pericias; la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe fue que era mayor de edad y por lo tanto no hubo abuso, lo cual era falso».
Luján de Cuyo. Sede del Instituto. (Télam)
Francisco pidió perdón a las víctimas, anunció la «tolerancia cero» hacia los pedófilos y llamó a «erradicar el abuso sexual de menores de la Iglesia». Lombardi considera que sus declaraciones no se corresponden con los hechos: «El papa sostiene la impunidad al mantener las normas jurídicas internas. Creó una comisión que integraron dos exvíctimas (el inglés Peter Saunders y la irlandesa Marie Collins) y ambas renunciaron por los permanentes obstáculos y oposición de la curia romana a su participación. Además los dictámenes de esa comisión no son vinculantes sino meramente consultivos».
De Verona a La Plata
En la mayoría de los casos denunciados, la respuesta de la Iglesia Católica consistió en cambiar de destino a los acusados mientras trataba de que los hechos tuvieran la menor difusión posible. Napoleón Sasso estuvo tres años internado en la institución Domus Mariae, en Tortuguitas, un lugar que «albergaba curas pedófilos, los encerraba, los protegía, pero no los denunciaba», según relata el periodista Mauro Szeta en su libro Secretos sagrados. Y cuando se lo asignó a una parroquia de Pilar, abusó sexualmente de cinco nenas indigentes, por lo que fue condenado a 17 años de prisión.
Albano Mattioli llegó al país en 1965 después de ser acusado por violaciones en el Instituto Próvolo de Verona y se desempeñó hasta su muerte en La Plata, sin ser investigado. Entre otros, las denuncias por abuso acompañan al sacerdote Carlos Urritigoity desde 1989, cuando se encontraba en el seminario de La Reja. Posteriormente fue denunciado por su comportamiento en diócesis de Estados Unidos y Ciudad del Este, en Paraguay. Actualmente se encuentra en San Rafael, Mendoza.
Héctor Giménez se desempeñaba en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en la provincia de Buenos Aires. En 2013 Julieta Añazco lo denunció por abusos sexuales perpetrados en la década de 1980, cuando dirigía campamentos de verano en City Bell. El sacerdote tenía dos causas previas por los mismos motivos y actualmente se encuentra en el Hogar Marín de La Plata. Su superior, el obispo Héctor Aguer, conocido por declaraciones homofóbicas, atribuyó la pedofilia a los divorcios, como si fueran un problema que no existe en la Iglesia.
«La Iglesia no debe proteger al cura abusador, ese fue uno de nuestros grandes errores. Lo peor que nos pasó como institución es que perdimos la sensibilidad por tutelar el buen nombre o la reputación de la Iglesia», declaró Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, a la agencia Télam. Pero el mea culpa debería incluir mayores detalles: Buenanueva se desempeñó en Mendoza mientras ocurrían los abusos en el Instituto Próvolo.
Otro patrón reiterado es el perfil de las víctimas, que los sacerdotes pedófilos seleccionan entre las más débiles y vulnerables. La mayoría de los menores abusados en el Instituto Próvolo eran niños sordomudos cuyos padres eran oyentes y desconocían el lenguaje de señas, lo que dificultaba la comunicación. Como en el caso emblemático de Julio César Grassi en la Fundación Felices los Niños, la escena del abuso reúne a figuras de autoridad y niños desvalidos. Secretos sellados a costa del padecimiento de muchos, puertas adentro de una institución que pretende imponer valores en la sociedad mientras desconoce sus aberraciones.
