13 de febrero de 2023
La producción de fármacos eficaces para tratar la enfermedad seguirá en manos de un puñado de laboratorios tras el fracaso de una iniciativa presentada en la OMC.
Contra los monopolios. Organizaciones no gubernamentales protestan frente a la sede de la OMC contra las políticas de propiedad intelectual sobre fármacos.
Foto: AFP
Después de seis meses de debates repetitivos destinados a enfriar la iniciativa más que avanzar en consensos, Estados Unidos y la Unión Europea consiguieron que la Organización Mundial de Comercio (OMC) posponga la extensión de la exención de las patentes para las terapias y los diagnósticos Covid.
Argentina, junto con Sudáfrica e India, estuvo durante el semestre a la vanguardia de un combate que desde el comienzo se vislumbraba como desigual frente a la negativa de un miembro poderoso como Estados Unidos (que sí apoyó la exención de las vacunas). No fueron solo tres los países que animaron la propuesta, pues en ese grupo también hay que incluir a Nigeria, Pakistán, Camerún, Mozambique, Fiji, Indonesia, Nepal, Mauricio e incluso a Paraguay y Bolivia. Pero no alcanzó.
La 12° Conferencia Ministerial de la OMC que el 17 de junio aprobó la exención de la propiedad intelectual para las vacunas acordó que en seis meses debía aprobarse una medida similar para los diagnósticos, las terapias y los tratamientos. Pero en diciembre fracasó la última sesión del año del Consejo General de la OMC que ante la falta de acuerdo decidió extender el plazo hasta su próxima reunión prevista para los primeros días de marzo.
Sin embargo, el compromiso de volver sobre la propuesta en marzo es muy endeble e incluso Estados Unidos, a través de María Pagán, representante comercial adjunta en Ginebra, anunció que la administración Biden pedirá a la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) que primero investigue la «dinámica del mercado de los precios, la oferta y la demanda, y la relación entre la producción y el acceso a las pruebas y tratamientos para el COVID-19», proceso que, según pronosticó, concluirá recién en octubre de 2023.
El sitio especializado Geneva Health Files (con sede en Ginebra) publicó que funcionarios de la OMC dejaron trascender que la ampliación de la exención de las patentes recién podría abordarse durante la 13° Conferencia Ministerial de la organización prevista para… febrero de 2024.
La directora General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, durante la última reunión del Consejo General del organismo expresó su «decepción» y fustigó que «no hemos negociado mucho en serio en los últimos seis meses».
Ngozi Okonjo-Iweala fue la receptora de una carta rubricada por más de 160 ONG y académicos internacionales reclamando que la OMC extendiese la exención que había dejado en suspenso en junio pasado. «La OMC tiene el poder y la oportunidad de ayudar a los países en desarrollo a controlar el virus ampliando la Decisión de junio de 2022 sobre la propiedad intelectual de las vacunas para cubrir las pruebas y la terapia», sostuvieron los firmantes, entre los que figuraron People’s Vaccine Alliance, Amnistía Internacional, Oxfam, Misión Salud de Colombia, Public Citizen de Estados Unidos y el profesor Jorge Bermúdez de FioCruz de Brasil.
Valentina Montanaro, jefa de campaña global de People’s Vaccine Alliance, afirmó que «los países del sur global no deberían tener que esperar a que Estados Unidos realice una larga revisión interna antes de que puedan proteger a sus poblaciones» y enfatizó que «otra demora es un insulto para todos aquellos que han muerto por COVID-19 sin acceso a herramientas médicas efectivas».
«Una vez más, los intereses de la industria farmacéutica parecen prevalecer sobre los de la salud pública global, ignorando que en el marco de una crisis de salud de alcance mundial es necesario dar una respuesta global, rápida y efectiva para asegurar el acceso en condiciones igualitarias a los productos útiles para abordarla», lamentó el argentino Carlos Correa, director ejecutivo de la organización intergubernamental South Centre.
Ante este nuevo fracaso «los países en desarrollo deben considerar en este contexto otras opciones normativas, como la excepción de seguridad nacional (para anular las patentes), y aprovechar el potencial de la cooperación sur-sur para expandir la producción de esos productos y su acceso», propuso Correa en declaraciones a Acción.
También casi medio centenar de eurodiputados expresaron su apoyo a una exención amplia de las patentes en una petición dirigida a los miembros del Consejo de la Unión Europea. «El acceso a la terapia y el diagnóstico de la COVID-19 sigue siendo desigual, y varios países de ingresos bajos y medianos enfrentan la falta de las herramientas necesarias para un diagnóstico y tratamientos precisos a pesar de las licencias voluntarias otorgadas por las compañías farmacéuticas», afirmaron en una carta los eurodiputados pertenecientes a la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, la Izquierda y el Partido Verde.
La exención ampliada de las patentes es superflua desde la mirada de los países desarrollados, pero aún se emparenta con las urgencias de los países del sur global donde solo una de cada cinco personas tiene el esquema de vacunación completo, pese a que actualmente hay un excedente mundial de vacunas, según calculó la OMS en diciembre.
«Hemos dejado puntos ciegos en la vigilancia en diferentes partes del mundo», advirtió el director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, comparando las inversiones desproporcionadas entre los países ricos y pobres en el seguimiento del SARS-CoV2 y otras amenazas emergentes, con las de una comunidad que pone «100 detectores de humo en una casa y ningún detector de humo en las otras casas».
El cerrojo de las patentes también afecta a Estados Unidos, aunque disimule. Por ejemplo, Pfizer aplica sus derechos monopólicos sobre Paxlovid, un antiviral que ha demostrado su eficacia en los tratamientos Covid, para evitar el ingreso de versiones biosimilares de la competencia.
«Las empresas que desarrollan nuevos antivirales para el Covid se han quejado ante los funcionarios federales de que se ha vuelto imposible realizar estudios», dijo un científico del Gobierno involucrado en tales conversaciones, quien habló bajo condición de anonimato. «La FDA les ha pedido que comparen su fármaco experimental con el estándar de atención, pero Pfizer se negó a proporcionar Paxlovid para los estudios», escribió el sitio especializado STAT, de Estados Unidos, citando como fuente a investigadores de los Institutos Nacionales de Salud.
Estados Unidos practica como es habitual una política comercial hegemónica hacia afuera y rechaza ampliar las patentes, pero durante la pandemia otorgó 59 licencias obligatorias, de vacunas y también tratamiento, tal como recordó James Love, director del prestigioso centro de estudios Knowledge Ecology International (KEI).
Love, en una carta enviada a la representante comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, calificó de «notablemente promiscuo» el comportamiento del Gobierno de su país. «Las patentes fueron uno de los primeros problemas relacionados con el suministro de pruebas de diagnóstico y otras contramedidas», afirmó el presidente de KEI, citando como ejemplo que dos empresas, «Puritan de Estados Unidos y Copán de Italia eran conocidas por usar patentes para bloquear la competencia y dominar el mercado de hisopos nasofaríngeos».
