25 de marzo de 2021

Marina Garber

Tras la histórica sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en el contexto de una pandemia que profundiza las desigualdades, el movimiento amplía sus reclamos y fortalece sus formas de lucha. La urgente necesidad de políticas públicas contra los femicidios.

A seis años del primer paro nacional de mujeres –una huelga que al año siguiente se volvería internacional– el feminismo se muestra masivo, diverso, potente. Desde que, a raíz del femicidio de la adolescente Chiara Páez, una asamblea multitudinaria convocó a la primera marcha de Ni Una Menos, el movimiento multiplicó sus reclamos e incorporó, no sin conflictos, colectivos y minorías que tenían en común el hecho de ocupar el lado menos favorecido en la ecuación de la inequidad: mujeres, sí, pero también trans, travestis y no binaries; trabajadoras, pero también desempleadas, cartoneras, militantes de la economía popular, afrodescendientes, indígenas, migrantes. El duelo colectivo engendró una movilización social inédita y logró politizar el dolor: los femicidios, decían las pancartas, las pintadas y las voces, no son actos excepcionales, sino consecuencias de un modo de organización social que hace de la desigualdad una de sus marcas distintivas.
Tal como advertía el manifiesto del colectivo surgido al calor de la jornada de duelo y lucha del 3 de junio de 2015, femicidio «es una categoría política: es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista». El movimiento feminista invitó a mirar de otra manera aspectos de la vida social que hasta entonces eran considerados como parte de la naturaleza de las cosas. «Es un movimiento transformador que va develando, va dando cuenta. Y como es una teoría crítica, es transformadora de prácticas y cabezas», señala Vanesa Vázquez Laba, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora general del Programa contra la violencia de género de la Universidad Nacional de San Martín. La explosión de masividad acercó a las nuevas generaciones temas que los feminismos más académicos venían discutiendo desde hacía décadas y ayudó a poner en cuestión por parte de sectores cada vez más amplios mandatos, discriminaciones e inequidades.
Tras una nueva celebración del Día Internacional de la Mujer, hasta el nombre del movimiento es motivo de discusión. ¿Solo las mujeres son objeto de la violencia y la desigualdad de género? «El feminismo no es de las mujeres hace mucho tiempo y todas las otras identidades no se sumaron sino que fueron discutiendo y peleando la identidad del feminismo», señala Vázquez Laba. La activista trans Florencia Guimaraes recuerda a Lohana Berkins, fundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, quien fue parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y en los Encuentros de Mujeres tuvo que escuchar que compañeras feministas la señalaran al grito de «hay hombres en este taller». «Por suerte, eso se fue revirtiendo con muchas resistencias –agrega Guimaraes–, pero también con muchas alianzas y con muchas compañeras que abrazaron a las personas travestis y trans y comprendieron que somos parte de la misma opresión».

Después de la IVE
«Fue un hito histórico», dice Martha Rosenberg, psicoanalista, fundadora e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto sobre la aprobación, en diciembre de 2020, de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). «Un efecto simbólico muy importante es demostrar que se pueden conquistar derechos a través de la organización. El derecho al aborto solo se pudo conquistar a través de la movilización colectiva, y para eso tuvo que aparecer la generación de las más jóvenes, que dieron por propio todo lo que vinimos trabajando acerca de los derechos de las mujeres». Rosenberg agrega que la sanción de la ley, sin embargo, es una especie de piso «para lograr asegurar el acceso igualitario y universal de las personas que quieran interrumpir sus embarazos. Ahora hay que monitorear qué hacen lo servicios de salud, cómo se logran los recursos».
«La ley se sancionó y es importante, pero ahora hay que garantizarla –coincide Vázquez Laba–. Hoy la agenda tiene que ver con reforzar las consejerías, los centros de atención primaria de la salud. Y por supuesto, una agenda muy fuerte, que sigue estando en vigencia cada vez con mayor clamor, contra la violencia de género, contra los femicidios. Esto aparece como una deuda pendiente a pesar de que se vienen haciendo muchas acciones por parte del Gobierno nacional, de los Gobiernos provinciales y municipales».
La creación de un Ministerio de las Mujeres y Diversidades, así como la reciente puesta en marcha del Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios sobresalen como las iniciativas públicas más notorias. Si, como se repite en cada marcha y como admitió por primera vez el presidente Alberto Fernández durante su discurso inaugural del Consejo Económico y Social, el Estado es responsable, queda mucho por hacer en materia de políticas públicas.

Según el observatorio Lucía Pérez, entre el 1° de enero y el 8 de marzo de 2021 se registraron 68 femicidios. La organización MuMalá informa además que el 17% de estos crímenes fue perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad y el 29% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. «Hace un año que hay un Ministerio, pero no hay manera de que de un día para otro se cambien procedimientos, conductas, percepciones, representaciones, modos de hacer, imaginarios sociales. Todo eso tarda mucho tiempo. Y el femicidio y la violencia de género tienen que ver con esos aspectos», apunta Vázquez Laba.
Los femicidios, señala Guimaraes, «tienen que ver con la desidia y la complicidad de un Poder Judicial que es machista, clasista, burgués, capitalista y patriarcal por sobre todas las cosas». Una reforma judicial feminista fue, precisamente, uno de los reclamos más fuertes del documento colectivo Nosotras Paramos, presentado durante el último 8M. Paridad en la Justicia, elección popular de jueces, juicio por jurados, aplicación efectiva de la ley Micaela (de capacitación obligatoria en Género para los integrantes de los tres poderes) son algunas de las medidas propuestas.
La demanda de un sistema de justicia eficaz es urgente e imprescindible, pero no es suficiente. Si desde el primer manifiesto de Ni Una Menos se advertía sobre la necesidad de «no tratar a los femicidios como problemas de seguridad» y evitar enfoques punitivistas, que se han demostrado ineficaces, hoy los feminismos insisten en que una vida libre de violencias exige condiciones dignas de existencia: vivienda, trabajo, salario digno, derecho a la salud, educación sexual integral, presencia del Estado, apoyo territorial. «Si no pensamos en un feminismo con justicia social no va a haber Ni una menos», explica desde Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires, Natalia Zaracho, trabajadora de la economía popular y promotora de salud comunitaria. Para terminar con la violencia, agrega, «tenemos que pensar en un feminismo con tierra, techo y trabajo para todas».
«Nadie sabe lo que sufren las compañeras, algunas no tienen siquiera para cargar la Sube para poder acompañar a víctimas de violencia –dice Jackie Flores, cartonera, trabajadora de la economía popular y referenta del MTE–. Hay compañeras que no tienen siquiera celular, entonces, la primera discusión que le planteé al nuevo Ministerio fue: “¿En serio tu primera acción va a ser una línea de teléfono para denunciar violencia de género? ¿Cómo hacen mis compañeras rurales para denunciar, para pedir auxilio, si no tienen, no ya señal, sino ni siquiera teléfono? ¿Cómo hacen las compañeras de la rama cartonera que están buscando material reciclable en un basural a cielo abierto, y que generalmente viven alrededor de los basurales, para llamar y denunciar?”». Noelia Naporichi, integrante de la nación qom y del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, relata las innumerables barreras que impiden que las políticas lleguen a las mujeres de las comunidades originarias: «Sufrimos toda clase violencia, pero ¿cómo piensan que podrían ayudar a una mujer indígena que no habla en castellano? Es un problema grave de la política pública, o de las leyes y los programas que crea el Estado, cuanto más creaciones, menos inclusión para nosotros, porque si a nosotros nos incluyen deberían preguntarnos cómo pensamos, cómo vemos cada problema, de qué forma se nos podría incluir, cómo desarrollar estas políticas en el territorio. Si no, no va a servir para nada, van a crear y desarrollar programas, proyectos, pero si entrás a una comunidad y no sabés cómo comunicarte con una mujer que habla qom, wichi, mocoví, no va a servir para nada».

María Claudia Albornoz, psicóloga social y referenta del feminismo villero del Barrio Chalet, de la ciudad de Santa Fe, coincide: «Los acompañamientos a mujeres en situación de violencia no es lo mismo hacerlos en un lugar donde tenés conectividad o una línea telefónica accesible». Albornoz considera que «el Ministerio es necesario y es necesario que tenga más recursos, porque es el que menos recursos tiene de todos, y que ese presupuesto llegue no solamente a provincias y municipios, sino también a las organizaciones, a los movimientos sociales que trabajamos en los territorios, que somos las que siempre estuvimos en el centro de la batalla».
La ausencia histórica y sistemática del Estado, advierte Florencia Guimaraes, generó territorios de empobrecimiento y de desamparo en los que los más perjudicados son siempre mujeres, trans, travestis y no binaries. Un ministerio de las mujeres y diversidades, agrega la activista, «solo va a tener efectos reales en la medida en que pise el barro, pise las calles y trabaje conjunta y colectivamente con quienes estamos todos los días para tratar de transformar un poquito esas realidades de nuestras compañeras».

Economía del cuidado
La pandemia profundizó las inequidades, incrementó las violencias e hizo visible lo que siempre había estado ahí, pero muchos se negaban a ver. Por un lado, explica Rosenberg, las medidas de aislamiento social parecen haber provocado un aumento en los conflictos familiares, conyugales, sexuales y de convivencia. Además, pusieron en primer plano el enorme peso que representan los trabajos de cuidado. «La pandemia incrementó el peso del trabajo doméstico no remunerado y este peso ha recaído mayoritariamente en las mujeres», señala Corina Rodríguez Enríquez, economista, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET.

La llamada «economía del cuidado» pretende dar cuenta de esta situación. Es un concepto, explica la investigadora, que «ayuda a recuperar un debate histórico dentro de los feminismos, que han ido mostrando cómo el sistema no podría funcionar si no fuese porque existe toda una dotación de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que reproduce cotidianamente la vida».
El tema de los cuidados está cada vez más presente en la agenda de los feminismos, asegura Rodríguez Enríquez, y es clave para entender muchas de las desigualdades de género, en especial, las dificultades para acceder a empleos de calidad y a ingresos propios. «La posición de las mujeres sigue siendo de subordinación económica. La brecha salarial sigue ubicándose por encima del 20% y se incrementa el peso de las responsabilidades de cuidado, con las mujeres dedicando el doble de tiempo que los varones al trabajo doméstico y al trabajo no remumerado».
Pero el peso de estas tareas no se reparte de modo homogéneo ni siquiera entre las mujeres: las que viven en el 20% de hogares de menores ingresos dedican el doble de tiempo al trabajo doméstico no remunerado que las mujeres que viven en el 20% de hogares con mayores ingresos. «Se habla de la doble jornada laboral de una trabajadora formal, pero para una trabajadora de la economía popular, la jornada es quíntuple: va a la cooperativa, se va al merendero donde atiende los pibes, les da la leche, la comida, atiende su casa… es interminable», relata Flores. Por eso en la agenda de los feminismos populares está en primer lugar «el reclamo de espacios de cuidado de niñez y adolescencia, pero no un espacio pintadito donde les dan la leche sino espacios de cuidado con estímulo».
Las mujeres empobrecidas, las villeras, agrega Albornoz, «vivimos bajo distintas “capas” de opresión. La primera es ser mujer o ser disidencia sexual. En un patriarcado que tiene siglos y siglos, es la primera que pesa, pero pesa mucho más dentro de una clase social empobrecida. Nacer boliviana, paraguaya, marrón, son otras capas de opresión. Los lugares de invisibilidad que vamos ocupando tienen que ver con esas capas». Por eso, insiste, «el feminismo que está con las patas en la barriada, con las patas en las villas» pide justicia social, mejores condiciones de vida, urbanización, educación, conectividad, alimentos, «es un reclamo que hacemos no solo para las mujeres y disidencias, y al hacer el reclamo mostramos las condiciones de vida los más de 4.400 barrios populares que hay en la Argentina».

Para Rodríguez Enríquez, los feminismos son capaces, como ningún otro movimiento social, de hacer visibles las injusticias, no solo de género: «traen abordajes analíticos que percibir, identificar, y caracterizar el entrecruzamiento y articulación de desigualdades». Con la lógica igualitaria que proponen, con su mirada puesta en la conquista de derechos, están imaginando una sociedad más justa. Ahora, concluye Vázquez Laba, es necesario «sostener esas luchas, que no sean pasajeras, algo tan difícil como conquistarlas. Tenemos en la vereda de enfrente al conservadurismo, hay que ser inteligentes para conquistar y sostener nuestros derechos y eso se hace además con estudios, investigaciones, haciendo política con datos y comunicando bien la importancia de la igualdad de derechos entre las personas. Todo eso nos hace una sociedad mejor».

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