La pandemia provocó una reducción significativa en el acceso a anticonceptivos. Por ese motivo, distintas proyecciones prevén un 20% de aumento en los nacimientos para el próximo año, especialmente entre sectores más pobres y vulnerables.
26 de noviembre de 2020
La pandemia vino a complicarlo todo. El acceso a los servicios de salud se vio ampliamente afectado: bajó la vacunación, se discontinuó la atención de enfermedades como diabetes o hipertensión, se desatendieron urgencias con riesgo de vida como infartos y accidentes cerebrovasculares y hasta se perdieron de vista tratamientos oncológicos. El acceso a los anticonceptivos también disminuyó. Y no fue una caída pequeña sino contundente. Tanto, que un informe técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) proyecta 143.000 más nacidos vivos para el año próximo, un baby boom que aumentaría de un año a otro casi el 20% la cantidad de nacimientos.
«Entre 2015 y 2018 la fecundidad en Argentina bajó por primera vez en la historia hasta un nivel de reemplazo: en promedio, a todas las edades, cayó un 12% para ubicarse en torno a los 2 hijos por mujer. La fecundidad adolescente disminuyó, también. En promedio, un 22%», escribió en un trabajo del Banco Mundial Rafael Rofman, investigador principal del CIPPEC.
Los hallazgos de Rofman eran buenas noticias por la disminución de la desigualdad que implica ser madre muy joven o tener demasiados hijos. Pero difícilmente estos números alentadores se sostengan después de la pandemia. Es que a pesar de que los servicios de salud sexual y reproductiva fueron declarados esenciales (es decir, que no se interrumpían en cuarentena), hubo un descenso drástico en la provisión y compra de métodos anticonceptivos, en parte por dificultades para acceder a los servicios de salud por temor al contagio del COVID-19 y en parte por problemas económicos.
Federico Tobar, investigador argentino, asesor técnico regional para América Latina y el Caribe de la UNFPA y autor del informe que anticipa un nuevo panorama demográfico en la región, afirma que durante la pandemia dejaron de usar anticonceptivos 379.000 usuarias del nivel público por dificultades de acceso (el sistema público provee gratuitamente de esos insumos a un millón de mujeres) y 714.000 usuarias del nivel privado (que los compran en farmacias), por caída en sus ingresos.
«El modelo demográfico nos indica que alrededor de 208.000 mujeres quedarían embarazadas no intencionalmente; de todas ellas, 65.000 abortarían y habría 143.000 nacimientos, 250 muertes maternas y 3.300 muertes neonatales –dice Tobar a Acción en comunicación telefónica desde Panamá, donde reside–. Son proyecciones basadas en el fenómeno de la falta de acceso a los anticonceptivos según dos experiencias contrapuestas: la pandemia de Ébola en África, que generó un incremento del 50% de los nacimientos y la temporada de huracanes en Estados Unidos, que mostró un descenso de la tasa de natalidad».
En opinión de Tobar, seguramente en Argentina coexistan ambos fenómenos. «Es un panorama duro, no solo para nuestro país
–afirma–. Lo más probable es que los sectores de mayores ingresos y nivel educativo dispongan de otras formas de cuidarse y los sectores menos favorecidos no tengan esas opciones, con lo cual la natalidad se incrementaría mucho en esos grupos, más de un 20%».
Fernando Zingman, especialista en salud de UNICEF Argentina, agrega que «hay una disminución en la solicitud de anticonceptivos pero no tenemos datos sobre la cantidad de embarazos cursándose. Es una falla del sistema. Hay registros de nacimientos, no de embarazos. Estos datos recién se tienen un año y medio después».
«No se sabe si hay más embarazos este año. Solo manejamos dos datos concretos. Lo demás, son proyecciones», dice Valeria Isla, a cargo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. «Los dos datos concretos que tenemos son, primero, que aunque el Estado siempre mantuvo la provisión de anticonceptivos, en pandemia se restringió el acceso y, segundo, que aumentaron las llamadas al 0800 222 3444, el número para acceder a información sobre salud reproductiva. Hubo un aumento de las llamadas de usuarias con dificultades para el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pero en más del 90% de los casos que nos presentaron tuvieron una resolución favorable».
Corta y larga duración
La situación de la Argentina se comprende mejor si se tiene en cuenta que el 81% de las mujeres se cuida usando métodos anticonceptivos de corta duración: pastillas, preservativo, o los inyectables mensuales o trimestrales. «Argentina presenta una vulnerabilidad mayor que la región porque el promedio regional de uso de métodos de corta duración es del 57%», añade Tobar. Según el especialista, este es un aspecto particular de nuestro país, junto con la alta dependencia del gasto de bolsillo que hace que una alta proporción de las mujeres compren los anticonceptivos en las farmacias.
«En salud sexual y reproductiva se declama que se deben respetar las preferencias de la mujer, pero los métodos más utilizados son los que prefieren los profesionales y es muy baja la utilización de métodos de larga duración como el DIU o los implantes subdérmicos, que brindan una protección mucho más prolongada. Colocar un DIU exige entrenamiento y equipamiento», dice Tobar.
Es bastante difícil comprender cómo puede, racionalmente, preferirse un método que obliga a tomar pastillas todos los días o a darse una inyección una vez al mes o cada tres meses en lugar de opciones que garantizan protección durante años.
Zingman coincide con Tobar. «La salud es un mercado donde la opinión del profesional define cuál será el perfil del consumidor. Durante mucho tiempo los ginecólogos no recomendaban el uso de anticonceptivos de larga duración en Argentina, sobre todo en adolescentes. Se decía que si una adolescente usaba DIU tendría una vida sexual promiscua. Eso mostraba una hegemonía médico-machista sobre el control del cuerpo de la mujer por el médico. Y eso se pudo comenzar a revertir con documentos que evidencian que los métodos de larga duración suponen bajísimo riesgo».
Isla añade que en un proyecto de ley actualmente en el Senado se prevé la incorporación de licenciadas en obstetricia para la colocación de DIU, para extender la utilización de este método seguro y económico que protege de embarazos no deseados durante una década y que, comprado a través del Fondo de Población de Naciones Unidas, le cuesta al Estado entre 23 y 25 centavos de dólar.
