Ganan menos, sobre ellas recaen las tareas de cuidado de niños y adultos y las labores domésticas en general, tienen más dificultades para acceder a puestos jerárquicos y a lugares de decisión en sindicatos. Políticas estatales y estrategias de lucha.
12 de marzo de 2020
Argentina está entre los diez países más desiguales del mundo en lo que se refiere a la brecha salarial entre varones y mujeres. Por lo menos, este fue el último dato dado a conocer por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe publicado en noviembre de 2018. En ese escenario, el mundo del trabajo hoy parece estar concentrando todas las miradas a la hora de pensar y abordar nuevas políticas de género. Pero, ¿cómo combatir esa inequidad? ¿Y cuáles son los roles que deben asumir el Estado y el movimiento sindical frente a este tema?
Recientemente, en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada en Chile por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con apoyo de las Naciones Unidas, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, adelantó que uno de los ejes centrales de este año será la cuestión del cuidado. De hecho, el documento de la OIT señala que la diferencia en los ingresos laborales justamente se explica por la desigualdad en el hogar, es decir, por aquellas tareas no remuneradas como el cuidado de niños y adultos mayores, que suelen quedar a cargo de las mujeres, lo que representa un obstáculo para su inserción laboral. «Es el Estado el que debe intervenir para que esas tareas se puedan distribuir de un modo solidario entre su estructura, el sistema privado, las familias y la comunidad», concluyó Gómez Alcorta, tras anunciar como una de las primeras medidas de su cartera la realización de un mapeo nacional de los servicios de asistencia personal. La iniciativa iría en consonancia con la decisión del INDEC, que en los próximos meses realizará la primera encuesta sobre el uso del tiempo para analizar la distribución de tareas.
En este sentido, la diputada Vanesa Siley advierte cómo el tema de los cuidados comprende diversos universos. «Por un lado, está la falta de registración en materia de cuidados, ahí hay una herramienta que surgió a partir de la Ley de Trabajadoras de Casas Particulares durante el gobierno de Cristina Fernández, que permitió la existencia de una paritaria y una Comisión Nacional que reúne a las trabajadoras de casas particulares, empleadores y Estado –explica en diálogo con Acción–. Por otro, también tenemos el universo de las mujeres que trabajan exclusivamente en la gestión de las tareas de cuidado en sus casas, que fueron reconocidas con las moratorias previsionales. Y están las mujeres trabajadoras registradas que al llegar a su casa continúan con una segunda jornada laboral. Allí debemos legislar para equilibrar las desigualdades y compatibilizar ese trabajo que recae sobre las mujeres».
En efecto, de acuerdo con los datos obtenidos por la Encuesta Permanente de Hogares de 2017, el nivel de participación femenina en el mercado de trabajo creció del 36,8%, en 1990, a un 48,1% en el primer trimestre de 2017. Sin embargo, su tasa de empleo sigue siendo más baja que la de los varones: 43,1% para las mujeres y un 66,3% para los varones. En esta dirección, se observa que la mayor participación en el trabajo doméstico no remunerado lo tienen las mujeres: un 88,9% contra el 57,9%.
Ante este panorama, se registraron algunos avances legislativos como la mencionada Ley de Trabajadoras de Casas Particulares, sancionada en 2013 –según los datos de 2017, el 97% del servicio doméstico son mujeres–, o la inclusión en el Código Civil de la figura de «compensación económica», a partir de la cual las mujeres pueden solicitar compensación monetaria si demuestran que su situación económica empeora por la ruptura matrimonial. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. Sin ir más lejos, ya se han presentado 60 proyectos legislativos para reformar el sistema de licencias por maternidad y paternidad y aún sigue siendo una deuda pendiente. «Con empresarias pymes trabajamos además en un proyecto que salió con dictamen favorable para fomentar la participación de mujeres en las empresas y cámaras empresarias. Hay que continuar allanando el camino para equilibrar esas desigualdades que se dan hacia adentro de los ámbitos laborales», sostiene Siley, que también es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales. El dato no es menor. Para la periodista Tali Goldman, «que hoy haya cinco mujeres sindicalistas que son diputadas indica que en estos últimos años hubo un cambio significativo».
Desde hace algunos años, esta joven profesional consideraba que hablar del mundo del trabajo y las desigualdades de género exigía una condición central: darles voz a las propias protagonistas. Fue así como germinó La marea sindical (editorial Octubre), un libro que recoge los testimonios de diversas delegadas y dirigentes gremiales, y que plantea otra de las grandes cuestiones vinculadas con el tema: el lugar de la mujer en la militancia sindical.
Militancia
Karina Nicoletta tenía 43 cuando finalmente, después de un recorrido de militancia y reclamos, y más de 20 años de trabajo, pudo sentarse a conducir y sentir las vías a sus pies. Todo había comenzado en 1994, cuando arrancó como boletera de la Línea B con 21 años. Para ese entonces, la jornada era de ocho horas, aunque usualmente podía extenderse, y las oportunidades para las mujeres parecían confinarse a la estación. No había conductoras y ninguna podía aspirar a serlo, lo que también se traducía en la imposibilidad de un ascenso económico.
«No nos daban siquiera la posibilidad de concursar para los puestos de tráfico. El subte es un terreno profundamente masculinizado. Nos tuvimos que hacer espacio a través de la lucha colectiva. Las condiciones eran más difíciles además si eras delegada», recuerda. La cosa empeoró unos años más tarde, cuando en pleno debate por la reducción de la jornada laboral, Metrovías decidió apelar a un fundamento de género. «Nos usaban para fragmentar peleas colectivas. La empresa salió a plantear que si se reconocía la insalubridad, las mujeres no íbamos a poder trabajar más». Allí, en un contexto de enorme conflictividad, marcado además por la formación de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), formaron la primera comisión de mujeres. Hoy, el subte tiene 816 trabajadoras, la posibilidad de acceder a puestos jerárquicos es un hecho y un tercio ocupa el secretariado ejecutivo del sindicato.
«Periódicamente recibo mensajes de trabajadoras que están armando en sus sindicatos comisiones de género, o bien que lograron que se afilien más compañeras. Son algunos ejemplos de que algo cambió», relata Goldman, quien considera que se viene registrando un cambio cultural: «Esa foto de las dirigencias sindicales donde hay solo hombres ya no es percibida de buena manera».
Claro que la transformación que queda por delante es grande. De acuerdo con un relevamiento realizado en 2016 por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, las mujeres ocupaban en promedio solo el 18% de los cargos en secretarías y subsecretarías sindicales. Si bien el estudio –realizado sobre una muestra representativa de 25 organizaciones– destacaba algunos ejemplos, como el del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, con un 40% de participación femenina en cargos directivos (cuatro de sus 10 secretarías se hallan a cargo de mujeres), expone el de tantos otros, como el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) donde dicha presencia se reduce a un 4%.
Para Siley, el tema no es menor en un debate que asumirá centralidad los próximos meses: «En este tiempo que se viene, donde hay que poner el eje en cómo ordenaremos el mundo del trabajo generando empleo con un modelo inclusivo, también es necesario pensar cómo redistribuir los cargos hacia adentro de nuestras organizaciones para romper barreras que parecían infranqueables hasta hace muy poco».
