1 de julio de 2021
La asociación Basta de Demoler solicitó, apelando a la Ley 104 de Acceso a la Información Pública, tanto a la Jefatura de Gabinete del GCBA como al vicepresidente de la Legislatura, conocer el paradero de la documentación necesaria para el tratamiento de los proyectos de ley que protegerían 18.195 inmuebles.
Esta documentación corresponde a un relevamiento realizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA a los aproximadamente 141.000 lotes contemplados en la Ley 3056, de Régimen Especial de Protección Patrimonial, que establece que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) debe analizar los edificios anteriores al año 1941 y seleccionar, según criterios establecidos por el Código Urbanístico, cuáles serán conservados como patrimonio y cuales podrán ser demolidos.
«Es una lucha de patrimonio versus dinero», define María del Carmen Arias Usandibaras, presidenta de Basta de Demoler, aludiendo a los intereses en juego del negocio inmobiliario, e instando a los vecinos a denunciar ante la fiscalía de la Ciudad cualquier intento de demolición que no tenga cartel de obra y que avance sobre cualquier construcción con importancia arquitectónica, artística, histórica o biográfica.
