15 de mayo de 2024

Inés Hayes

Los números que miden la crisis económica en la población más joven son cada vez más alarmantes. Testimonios desde el territorio y diagnósticos de Unicef.

Francisca vive en el Barrio Constitución de San Rafael, Mendoza, y está a cargo de sus cinco nietos: «Solo cuento con la AUH y mi pensión, que es la mínima, no nos alcanza para comer, vestirnos y pagar impuestos. Mi nieta Guillermina toma leche y hace dos semanas que ya no consume porque es imposible comprarla. Compramos menudos de pollo para hacer un arroz o guiso para que rinda, pero solo almorzamos, no alcanza para cenar».
Los testimonios como el de Francisca se repiten desde Ushuaia a La Quiaca. Desde diciembre, la pobreza infantil afecta al 60% de esa población y, según estima un informe de Unicef a través de un ejercicio de microsimulación, para el primer trimestre de 2024 se espera un aumento ostensible: «De concretarse ciertas previsiones macroeconómicas, la pobreza total ascendería a un 71% y la pobreza extrema a un 34%. En términos poblacionales, implicaría que 8,8 millones de chicas y chicos serían pobres y 4,3 millones, indigentes».
Debido a la denominada transmisión intergeneracional de la pobreza, Unicef alerta que, de registrarse los valores estimados, se estaría frente a una crisis profunda con grandes repercusiones en el bienestar no solo actual sino también de largo plazo.
Para la organización internacional, una niña o niño es monetariamente pobre si reside en un hogar cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica de bienes y servicios. Desde esta perspectiva, se distinguen dos umbrales relevantes: uno, dado por el valor de la canasta básica alimentaria (CBA), y otro, por la llamada canasta básica total (CBT). A diferencia de la CBA, la CBT incluye, además de los alimentos, otro tipo de bienes y servicios tales como vestimenta, transporte, etcétera. Si los ingresos familiares no son suficientes para cubrir el valor de una CBA, el hogar y todos sus integrantes están en situación de pobreza extrema o indigencia. Si los ingresos no alcanzan para comprar una CBT, se suele decir que el hogar, y todos sus miembros, están en situación de pobreza.
En este sentido, el análisis de la pobreza monetaria indica que, en el último tramo del año 2023, casi 6 de cada 10 niñas y niños en Argentina residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir en el mercado una canasta básica total de bienes y servicios (CBT) y un 19% residen en hogares extremadamente pobres o indigentes, esto es, con ingresos inferiores a los necesarios para comprar una canasta básica de alimentos (CBA).
Si se supone, además, que la pobreza en áreas geográficas no cubiertas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC es aún mayor que la registrada en las áreas urbanas incluidas en los relevamientos regulares de la EPH, esto equivale a aproximadamente 7,2 millones de niñas, niños y adolescentes con pobreza monetaria total y a aproximadamente 2,4 millones con pobreza monetaria extrema.
Solo para dar un ejemplo, explica el informe, en 2023 las niñas y niños residentes en hogares con clima educativo muy bajo tienen un riesgo 6 veces más alto de estar en la pobreza y casi 10 veces más de estar en la pobreza extrema que una niña o niño residente en un hogar con clima educativo muy alto (83% versus 14% en pobreza y 32% versus 3% en pobreza extrema).
El documento señala, además, que en los hogares monomarentales, la tasa de pobreza aumentó un 29,5% y la tasa de pobreza extrema un 56,3%. Sin embargo, si bien los hogares con jefatura femenina tienen tasas de pobreza sistemáticamente más altas que las registradas en hogares con núcleo completo, hubo una excepción que se verificó, acorde con el informe, en el momento preciso en que la batería de programas implementados entonces por el Gobierno nacional y por los Gobiernos provinciales a raíz de la pandemia de covid-19 y del aislamiento preventivo y obligatorio entraron en marcha: «Esos programas rompieron la tendencia al alza y lograron estabilizar la tasa de pobreza en la niñez hasta el primer semestre de 2022, momento a partir del cual acusan una suba muy fuerte».
Puede constatarse, señala Unicef, que en 2023 siete de cada diez niñas y niños experimentan carencias, ya sea monetarias o privaciones en el ejercicio de algunos de los derechos tenidos en cuenta en este informe. Dicho de otra manera, solamente el 31% de las niñas, niños y adolescentes en el país está libre de toda forma de pobreza. Las chicas y los chicos que se ubican en la situación más desfavorable son aquellos que presentan privaciones en ambas dimensiones simultáneamente (es decir, son pobres por ingresos y al mismo tiempo sufren privaciones en el ejercicio de alguno de sus derechos): corresponden al 31% del total. En términos absolutos, serían al menos 8,6 millones los que experimentan privaciones de alguno de los dos tipos, y 3,8 millones los que experimentan ambos tipos de manera simultánea.

«El nivel de pobreza en el primer trimestre de 2024 afectaría al 70,8% de las niñas y niños del país, mientras que el de pobreza extrema ascendería al 34,4%. En términos absolutos, estas cifras implican 8,8 millones de niñas y niños en situación de pobreza monetaria total, y 4,3 millones en situación de pobreza monetaria extrema o indigencia. De darse estos valores, la pobreza monetaria total habría aumentado 15 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año 2023, mientras que la pobreza extrema lo habría hecho en 21 puntos porcentuales», se lee en el documento realizado en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares.
Según investigaciones del Observatorio Villero de la organización social La Poderosa, el 60% de las personas que van a sus comedores (tienen en todo el país) y merenderos son niños, niñas y adolescentes. «Nos cuesta mucho garantizar alimentos nutritivos de los que se necesitan en los primeros años de vida, nos cuesta acceder a la leche, a las frutas y verduras, a la carne. Lo que viene sucediendo en la mayoría de los comedores nuestros no es que cierran, sino que estiran la comida o cocinan con menos cosas, por lo que empeora la calidad nutricional», dice Claudia Albornoz, cocinera comunitaria y referente de La Poderosa a Acción.
Desde que el Gobierno nacional dejó de entregar alimentos a los comedores y merenderos (son más de 55.000 en todo el país), Claudia cuenta que «la comida la tenemos a partir de gestiones con privados, algunas gestiones locales, y campañas de donaciones con artistas, que nos permiten seguir subsistiendo. De Nación, desde que asumió Milei, no bajaron ni un paquete de arroz». Albornoz dice, además, que a los comedores se está acercando mucha gente que antes no iba, incluso personas con salarios formales: «Es importante entender también que el Potenciar Trabajo, al estar congelado, perdió casi un 48% su poder adquisitivo desde que asumió Milei», explica la referente. Y en relación con el comienzo de clases, explica que la «ayuda escolar» de Anses de 70.000 pesos aún no llegó a las familias y que, ante esa situación, La Poderosa llevó adelante una campaña para obtener útiles escolares a través de las redes sociales y consiguieron la canasta escolar de más de 1.500 chicos y chicas.
Las organizaciones sociales de todo el país vienen luchando desde hace décadas contra el hambre porque entienden que, en un país hecho de pan, el hambre es político. Omar Giuliani, dirigente de la Federación Nacional Territorial de la CTA, dice: «Hay 10 millones de personas sin un plato de comida, por eso nos juntamos todas las organizaciones para construir un plan de lucha en unidad. Entendemos que el hambre es un crimen y que lo que se intenta es disciplinar a la clase trabajadora. La pedagogía de la crueldad es parte del sistema capitalista y ante eso, las organizaciones de la niñez trabajamos en la pedagogía del abrazo y de la ternura como herramienta transformadora para nuestros pibes y nuestras pibas».

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