3 de julio de 2024
Un proyecto de ley pretende declarar la enseñanza pública como un servicio esencial, vulnerando así el derecho a huelga de docentes y auxiliares. Opinan abogados y gremialistas.
Guardias mínimas. El proyecto establece que los docentes deberán garantizar la apertura de las escuelas durante un paro.
Foto: Jorge Aloy
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados dictaminó favorablemente para declarar la educación pública como un servicio esencial, pese a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Nacional.
El proyecto, que se debatirá en el recinto en los próximos días, fue presentado por los legisladores del PRO, Alejandro Finocchiaro –exministro de Educación en el Gobierno de Mauricio Macri–; de la UCR, Carla Carrizo; y se complementó con las firmas de varios diputados de los mismos partidos más los de la Coalición Cívica y Evolución Ciudadana. Votaron en contra los bloques Unión por Todos y Frente de Izquierda Unidad.
El proyecto establece un «Sistema de Guardias Mínimas Educativas Obligatorias» que deberán cumplir los docentes garantizando así la apertura de las escuelas. Y especifica textualmente que «en caso de paro o huelga docente y no docente, si se produce por uno o dos días continuos o discontinuos, la escuela deberá garantizar el 30% del plantel docente y no docente; y a partir de los tres días, se garantizará el 50%».
La esencialidad, según la OIT, se aplica cuando está en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población: «Para los órganos de control del sistema de OIT, la educación no ha sido incluida como servicio esencial. En realidad, en varios pronunciamientos expresamente se estableció que no lo era. Conforme el régimen constitucional argentino, las normas de los tratados internacionales, en este caso convenios de OIT, tienen prevalencia sobre las leyes», explicita el abogado, docente de Derecho Laboral e integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas, Guillermo Gianibelli.
Rechazado por la Justicia
El proyecto, que no fue debatido con la comunidad educativa, tiene su génesis en el primer decreto del Poder Ejecutivo, rechazado por la Justicia, luego en la abortada Ley Ómnibus y siempre objetado por los docentes tal cual señala el secretario de Educación de la Ctera, Miguel Duhalde: «Eso deja al desvelo la concepción que tienen estos legisladores de la educación: una guardería donde se depositan los alumnos. Es una aberración pedagógica. La única intención es vulnerar el derecho a huelga porque si considerasen que la educación es esencial debieran preocuparse por el presupuesto, por la infraestructura, por la no aplicación del ajuste que está aplicando el Gobierno».
Además de infringir la normativa de la OIT y la Constitución Nacional que garantiza el derecho a huelga, el proyecto, de tan solo cinco artículos, pretende modificar la Ley Nacional de Educación Nacional sancionada en 2006, aprobada por todos los bloques políticos, que considera a la educación como un derecho garantizado por el Estado, no como un servicio. Calificarla como un servicio supone severas consecuencias que ejemplifica Duhalde: «La declaración de un servicio abre aún más la puerta para la privatización porque se trata de una prestación que permite entender a la educación como una mercancía, no como un derecho que tiene que brindar el Estado. Profundiza las desigualdades. Un servicio no es un derecho».
Ley Nacional de 2006. Los docentes reclaman que se respete la norma que considera a la educación como un derecho, no como un servicio.
Foto: NA
Pero, además, para que las guardias de los maestros se efectivicen en caso de paro docente, el proyecto libertario en su artículo 4° propone que sea el equipo directivo de la escuela quien, a comienzo de las clases, confeccione un listado del personal docente y no docente que eventualmente cumplirá con la asistencia en caso de huelga. Así lo ejemplifica Duhalde: «Es muy grave poner al equipo de conducción como un buchón en un contexto donde se avanza con la imposición del presentismo, independientemente de la causa: da lo mismo estar enfermo, cuidar a un familiar… Eso agrava la situación. Antes del Gobierno de Milei solo tres provincias descontaban presentismo, en lo que va del Gobierno son once las que lo están aplicando».
Pese a interferir concretamente sobre los derechos laborales, el dictamen aprobado por los legisladores sugestivamente no fue girado ni a la comisión de Presupuesto ni a la de Trabajo. En este sentido surge la duda acerca de cómo y en qué choca este proyecto con la actual ley laboral. Gianibelli aclara: «La ley vigente 25.877, en el artículo 24° no incluye, obviamente, a la educación en los servicios esenciales. El proyecto debería modificar esta norma. Y por supuesto ser pasible del planteo de inconstitucionalidad».
Inconstitucionalidad
Queda claro que ni la Constitución, las leyes laborales argentinas ni la OIT consideran a la educación como un servicio esencial. Pese a esto, podría prosperar el proyecto si los legisladores votasen a favor. «De avanzarse en un proyecto en tal sentido se podría luego plantear la inconstitucionalidad. Sobre todo, porque para efectuar dicho control de constitucionalidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fundado sus fallos en la doctrina de los órganos de control de OIT –explica Gianibelli–. El proyecto puede prosperar e, incluso, convertirse en ley. Nuestro sistema no tiene un control de constitucionalidad previo sino para el caso y una vez vigente la ley. Así que en ese supuesto cualquier sindicato, por ejemplo, podría plantear la inconstitucionalidad», concluye el abogado.
La Unión docentes argentinos, el sindicato Ademys y el gremio mayoritario de docentes, Ctera, manifestaron su rechazo a la iniciativa de esencialidad de la educación. Duhalde anticipa posibles medidas en caso que la propuesta se convierta en ley: «La Ctera va a retomar todo su trabajo jurídico. Ya lo hizo en otra oportunidad cuando a través de un amparo la Justicia determinó que fue inconstitucional y la OIT ratificó que la educación no es un servicio público esencial».
La pretensión de declarar a la educación como un servicio esencial no es solo propiedad del Gobierno libertario, tiene varios antecedentes: durante el Gobierno del expresidente Fernando de La Rúa, lo intentó la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich –hoy de Seguridad–, quien firmó una resolución que derivó en el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo; intento que terminó frustrado porque la Corte Suprema de Justicia lo consideró inconstitucional. Luego, en 2014, durante el Gobierno de Daniel Scioli, se intentó en la provincia de Buenos Aires y más acá, también, María Eugenia Vidal, absolutamente enfrentada con los docentes bonaerenses, había ordenado avanzar en ese sentido.
El Gobierno de Milei desfinancia a la educación pública: durante la paritaria de marzo ofreció un salario de 325.000 pesos, oferta rechazada por todos los gremios que exigen, entre tantos otros reclamos, nueva convocatoria y la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) que representa entre el 10% y el 20% del salario de los maestros. Datos del Centro de Economía política (CEPA) indican que hubo un 0% de ejecución, además, en partidas para el Programa Conectar Igualdad y el del Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos educativos. Una situación sustantivamente antagónica con la pretensión de obligar a los maestros a cumplir guardias en las escuelas.
