21 de octubre de 2025
La Ley Nicolás busca reducir daños evitables en la atención cotidiana, garantizar derechos de pacientes y trabajadores y alcanzar una mejora continua en hospitales y clínicas. Un proceso colectivo.
Gabriela Covelli. La mamá de Nicolás Deanna, fallecido en 2017 a los 24 años, encabezó una lucha persistente para transformar una tragedia en política pública.
Foto: NA
El Congreso aprobó recientemente la Ley Nicolás de Calidad y Seguridad Sanitaria, una norma que busca reducir daños evitables en la atención, garantizar derechos de pacientes y trabajadores e instalar la cultura de la mejora continua en hospitales y clínicas.
La ley lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo y no acceder al tratamiento adecuado y oportuno. Desde entonces, su madre, Gabriela Covelli, encabezó una lucha persistente para transformar una tragedia en política pública. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados en 2023 y el pasado 18 de septiembre el Senado lo convirtió en ley.
A diferencia del primer borrador, que proponía cambios en el Código Penal y generó resistencias en el sector, el texto definitivo deja atrás el enfoque punitivo y construye un marco jurídico e institucional para garantizar una atención sanitaria segura y de calidad, tanto para quienes reciben atención como para quienes la brindan.
La normativa se aplica a todas las instituciones proveedoras de servicios de salud –públicas, privadas y de la seguridad social– que deberán cumplir con estándares mínimos: contar con protocolos de atención, auditorías internas, monitoreo de infecciones y caídas, registro de eventos adversos y planes de capacitación permanente. También deberán ofrecer información accesible para que los pacientes puedan participar activamente de sus tratamientos y garantizar condiciones laborales seguras para los equipos de salud.
Entre las herramientas centrales, la ley crea un registro unificado de eventos centinela dentro del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), donde se documentarán los daños graves o fallecimientos producidos durante la atención y los resultados deberán publicarse anualmente, «no para castigar, sino para aprender», como explica, en diálogo con Acción, la especialista en gestión de salud Cecilia Zerbo, quien participó en la redacción de la ley. Para Zerbo, «el primer proyecto de ley era penalizador; el definitivo es transformador».
Proceso colectivo
Zerbo, que fue directora de Calidad del Hospital Posadas y hoy es referente del Programa de Calidad del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, señala que «la ley legitima un trabajo que se viene haciendo hace muchos años en hospitales públicos, privados y organizaciones» y apunta que no es solo consecuencia de un hecho trágico sino «el resultado de un proceso colectivo donde confluyeron familias de víctimas, profesionales de la salud y un movimiento internacional que está repensando la calidad en los sistemas sanitarios». Y agrega: «Durante años la calidad fue optativa, ahora es un derecho para los pacientes y una obligación profesional».
La especialista explica, además, que la ley incorpora el concepto de cultura justa, un modelo que deja atrás la lógica del castigo individual frente al error: «En un evento adverso hay una primera víctima –el paciente– y una segunda víctima –el profesional que se equivocó–. El objetivo no es señalar culpables, sino transformar los sistemas para que el error no se repita. Capacitar, medir, corregir». Y aclara: «No se trata de negar el error, sino de diferenciar entre el que se equivoca involuntariamente y el que es negligente sistemático. La ley apunta a transformar, no a perseguir».
Cumplimiento. La ley se aplica a todas las instituciones proveedoras de servicios de salud públicas, privadas y de la seguridad social para cumplir estándares mínimos.
Foto: Patricio Murphy
La norma también promueve un cambio estructural en la formación: desde ahora, las residencias médicas y los programas universitarios deberán incluir contenidos de calidad, seguridad sanitaria y prevención cuaternaria, es decir, evitar intervenciones innecesarias o dañinas. Se establece además la adhesión oficial al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, cada 17 de septiembre, para visibilizar estos temas en la agenda pública.
Transformar el sistema
Pero la ley no se limita a procedimientos o indicadores, sino que propone replantear el vínculo entre personas y sistema de salud. «Hoy tenemos niveles de infecciones hospitalarias, caídas o muertes maternas que no deberían existir, y enormes inequidades de acceso según el código postal», señala Zerbo. «En Argentina, no solo importa la cobertura, importa el código postal: hay vidas que valen más dependiendo de donde naciste. Esta ley obliga a auditar, medir y transparentar resultados, y eso es lo verdaderamente revolucionario», agrega la especialista y concluye: «Todos vamos a ser pacientes en algún momento, la pregunta es cómo queremos ser tratados. Esta ley abre la posibilidad de transformar el sistema hacia políticas de cuidado, con calidad, seguridad y humanización».
