La ley que otorga una asignación económica y otras formas de contención para niños que quedaron huérfanos a causa de un femicidio apunta a proteger a las víctimas colaterales de una de las formas más brutales de la violencia machista.
13 de febrero de 2019
Hace tres años, la familia Barrionuevo pasó la navidad con Iván. Daiana llevaba cuatro días desaparecida. Se fue con otro, les dijo Iván a los Barrionuevo. Y los Barrionuevo le dieron consuelo. Pero algo no estaba bien. O por lo menos así lo creía Osvaldo, el papá de Daiana. No podía creer que su hija hubiera dejado a sus mellizos de siete años y a Brisa, que para ese entonces tenía dos. ¿Dónde estaría? Esa Navidad Osvaldo se hizo la pregunta una y otra vez. Dos semanas después, el 10 de enero, la respuesta llegaría de la manera más trágica e irreparable. El cuerpo de Daiana fue hallado dentro de una bolsa que flotaba en un río de Moreno. Iván Adalberto Rodríguez fue condenado a prisión perpetua por homicidio calificado. Daiana había muerto asesinada a causa de sus golpes y el caso, tres años después, le dio nombre a una ley que enmarca una de las manifestaciones más desgarradoras de la violencia de género: finalmente la Ley Brisa, que otorga una reparación económica y establece otras formas de contención para los hijos de las mujeres víctimas de un femicidio, fue reglamentada.
«Un punto esencial es que se hable de reparación. La palabra hace que sea compatible con otros beneficios. Otro punto también importante es que la ley haga referencia a la salud integral. Es decir, el Estado debe dar asistencia no solo en lo que se refiere a la salud física, sino también a la salud psíquica. Estos chicos han vivido situaciones traumáticas, de enorme violencia psicológica. Por eso hicimos mucho hincapié en esto», evalúa Ada Rico, titular de La Casa del Encuentro, la organización que viene motorizando la iniciativa. Según explica, todo arrancó en 2009: «Cuando presentamos el primer informe sobre femicidios, enseguida nos hicimos la pregunta. ¿Y qué pasa con todos esos niños y esas niñas? ¿Y qué pasa con esas familias? Cinco años después se conoció el caso de Daiana, que pasó a ser emblemático por el nivel de crueldad. “¡Pídanles a los reyes que les traigan a su mamá!”, contaron sus abuelos que el femicida les decía a los niños».
Cobertura integral
En concreto, la norma prevé una mensualidad equivalente a un haber jubilatorio mínimo e incluye una cobertura integral de salud para todos los niños cuyas madres hayan muerto en un caso de femicidio. Como explica Rico, al no tener un efecto indemnizatorio se extingue cuando las «víctimas colaterales», es decir los hijos de las víctimas fatales de femicidios, cumplen los 21 años, y es compatible con la Asignación Universal por Hijo, el régimen de Asignaciones Familiares u otras prestaciones sociales de las cuales sean destinatarios. En los casos de discapacidad, tendrá carácter vitalicio. Según explicita la ley, no es necesario que medie una condena. La norma se aplica una vez que el femicida haya sido procesado.
«En el grupo, por ejemplo, tenemos a un adolescente que este año para el Día de la Madre se quiso suicidar… Imaginate, si a nosotros nos cuesta vivir con eso, cómo puede llegar a repercutir en un niño», la voz del otro lado del teléfono se quiebra en un pequeño silencio. Hace tres años Marcela Morera fue quien encontró muerta a su hija Julieta en el baño de la casa de su novio. Allí se enteró además de que tenía un embarazo de dos meses. Hoy integra Atravesados por el femicidio, una organización formada por los familiares de víctimas de violencia de género. Según repasa, solo dentro del grupo hay unos 50 niños que han quedado huérfanos de sus madres, muchos de ellos con secuelas irreparables. Recuerda, por ejemplo, el caso de Vanesa, quien fue prendida fuego por su pareja. Vanesa estaba embarazada. Le practicaron una cesárea de urgencia. Ella falleció a los 4 meses. Su niña, hoy a cargo de la tía, logró sobrevivir pero tiene enormes problemas de salud.
Sin respuestas
La Ley Brisa, que fue aprobada a mediados de 2018, forma parte de una serie de medidas implementadas durante los últimos años, como la Ley de Responsabilidad Parental, sancionada en mayo de 2017 para que los femicidas no puedan ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijos, o bien la norma que formalizó un régimen de protección para las víctimas de delitos estableciendo la creación de centros de asistencia y protección abiertos las 24 horas. Sin embargo, lo cierto es que –más allá del carácter reivindicatorio de estas iniciativas– la ley representa muchas veces tan solo el primer paso de un largo y complejo proceso.
Un ejemplo de ello es el caso Zambrano. El 13 de julio de 2008, en Palpalá, provincia de Jujuy, José Manuel Zerda asesinó a Adriana Marisel, su exesposa, delante de la hija de ambos, de nueve meses. Sin embargo, para el juez Mario Ramón Puig fue un homicidio preterintencional, es decir que no quiso matarla. La familia de Adriana apeló, pero la presentación fue denegada. Zerda tuvo una condena de cinco años, salió libre y obtuvo un régimen de visitas. Morera resume el cuadro con incredulidad: «Seguimos sin tener respuesta del Estado. ¿Cuántos casos se han declarado como suicidio y después se corrobora que fueron mujeres asesinadas? ¿Dónde están los forenses aportando pruebas? ¿Cuántas sentencias tenemos que ni siquiera llegan a los diez años? Estas leyes ayudan, nadie lo niega, pero la cuestión de fondo no se soluciona. Los familiares siguen estando muy solos».
