3 de julio de 2025
El nuevo régimen anunciado por el Gobierno consolida la precarización laboral y debilita el sistema de salud. Críticas a un modelo que promueve la competencia y desarticula la formación pública.
Contra los recortes. Universitarios y profesionales de la salud en la Marcha Blanca desde el Congreso hasta Plaza de Mayo.
Foto: Guido Piotrkowski
El Gobierno nacional anunció recientemente dos medidas dirigidas al sistema de residencias médicas: un puntaje adicional para egresados de universidades nacionales y una reforma estructural al régimen de formación. Ambas fueron presentadas como avances, pero especialistas advierten que detrás de una narrativa de ampliación de derechos se esconde un proceso de desmantelamiento progresivo del dispositivo de formación en salud y de precarización del trabajo médico.
Cinco puntos, mucho ruido
El Ministerio de Salud lanzó un «nuevo esquema soberano» que otorga cinco puntos extra en el orden de mérito del ingreso a residencias médicas a quienes hayan cursado íntegramente en universidades argentinas con el argumento de poner en valor la formación nacional y priorizar a quienes «eligieron formarse en nuestras universidades y comprometerse con la salud de los argentinos».
Sin embargo, la medida fue rápidamente objetada por el sociólogo Martín Recanatti, el médico clínico Emiliano López y el especialista en salud pública Claudio Ortiz, autores del artículo «¿Más justo para quién? El mito de los cinco puntos extra», publicado en el diario Tiempo Argentino. En diálogo con Acción, los especialistas coinciden en que se trata de una decisión efectista, con poco sustento técnico y sin impacto estructural relevante.
Según datos del Observatorio Federal de Talento Humano en Salud, entre 2018 y 2022 el 58% de quienes rindieron el Examen Único de Residencias fueron egresados de universidades nacionales. Solo el 9% provino del exterior. Aunque los egresados de universidades extranjeras suelen tener promedios más altos, sus puntajes en el examen fueron notablemente más bajos: 45,4 frente a los 60,5 de los nacionales. «Hoy los extranjeros no están compitiendo con los nacionales y hay cargos que no se cubren», advierte Ortiz.
Para Recanatti, la bonificación «puede tener un valor simbólico, pero no mueve el amperímetro. Lo preocupante es que alimenta una lógica de competencia entre nacionales y extranjeros que resulta engañosa y peligrosa». Y agrega que «no hay ninguna evidencia que demuestre que la medida mejora el acceso ni la calidad de las residencias. Por el contrario, es probable que incremente la fragmentación del sistema».
López refuerza esa mirada y recalca que «el residente ya es un profesional que trabaja mientras se forma. Presentar esto como un premio a los nacionales y una barrera para los extranjeros solo debilita al sistema». Por su parte, Ortiz coincide en que «no se trata de evitar que vengan profesionales del exterior, sino de fortalecer nuestro sistema formador. Si vienen es porque tenemos una buena formación. Eso debería ser un motivo de orgullo, no de exclusión».
¿Libre elección?
Casi en simultáneo, el Ministerio oficializó la Resolución 2109/2025, que modifica el Sistema Nacional de Residencias Médicas bajo la consigna de ampliar derechos mediante la «libertad de elección». La reforma establece que cada residente podrá optar entre dos modalidades: la tradicional «Beca Ministerio» o una nueva figura, la «Beca Institución».
La primera conserva el régimen actual: descuentos previsionales, cobertura estatal de salud, ART y mala praxis a cargo de la institución. La segunda, en cambio, promete un ingreso bruto mayor sin descuentos, con ART y cobertura de mala praxis, y la posibilidad –discrecional– de recibir adicionales otorgados por la institución médica.
El problema central es que, en nombre de la autonomía individual, se elimina el reconocimiento laboral del residente y se borran las referencias a la «formación en servicio» y al «modelo formativo remunerado». «La Beca Institución implica renunciar a aguinaldo, obra social estatal, aportes jubilatorios y cualquier forma de estabilidad, «una trampa cuidadosamente construida», definen López, Ortiz y Recanatti.
«Esta falsa libertad de elección es una estrategia para legalizar la precariedad. Se presenta como algo progresivo, pero en realidad borra conquistas históricas» agregan y advierten que elegir la beca sin aportes representa quedarse sin derechos al tiempo que elegir la otra, supone cobrar menos. «Eso no es libertad: es una imposición solapada», sintetizan.
El peligro es doble: por un lado, los residentes quedan desprotegidos jurídica y laboralmente; por otro, se profundiza la fragmentación del sistema, con trabajadores en distintas condiciones dentro de un mismo régimen formativo. «El Ministerio elude su responsabilidad como garante del derecho a la salud y traslada el conflicto a los profesionales en formación», apuntan.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se manifestó rápidamente en contra de la medida y señaló que «esto no es libertad, es flexibilización laboral encubierta» y cuestionó «¿Cómo puede ser opcional tener aportes jubilatorios después de cinco años de formación y trabajo?».
Buenos Aires. Miles de profesionales rindieron el examen que habilita el ingreso a hospitales públicos.
Foto: NA
Desfinanciamiento
La reforma se inscribe en un contexto de ajuste profundo: recorte presupuestario a las universidades, hospitales con déficit crónico, salarios congelados y condiciones laborales críticas. En 2023, la cantidad de egresados en medicina cayó un 20%. «Si desfinanciás la universidad y no garantizás condiciones dignas de trabajo, ningún incentivo simbólico va a revertir la crisis», sentencia López.
En tanto, Ortiz resume la contradicción central: «El 70% de quienes se presentan al examen provienen de universidades públicas. Entonces, si de verdad se quiere fomentar la formación nacional, hay que empezar por garantizar su financiamiento y calidad, no por dar premios que no modifican nada» .
Mientras el Gobierno instala la narrativa del mérito, la competencia y la elección individual, lo que se profundiza es el deterioro del sistema. La nueva resolución restablece guardias de 24 horas, habilita su incremento «si los objetivos de aprendizaje lo requieren», y sanciona ausencias «injustificadas» por fuera de la lógica laboral. Se elimina también la modalidad Básica Integrada, que buscaba articular la formación de grado con la residencia.
Precarizar y disciplinar
Las residencias, pensadas como dispositivos clave para formar profesionales comprometidos con el sistema público, están siendo vaciadas en lo simbólico y en lo material. «La precarización atraviesa todo el sistema, público y privado. Si una parte cae, se desmorona todo», alerta López y Ortiz sintetiza que «sin condiciones de formación dignas, no hay salud pública posible».
La doble ofensiva –los cinco puntos y la reforma del régimen– parece apuntar a un mismo objetivo: dividir al colectivo de residentes, promover la competencia interna, debilitar la organización gremial y transferir el costo de la crisis a quienes están en formación.
La fragmentación normativa, la pérdida de estándares comunes y la negación de derechos previamente adquiridos conforman un escenario regresivo. En lugar de políticas de Estado que fortalezcan el sistema sanitario y educativo, se ofrecen tecnicismos efectistas, incompatibles con una mirada estratégica sobre la salud pública.
Los especialistas concluyen que no se trata solo de un puntaje ni de una elección entre dos becas. «Lo que está en juego es la calidad de la atención, la planificación del recurso humano en salud y el derecho de miles de profesionales a formarse y trabajar en condiciones dignas».
