31 de mayo de 2024
La promoción de una sociedad individualista ahonda las brechas en el acceso a la atención de la salud mental. El lazo social y la política como respuestas.
Tiempos díficiles. Un 45,5% de los argentinos considera que está atravesando alguna situación crítica.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud mental como «un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad», pero son tiempos de un bienestar cada vez más frágil.
A nivel global, el organismo internacional estima que para el año 2030 los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo, a la vez que pronostica que una de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida; que para 2050 la depresión será la principal causa de estas enfermedades, con una proyección que se agrava si se tiene en cuenta que entre el 35% y el 50% de las personas con problemas de salud mental no reciben ningún tratamiento y quienes sí lo hacen, no reciben el tratamiento adecuado.
La OMS también alerta que los trastornos de salud mental aumentan el riesgo de contraer otras enfermedades y contribuyen a lesiones no intencionales e intencionales. Además, señala que, en la región, el gasto público medio es apenas un 2,0% del presupuesto de salud.
Estos pronósticos generales –y alarmantes– se ven agravados cuando las políticas sanitarias se alejan de las necesidades poblacionales y se profundizan cuando predominan modelos económicos que generan cada vez más brecha en el acceso a la salud. Por caso, un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA señala que el riesgo de padecer un trastorno mental entre los argentinos es del 9,4% y entre los participantes del estudio, un 45,5% «considera que está atravesando alguna crisis, siendo las de mayores puntajes la vital y la económica».
Así como durante el primer año de la pandemia de covid-19 las tasas de trastornos tales como depresión y ansiedad aumentaron en un 25% según el «Informe mundial sobre salud mental», el modelo económico que hoy se impone en el país también tiene injerencia directa sobre la salud de las personas.
En diálogo con Acción, el médico psiquiatra Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina, lo sintetiza: «No existe un sistema de salud justo en un contexto injusto, es absolutamente imposible pedirle al sistema de salud que sea equitativo, solidario, suficiente, que llegue a todos y a todas, en un sistema mercantilista en donde lo que predomina es la búsqueda de lucro y la ética individualista». En definitiva, sin un camino donde concebir un sistema social y económico justo y equitativo, tampoco existe la posibilidad de concebir un sistema de salud que se le asemeje.
Romper lazos
«Cuando existen períodos oscuros de violencia discursiva, de descuido de las subjetividades, de discursos de odio, de aniquilación del adversario, empeora muchísimo el bienestar poblacional general», sostiene Santiago Levin y refiere que «desde las políticas de la derecha se ataca el lazo social porque es el que habilita la solidaridad, la cooperación y la salida colectiva de los problemas».
Para Levin, «vivimos en una sociedad que no promueve el cuidado de los demás, que incentiva la ética individualista donde cada uno se mueve como puede y si no se jode», y señala que las barreras de acceso a la salud mental «se parecen mucho a las que existen para acceder a la salud en general con los accesorios de la escasez de profesionales y el estigma social que pesa sobre las personas que padecen de trastornos mentales». El médico psiquiatra profundiza en que, además de aquellos obstáculos que funcionan en la mente del propio individuo «en el sentido de negar o no querer mostrar lo que le pasa», existen los que tienen que ver con la inequidad social, esos que señala como «la falta de cultura de prevención y del cuidado propio y de los otros».
Para graficar la brecha sanitaria, esa distancia que existe entre una necesidad y la oferta estatal para atenderla, pone de ejemplo la esquizofrenia: «En toda nuestra región es mayor al 80%, no solo en Argentina, y esto quiere decir que 8 de cada 10 personas que la padecen, nunca van a tener un diagnóstico ni un tratamiento». Con una mirada crítica señala además que la realidad está lejos del «enfoque clase mediero y metropolitano de la salud mental cuando le hablamos a personas que tienen la heladera llena y un sueldo depositado a principios de mes».
Estrategias integrales
Una vez más, lo que se necesitan son políticas públicas y así como las vacunas son un ejemplo de lo que funciona bien porque existe un diagnóstico poblacional certero, cuando se habla de salud mental debiera existir la misma preocupación estatal, con campañas de educación y concientización, acompañadas de inversiones diseñadas a estrategias puntuales.
«Las políticas públicas no son solamente planes que se ponen en un papel por escrito y después un funcionario los tiene que aplicar automáticamente, sino que necesitan recoger datos de la población, conocer bien los problemas para diseñar los modos de atenderlos», cuestiona Levin y lamenta que, cuando hay pocas o malas políticas públicas, también hay pocos y malos datos que no contribuyen a entender qué es lo que está pasando y apunta que es necesario desarrollar un sistema de epidemiología y vigilancia permanente, además de contar con los efectores de salud suficientes.
En sintonía, un trabajo del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina titulado «Investigación sobre barreras de acceso a los servicios de salud mental en Argentina» manifiesta que para el correcto abordaje de la problemática de acceso a servicios de salud mental resulta imprescindible desarrollar estrategias integrales que contemplen tanto las barreras –personales, económicas, culturales y sociales, organizacionales–, tanto como la situación de profesionales de la salud y los recursos con los que se cuenta para brindar atención.
Barreras. La falta de recursos económicos conspira contra la posibilidad de acceder a una consulta.
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El trabajo –que recolectó información sobre la población adulta de entre 18 y 70 años que reside en Argentina, en un operativo de campo desplegado en 20 provincias– resalta que alrededor del 40% de quienes identificaron barreras económicas, las vinculan con la falta de dinero para abonar la consulta (21%) y con la imposibilidad de perder un día de trabajo (20%). En este último punto, el informe sostiene que puede relacionarse directamente «a las condiciones de empleo existentes y a la necesidad de garantizar los espacios de salud mental en las personas que se encuentran insertas en el mercado laboral, tanto de manera formal como informal». Incluso a sabiendas de necesitar atención psicológica –describe el informe– muchas personas no acceden por no contar con los recursos monetarios para afrontar el costo de las consultas o porque no logran conseguir turno con el servicio público y entre quienes lo consiguen, un 39% refiere que lo hace en fechas lejanas. Entre los datos recogidos cabe resaltar que el 46% afirmó tener cobertura de obra social, el 13% cobertura de salud privada y el 41% cobertura de salud pública exclusiva.
Unos mucho, otros nada
Consultado sobre si la brecha en el acceso a la salud mental también se plasma en escenarios antagónicos –donde mientras a algunas personas se les niega, otras acceden a mucha medicación–, Levin sostiene que «hay una porción de la población que está sobremedicada y otra sobremedicalizada, que son dos cosas distintas». «La medicación es la cantidad de pastillas y la medicalización es la transformación de problemas no médicos en problemas médicos que luego se convierten en mercancías que se venden y que se transan en el mercado», apunta, y considera que «hay en algunos sectores de la población demasiado diagnóstico y demasiado tratamiento y en otros hay demasiado poco».
Las causas, señala el profesional, tienen que ver con las estructuras sociales injustas y regresivas «en un país como el nuestro que en este momento está llegando al 60% de pobreza, con cinco o seis millones de personas viviendo en villas miseria o en barrios de emergencia». En este punto, también advierte que la comunicación en salud necesita un diseño que esté acorde con determinados fines que tienen que ser trazados desde el Estado.
«La salud pública es la disciplina que estudia los problemas de salud de la población y las posibles soluciones con el axioma de que lo que existe para unos pocos se pretende para todos», reflexiona y resalta que «la salud pública es el brazo sanitario de la equidad social».
En un escenario donde «la crueldad avanza», Santiago Levin convoca a trabajar, a través de los lazos sociales, «en la solidaridad y en la construcción de narrativas de futuro que nos puedan incluir a todos, como una condición indispensable para hablar de salud mental y también para hacer política».