Casi un año después de la histórica media sanción en Diputados, fue presentado un nuevo proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Las modificaciones incorporadas y las dificultades para tratar el tema en un año electoral.
26 de junio de 2019
Marea verde. Una movilización masiva acompañó la presentación en el Congreso. (AFP/DACHARY)
Las calles se volvieron a llenar de verde. En otra movilización masiva que reveló el capital político que supo cosechar el movimiento de mujeres, llegó al Congreso un nuevo proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El texto incorpora algunas modificaciones pero también deja de lado algunas concesiones que habían permitido la media sanción en Diputados. No obstante, la carrera electoral que sin dudas marca la agenda de este año abre un enorme signo de interrogación frente a las posibilidades que puede tener en este contexto la legalización del aborto. Según trascendió, el oficialismo y la oposición acordaron que el debate no avanzará este año, aunque referentes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal y Gratuito mantienen la ilusión de que el tema sea abordado tras el 27 de octubre.
En este sentido, desde las organizaciones, la respuesta parece ser unánime. «Es lo que decidió la mayoría», aseguran cuando se pregunta por la capitalización estratégica, o no, que implica haber hecho una nueva presentación. Fue bajo ese mismo consenso que se avanzó con este proyecto, resultado de una revisión de la iniciativa vieja, con los cambios que se habían implementado tras el paso por Diputados y los argumentos que se fueron escuchando a lo largo de aquellos cinco intensos meses.
Es así como el texto que vuelve a la Cámara Baja con la firma de 70 diputadas y diputados de un amplio arco político mantiene el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. En los casos de violación o bien en los que ponen en riesgo la salud integral de la persona gestante se puede avanzar pasado ese plazo. Al respecto, se excluyeron como causal los casos de malformación fetal, atendiendo las razones y reclamos expuestos por distintas organizaciones de discapacitados. Por otro lado, si bien se había suprimido durante el debate parlamentario, el nuevo texto autoriza la interrupción del embarazo en adolescentes de entre 13 y 16 años, y solo en los casos de menor edad se necesita el consentimiento de por lo menos un representante legal. Otra de las modificaciones fue la inclusión de un capítulo especial donde se reafirma la obligación del Estado en relación con la aplicación de la educación sexual integral (ESI) y se establece que se deberá enseñar sobre el aborto definido como un «derecho» de las mujeres y personas gestantes, «a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía».
Tiempos difíciles
«Si tuviera que resumir el espíritu de nuestro proyecto, diría que no es punitivo. No condena ni a la mujer que se hace el aborto ni al profesional que se lo practique», evalúa la socióloga Alicia Gutiérrez, quien como integrante de la Campaña Nacional participó en la elaboración del proyecto. Y sobre el escenario que se abre ahora, arriesga: «En ningún lugar del mundo salió de movida, ni con las mejores condiciones. Hoy nadie desconoce el contexto, pero también se puede volver una herramienta para traccionar la campaña electoral. Ellos saben que atrás nuestro esta la marea verde y en ella hay una enorme cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez».
En efecto, el tema sin dudas constituye un parteaguas importante y muchos de los legisladores hoy podrían ser más escurridizos con dar definiciones. «Un Congreso semiparalizado sin dudas constituye una dificultad –evalúa Mónica Macha, diputada de Unidad Ciudadana–. No obstante, las organizaciones, en función de su rol, reconocen la importancia de que el tema siga vigente. El apoyo popular se constituyó como una referencia que hoy hay que sostener». Por lo pronto, la foto que enmarcó la entrada del texto al Parlamento volvió a reunir a un arco transversal de diputados, muchos de los que el año pasado tuvieron una participación protagónica, como Daniel Lipovetzki (PRO), Romina del Plá (Frente de Izquierda) y Victoria Donda (Somos), aunque si se ven los plazos, las posibilidades resultan casi inviables. Hay quienes especulan con que el tema se debata tras las elecciones generales del 27 de octubre y antes del recambio parlamentario, lo cual ya de por sí resulta impracticable: el Congreso así contaría con menos de dos meses para discutir la sanción.
Desde el movimiento, consideran que más allá del resultado, sin dudas el debate del año pasado se tradujo en diversos y numerosos cambios (ver recuadro) como parte de una transformación irreversible. Gutiérrez lo sintetiza bien: «Definitivamente el aborto salió del closet. Se despenalizó socialmente y esa es la mayor ganancia. Desde la marea verde hasta la implementación de la ESI en las escuelas, dejó de ser una mala palabra. No se lo puede invisibilizar más».
