A una década del histórico fallo de la Corte, la cuenca sigue recibiendo desechos tóxicos y albergando basurales, mientras sus habitantes esperan que se cumplan las promesas de relocalización. Una población ignorada por las políticas públicas.
25 de abril de 2018
A diez años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente en todos sus aspectos y prevenir daños, la situación de la cuenca Matanza Riachuelo se presenta tan oscura como las aguas del río. La falta de control de la contaminación industrial, la autorización para verter sustancias prohibidas, el incumplimiento del plan de urbanización de asentamientos precarios y la inexistencia de una política de ordenamiento territorial son algunas de las graves deficiencias señaladas por el Cuerpo Colegiado encargado de controlar el saneamiento del Riachuelo.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación Vecinos La Boca conforman el Cuerpo Colegiado designado por la Corte. En el centro de sus críticas se encuentra la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), a la que requieren, entre otros reclamos, la coordinación de las acciones con los catorce municipios comprendidos en la cuenca.
«Uno de los objetivos de la ley de Acumar es la gestión de acuerdos necesarios para un ordenamiento del territorio que tenga en cuenta toda la cuenca y no cada municipio por separado. Al momento no se avanzó en lo más mínimo en ese sentido», dice el abogado Santiago Cané, de la FARN.
El fallo de la Corte en la llamada causa Mendoza, en julio de 2008, fue considerado histórico por las organizaciones civiles. «En los primeros años se limpió el lecho del río, se amplió la red de cloacas y la red de agua para más de un millón de personas y se logró un 30% de las relocalizaciones ordenadas. Pero eso es insuficiente, y además desde principios de 2015 no hay avances. Los problemas de Acumar vienen de antes del cambio de gobierno nacional y ahora se profundizaron», agrega Cané.
Después de la última audiencia, el 14 de marzo, la Corte ordenó que se establezcan plazos ciertos para el cumplimiento de la sentencia. En la resolución puntualizó el incumplimiento de los principales objetivos: de los 1.385 establecimientos industriales declarados agentes contaminantes, 880 no fueron reconvertidos; el saneamiento ambiental está comprometido por la reinserción de basurales a cielo abierto y la debilidad del sistema de recolección de residuos a cargo de los municipios; todavía hay demoras en la licitación del emisario submarino de Berazategui y la construcción del sistema Riachuelo, que según los plazos originales debían haber sido realizados en 2011 en función de expandir la red de agua potable y cloacas.
La relocalización de villas y asentamientos precarios es otra meta incumplida. Sin considerar el crecimiento de la población, sobre 17.771 viviendas proyectadas se terminaron 3.992, mientras que la liberación del camino ribereño del Riachuelo, el más expuesto a la contaminación, sufre un notorio retraso en la Villa 21-24.
«Desde 2015 no se entregan viviendas, y en la Boca se trabaja más por una cuestión de especulación inmobiliaria que por los derechos de las personas –dice Cané–. Los funcionarios no mostraron prácticamente ningún avance en la recomposición del río. Algo que la Corte no destaca en su resolución es que la provincia de Buenos Aires envió a la última audiencia a una asesora de una subsecretaría. Es decir, el gobierno de la provincia no tiene ningún interés en avanzar con la recomposición del río y en cumplir el fallo».
Una cadena de invisibilidades
Además del bajo cumplimiento del programa de urbanización de villas y asentamientos precarios, «la mala calidad tanto de las ubicaciones de los conjuntos habitacionales como de la edificación de las unidades ha sido una constante en todo el proceso», según un informe elaborado por las ONG. «Más que una solución, esto consolidó situaciones de exclusión social», agregaron las entidades, ya que los nuevos barrios se construyeron en terrenos descartados por el mercado inmobiliario «y con la peor calidad urbana y ambiental».
Un predio reservado para la construcción de 500 viviendas en Lanús fue destinado por un acuerdo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la municipalidad de Lanús a la construcción del Puente Lacarra, que conectará el barrio porteño de Villa Soldati con Villa Jardín, en Lanús. La decisión «solo tuvo un análisis burocrático sin relevancia por parte de Acumar», denunció el cuerpo colegiado.
«Es una obra que agrega problemas, ya que para su construcción se remueven barros altamente contaminados sin ningún tipo de precaución –detalla Cané–. El puente se extiende aguas abajo del arroyo Cildáñez, que es el gran colector de desperdicios de la ciudad, haciendo que sea más lento el escurrimiento». Según el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el proyecto apunta entre otros objetivos a facilitar el acceso a la futura Villa Olímpica, otro emblema de la propaganda oficial.
La antropóloga María Carman, autora del libro Las fronteras de lo humano. Cuando la vida humana pierde valor y la vida animal se dignifica, señala «una cadena de invisibilidades» en torno a los sectores más pobres. «Ciertas poblaciones son excluídas de programas públicos, educativos y sanitarios, porque son consideradas villas demasiado precarias o imposibles de ser urbanizadas, como si ese habitat no estuviera allí –destaca–. Esas políticas de omisión se combinan con otras de exceso, cuando por ejemplo el gobierno de la ciudad pone en juego acciones ilegales y desalojos más o menos violentos sobre esas poblaciones desfavorecidas».
La precariedad no es un efecto indeseado de los programas que se aplican, dice Carman, sino «una pieza clave de la política habitacional hacia los sectores populares, y ya lleva varios años». En la cuenca Matanza Riachuelo «es especialmente paradójico porque al mismo tiempo que se recorta una pequeña fracción de esas poblaciones para ser intervenidas y protegidas, al mismo tiempo se implementa una política que no es planteada como el acceso a un derecho sino como una dádiva y que perpetúa la precariedad».
Convidados de piedra
En marzo pasado, mientras funcionarios de Acumar exponían ante la Corte Suprema de Justicia, un operativo policial contuvo en la calle a vecinos que reclamaban participar en la audiencia. «La Corte les prohíbe presentarse en el proceso judicial, pese a que son quienes mejor pueden informar sobre la situación que viven. Cinco millones de personas que viven en la cuenca no tienen derecho a ser escuchados por un juez», dice Cané.
La Corte destacó «la marcada debilidad institucional de Acumar» como una falla estructural que impide cumplir el plan de saneamiento ambiental. Después de un intrascendente paso de Gladys González, el organismo quedó en junio de 2017 bajo la presidencia de Dorina Bonetti. Una de sus contribuciones fue un mapa de riesgo socioambiental que, según el vocero de la ONG, «es un paso adelante, pero se queda a mitad de camino, porque está orientado a localizar los barrios más afectados por la contaminación en lugar de vincular patologías con fuentes de contaminación de manera que se puedan establecer prioridades a la hora de trabajar».
La situación de la cuenca no es excepcional. «Tenemos muchos frentes en distintas partes del país y en la ciudad, al profundizarse el modelo extractivista que ataca salvajemente los recursos naturales –dice Cané–. El proyecto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que permite la incineración de residuos va a provocar más contaminación y enfermedades. Si se aprueba, las plantas se instalarían en el sur de la ciudad, como ocurre con este tipo de infraestructura, con lo que el problema se profundizaría».
