El rumor de un posible recorte y provincialización de la entrega de los medicamentos esenciales puso otra vez en alerta a la comunidad de personas que viven con el virus del sida. La postergada sanción de una ley nacional y otros reclamos.
7 de febrero de 2018
El temor a que el gran recorte oficial afecte también a servicios vitales como la entrega de medicamentos para tratar el VIH cobró forma pese a las sistemáticas desmentidas de los funcionarios de la cartera sanitaria. A fines de enero, cerca de 60 organizaciones nucleadas en el Frente Nacional por la Salud de las Personas Viviendo con VIH convocaron a una asamblea abierta frente al edificio del Ministerio, donde se expuso el resultado de las conversaciones que sus representantes sostuvieron con el secretario de Promoción de la Salud, Mario Kaler, el director del Programa Nacional de Prevención del VIH, Sergio Maulen, y demás funcionarios de la cartera a cargo de Adolfo Rubinstein.
El detonante fue el estado de alerta motivado por la suspensión, hasta fines de febrero, de la entrega a las provincias de las habituales partidas de Evirenz 600 y Zidovudina, dos de los antivirales que el Estado argentino por ley debe suministrar a quienes los necesiten. Algunas provincias reaccionaron respondiendo que se harían cargo de la compra por su cuenta, lo que a su vez alimentó en las redes sociales el rumor de que la intención del Ejecutivo sería desentenderse de las 70.000 personas sin cobertura social que en la Argentina sobreviven gracias a estos tratamientos, y delegar esta responsabilidad en las provincias. La respuesta desde el Ministerio a esta catarata fue anunciar una «compra de emergencia» de las drogas faltantes, lo que ciertamente tranquilizó los ánimos, pero no convenció a las asociaciones respecto de lo que señalan como cuestiones de fondo: la garantía de la provisión de los medicamentos –no es la primera vez que faltan– e incluso la posibilidad (como en Brasil) de producirlos a nivel nacional.
Construcción conjunta
Todo eso estaba contemplado en un proyecto de ley que acaba de naufragar: «La Ley de VIH, Hepatitis Virales e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) fue una construcción conjunta de toda la sociedad civil, la Dirección de sida y asociaciones científicas vinculadas a la temática; nos demandó tres años lograr un texto en el que pudimos estar todos de acuerdo, y durante 2016 y 2017 el oficialismo se negó a tratarlo y por eso diciembre perdió estado parlamentario, con lo cual tenemos que volver a iniciar todo el proceso, ingresando por Senadores o por Diputados para conseguir todos los avales de nuevo», le explicó a Acción Mariela Bacigalupo, de Fundación Grupo Efecto Positivo.
Este proyecto incluye la creación de un observatorio contra la discriminación y el estigma y otros aspectos relacionados con la calidad de vida, ya que la legislación actual, sostiene Bacigalupo, «data de los 90 y en su momento fue de vanguardia, pero ha quedado muy desactualizada y además no incluye a las hepatitis virales y otras ITS».
También preocupa a las asociaciones la posible firma de un acuerdo birregional UE-Mercosur con cláusulas que afectarían el acceso a medicamentos: «Se extenderían las patentes y no se podrían consumir genéricos en otros países; deberíamos comprarlos en Argentina al precio que los monopolios decidan». Pero lo peor, agrega, sería la protección de los datos de prueba, que implicarían que «cada vez que un medicamento se desarrolla, los ensayos serían de estado privado, con lo que para fabricarlos como genéricos habría que volver a hacerlos». Este tipo de ensayos, se sabe, son de un costo tan alto que solo las grandes corporaciones farmacéuticas pueden financiarlos.
Horacio Barreda, coordinador de la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes Positivos, participó de la reunión con los funcionarios y destacó que estos «se manifestaron tanto a favor de la sanción de una nueva ley como en contra de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea». Lo que las autoridades no aceptaron es que las ONG participen como contralor en la compra y distribución de los medicamentos para asegurar que no haya faltantes. Y se fijó una nueva reunión para el 23 de febrero.
Con sus banderas, las asociaciones formaron en la 9 de Julio el distintivo lazo rojo para que se viera desde lo alto. La salud, aseguraron, se construye día a día y depende de que no bajemos los brazos.
