19 de julio de 2024

María José Ralli

El Plan Enia, que logró bajar a más de la mitad la cifra de embarazos adolescentes, fue desmantelado. Retroceso de una política pública eficaz.

El ajuste y desguace de áreas clave del Estado impulsado por el Gobierno de Javier Milei pone en peligro el funcionamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el Plan Enia, tal como fue creado e implementado en 2017 por el Gobierno de Mauricio Macri y continuado por el de Alberto Fernández. El «rediseño» delega a las provincias su aplicación, según el deseo y criterio de cada una.

Frente a este escenario, más de 170 entidades reunidas en el Foro de Sociedades Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades le solicitaron al ministro de Salud, Mario Russo, la continuidad del programa resaltando que se trata de «un compromiso irrenunciable». «Consideramos que la prevención del embarazo en la adolescencia es una tarea urgente y prioritaria en la agenda política de nuestro país. Y que, por lo tanto, su abordaje debe traducirse en políticas públicas que ya hayan demostrado efectividad, ya que la prevención del embarazo en la adolescencia no puede ser considerada un gasto dentro del ámbito del Estado, sino una inversión en el bienestar y el futuro de nuestra sociedad», apunta la declaración, que advierte que la maternidad en la adolescencia es una manifestación de la inequidad social, ya que afecta principalmente a adolescentes de los estratos más vulnerados. La decisión de finalizar el buen funcionamiento y las contrataciones vinculadas al Plan, dice el Foro, «demuestra la falta de compromiso con la salud y el bienestar de las niñas y adolescentes de nuestro país». 

«El Plan Enia se convirtió en insignia en América Latina y el Caribe porque fue capaz de reducir los embarazos adolescentes en un 57,2% mediante estrategias intersectoriales, un profundo conocimiento de la problemática y de su contexto», detalla a Acción la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública, Alejandra Sánchez Cabezas, quien lamenta que, «a pesar de su efectividad comprobada y eficiencia económica, las autoridades de salud han decidido no continuar su implementación tal como fue diseñado, lo que resulta preocupante».

La Asociación Médica Argentina de Anticoncepción y la Sociedad Argentina de Ginecología Infantojuvenil coinciden en el diagnóstico y en un comunicado conjunto resaltan que la estrategia «ha demostrado su eficacia en la protección y promoción de la salud sexual y reproductiva de las adolescentes en nuestro país», cuyos resultados reflejan la importancia de seguir fortaleciendo este programa integral «para garantizar el acceso continuo de calidad, especialmente para los grupos más vulnerables de nuestra población».

Efectividad comprobada
«En nuestra región a menudo se confunde la gestión gubernamental con el control del Estado», analiza Sánchez Cabezas, y señala que «las administraciones exitosas que entienden esta diferencia son aquellas que pueden transformar la dirección de las políticas que deben ser transformadas porque no han mostrado buenos resultados, abordan problemas descuidados, pero continúan y fortalecen las políticas que han demostrado efectividad», y concluye que «un ejemplo de lo que no debería pasar es lo que está aconteciendo actualmente con el Plan Enia».

A pesar de su efectividad comprobada y eficiencia económica, la implementación del plan, tal como fue diseñado, fue discontinuado por las autoridades de Salud, y la preocupación radica en que el embarazo no intencional en adolescentes, especialmente en contextos de pobreza y desempleo, tiene un impacto desproporcionado en la vida de niñas y jóvenes. En primer lugar, porque las complicaciones relacionadas con el embarazo son una de las principales causas de muerte en adolescentes y los bebés de madres adolescentes enfrentan mayores riesgos de mortalidad y bajo peso al nacer. Pero, además, el embarazo adolescente también interrumpe la educación, contribuyendo a la deserción escolar y la falta de finalización de la secundaria. «Solo el 23% de las madres adolescentes logra completar la educación secundaria según lo esperado, en comparación con el 56% de quienes no son madres», grafica Sánchez Cabezas. «Por eso –dice– es tan importante abordar estos desafíos desde una perspectiva integral, reconociendo las interrelaciones entre salud, educación y desarrollo social, para garantizar un futuro más saludable y próspero para nuestras comunidades jóvenes».

Sin respuesta
Alejandra Sánchez Cabezas, que a la vez es miembro del consejo consultivo de la Asociación Civil Surcos –una de las firmantes de la declaración enviada al ministro– confirma que aún no han tenido respuesta: «No son claros, dicen que el Plan es una prioridad, pero sabemos que cualquier decisión política se manifiesta con asignación de recursos».

Lo concreto es que la nueva gestión hasta ahora no renovó los contratos de las 619 personas que llevaban adelante el Plan Enia en los territorios y, en términos de insumos, el análisis de la información oficial muestra que durante todo el año pasado se gastaron 11.000 millones de pesos en productos farmacéuticos y este año solo 700 millones.

«Si se mantiene ese gasto durante los cuatrimestres que quedan la inversión sería un 80% más baja que la del año pasado», apunta al tiempo que señala: «No podemos decir que está interrumpido, pero sí podemos decir en forma concreta que el Plan tiene un diseño que se implementa territorialmente y si se rescinden esos contratos, no hay manera de llevarlo a cabo».

El Plan Enia fue diseñado en forma intersectorial con eje en el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) y de las asesorías en territorio, con dispositivos comunitarios y con incremento en la oferta de métodos anticonceptivos. Ese trabajo fomentando acciones, puentes y vínculos entre las escuelas y centros de salud no está ocurriendo. «Cualquier otra cosa que se implemente –dice Sánchez Cabezas– es otra cosa». 

Para la médica, «el embarazo no intencional en la adolescencia es la manifestación de una serie de eventos y determinantes sociales y por eso es tan necesario un diseño que sea multisectorial e interjurisdiccional», y vuelve a poner la lupa en la cartera sanitaria nacional: «el Ministerio dice que se va a concentrar en la rectoría, pero no sabemos a qué se refiere ni cómo se va a implementar. Si la rectoría es decirles a las provincias lo que tienen que hacer, ya lo saben», apunta, y considera que «la rectoría se construye uniendo voluntades, fortaleciendo estrategias, transfiriendo capacidades y fortaleciendo equipos de salud. Y eso hoy no está pasando».

El plan de achicamiento general del Estado se lleva puestos años de trabajo con resultados, si bien dispares en las provincias, que garantizan el derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes en entornos vulnerables. Aun quedan insumos disponibles «porque el año pasado se fortalecieron previendo que en cada cambio de Gobierno hay un retraso hasta que se pone en marcha la maquinaria», dice Sánchez Cabezas, pero advierte que si se acaban en el corto plazo «las personas con capacidad de gestar no se podrán proteger y crecerá la tasa de embarazo no intencional en la adolescencia, que se traduce en mayores muertes infantiles, mayor muerte en adolescentes, más complicaciones en los embarazos y menores posibilidades de desarrollo en todo sentido». Y concluye: «Descuidar las juventudes equivale a descuidar el porvenir del país».

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