1 de diciembre de 2022
Obligado por amparos, el Ministerio de Salud gasta fortunas en medicamentos de alto costo. Dos proyectos legislativos tratan de regular la situación.
Puja. Los familiares de los pacientes reclaman al Estado por la cobertura de medicación que ninguna familia podría pagar.
FOTO: NA
El Ministerio de Salud de la Nación abonó 7.207.940.913 pesos por medicamentos de alto precio, forzado por 522 amparos judiciales presentados entre 2020 y 2021. Estos datos se desprenden de un relevamiento realizado por el Registro de Amparos de Medicamentos de Alto Precio del Ministerio de Salud, un organismo que existe desde abril de 2020 cuando –durante la gestión del exministro Ginés González García– se percibió la necesidad de monitorear el seguimiento de todos los procedimientos judicializados por el aluvión de demandas.
El economista de la salud Carlos Vasallo –miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud y profesor de la Universidad Nacional del Litoral– precisó que en el 79% de las demandas los jueces fallaron a favor del amparo y en el 7,6% aprobaron en forma parcial. En conjunto, sumaron un 86,6% de fallos favorables al demandante. Solo en el 6,7% de los casos se denegó el pedido y en un 2,9% se llegó a un acuerdo entre partes.
El Ministerio de Salud desembolsó el año pasado 4.053 millones de pesos en apenas diez medicamentos, equivalente al 97% del presupuesto de la Dirección de Medicamentos Especiales y Alto Precio, mientras que 102 medicamentos restantes representaron el 3%. El impacto presupuestario aumentó un 32% con relación a 2020, cuando se debieron pagar demandas por 3.057 millones de pesos.
El medicamento que provocó la mayor sangría fue Zolgensma (Onasemnogene abeparvovec), de Novartis, con un precio de mercado de 2,1 millones de dólares y que para el Ministerio de Salud representó un desembolso de 1.629 millones de pesos para apenas nueve tratamientos de atrofia muscular espinal (AME) en niños, a un costo promedio de 181 millones de pesos por tratamiento. El segundo medicamento de mayor costo fue Spinraza (nusinersen), de Biogen, que demandó 785 millones de pesos para 29 tratamientos de AME, a un costo promedio de 27 millones de pesos.
A partir de la aparición de Zolgensma, con un costo de 2,1 millones de dólares, «tenemos que diferenciar medicamentos de ultra alto precio, de medicamentos de alto precio. Medicamento de alto precio es una hormona para el crecimiento, mientras que un medicamento que cuesta dos millones de dólares es de ultra alto precio», contrapuso Natalia Messina, titular de la Dirección de Medicamentos Especiales y
Alto Precio.
Un ejemplo lo brindó Homero Giles, director de la obra social bonaerense IOMA al señalar que un juez ordenó suministrar Zolgensma a la hija de un afiliado pese a que dos médicos de cabecera y una junta médica con profesionales de la Facultad de Medicina de la Plata desestimaron que fuese el tratamiento indicado e incluso advirtieron sobre efectos secundarios. Sin embargo, los padres de la niña de dos años consiguieron que un médico de la CABA firmara una receta y «la presión mediática desde los canales de televisión porteños, encabezada por el influencer Santi Maratea y un abogado de la farándula» consiguió el amparo. Pero el medicamento no era la terapia correcta y provocó efectos adversos severos para la niña. IOMA presentó una denuncia penal contra los responsables de un tratamiento millonario, peligroso y que podía haberse evitado.
Dos proyectos que proponen evaluar y regular los medicamentos y tecnologías de alto precio fueron ingresados recientemente en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ambos son impulsados por legisladores del Frente de Todos.
Uno de ellos, encabezado por el diputado Daniel Gollán, exige la presentación de las estructuras de costos de los nuevos medicamentos de alto precio como condición para su comercialización en el país, una exigencia inédita en Argentina. El proyecto de Gollán propone la creación de la Administración Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ANETS) y es acompañado por trece diputados del Frente de Todos, entre los que figuran Julio Pereyra, Mara Brawer, Mónica Macha, Ana Carolina Gaillard, María Rosa Martínez y Victoria Tolosa Paz.
El segundo proyecto presentado por los legisladores tucumanos Rossana Chahla, Carlos Cisneros y Agustín Fernández propone la creación del Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud (INETS) y potencializa la intervención del Consejo Federal de Salud (COFESA).
Chahla fue ministra de Salud de Tucumán durante la administración de Juan Manzur y actualmente es una de las secretarias de la Comisión de Salud de Diputados. Este proyecto incorpora a la exgobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y repite las firmas de María Rosa Martínez y Ana Carolina Gaillard que suscriben las dos iniciativas.
Ambos proyectos proponen, con diferentes matices, que los dictámenes de las comisiones evaluadoras deberán ser de consulta prioritaria y concluyente para los jueces que intervengan en los recursos de amparo solicitados por medicamentos de alto precio.
A la espera de alguna regulación desde hace tiempo postergada y varios proyectos legislativos truncos, lo cierto es que del gasto anual de medicamentos de alto precio el 78% es financiado por el Estado Nacional a través de las demandas a los ministerios de Salud y de Desarrollo Social o la Superintendencia de Servicios de Salud. El 22% restante es financiado por otros subsistemas públicos como PAMI, INCLUIR SALUD, y las obras sociales provinciales como APROSS de Córdoba, IOMA e IAPOS de Santa Fe, precisó el informe de la Dirección de Medicamentos Especiales y Alto Precio.
