Tan lejos de las burlas de personajes mediáticos como de los enfoques basados en criterios puramente médicos, la comunidad Sorda reclama el reconocimiento de su identidad y exige el respeto por sus derechos y necesidades. El camino de la equidad.
31 de octubre de 2019
Buenos Aires. En 2016, por primera vez una intérprete del INADI participó en la celebración del matrimonio entre una hipoacúsica y un oyente. (Télam)
El año pasado Jorge Lanata quiso hacerse el gracioso en su programa Periodismo Para Todos burlándose de la intérprete de señas que se desempeñaba durante la sesión del Congreso de la Nación en la que se debatía el Presupuesto 2019. Pero esa vez el chiste le salió mal. Rápidamente la comunidad Sorda de Argentina salió a la palestra para responderle. Lanzaron a las redes sociales un video de menos de tres minutos en el que contestaban claramente a la ignorancia petulante y la falta de respeto del conductor del programa de TV. El material se viralizó en pocas horas y llegó a la mayoría de los portales periodísticos.
Más allá de Lanata, el incidente finalmente tuvo un impacto positivo al visibilizar a una comunidad habitualmente olvidada en el espacio público. Sobre todo, fue una gran ocasión para divulgar acerca de la Lengua de Señas Argentina (LSA), algo que nada tiene que ver con «gestitos» graciosos que simbolizan cosas. Por el contrario, se trata de una lengua natural compleja, producida en la modalidad visual y espacial, con estructura gramatical propia, distinta del castellano (por ejemplo, en la LSA no hay artículos y los verbos se ponen al final de la oración). Este idioma, como cualquier otro, posibilita la comunicación, vehiculiza el pensamiento, propicia el desarrollo psico y socioemocional de las personas y permite la cohesión entre los miembros de la comunidad que lo utilizan. «Quienes pertenecemos a la comunidad Sorda utilizamos esta lengua como nuestra lengua primera, debido a que es completamente visual y podemos acceder perceptualmente sin ningún tipo de problema», reconoce en comunicación electrónica con Acción Enzo Rizzi, presidente de la Confederación Argentina de Sordos (CAS). «Nos permite comunicarnos, acceder a la información y desarrollar nuestra vida cotidiana al igual que cualquier persona oyente».
Rizzi es Sordo de nacimiento. Su lengua materna es la LSA, el castellano lo aprendió tardíamente y en forma paulatina. Vive en la ciudad de Salta, donde se desempeña en la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de la Secretaría de Trabajo, y también en la Universidad Provincial de Administración Pública (UPAP). Está realizando la Tecnicatura en Lengua de Señas Argentina en la Universidad Nacional de Entre Ríos y paralelamente cursa la carrera de mediador lingüístico-intercultural en la UPAP.
Patrimonio cultural
Según el último Censo Nacional (INDEC), del año 2010, residen al menos 945.000 personas con discapacidad auditiva en Argentina. Muchas de ellas son usuarias de la LSA, una lengua que aún no es reconocida como tal. Por eso, desde hace una década, cientos de personas de la comunidad Sorda y de oyentes (familiares de sordos, amigos, intérpretes, profesores, científicos sociales, entre otros) vienen reclamando al Congreso de la Nación el reconocimiento oficial de la lengua y la cultura Sorda. «Esta reivindicación no es nueva», afirma Rizzi, y destaca un hito fundamental en la historia más reciente: la primera Cumbre Nacional de Personas Sordas realizada en 2007 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La cumbre contó con un altísimo porcentaje de participación de asociaciones de personas Sordas del país, las cuales avalaron, a través de la CAS, presentar un proyecto de ley para la preservación y protección de la LSA como patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad Sorda argentina.
En el artículo «Historización y análisis de disputas ideológicas en torno al reconocimiento legal de la Lengua de Señas Argentina» (incluido en el libro Comunidades Sordas en América Latina: Lengua – Cultura – Educación – Identidad), la investigadora del Conicet Rocío Martínez, y dos integrantes de la CAS, María Rosa Druetta y Pablo Lemmo, dicen que aproximadamente 44 países han reconocido las lenguas de señas de sus propios territorios. Dentro de aquellos países que sí cuentan con normas relativas al tema, afirman los autores, el reconocimiento legal de lenguas de señas regionales o nacionales aprobadas remiten a dos grandes paradigmas: el socioantropológico y el clínico. «El primero parte de las necesidades primordiales internas a la comunidad Sorda; el otro, correspondiente al modelo clínico, que los categoriza como personas con discapacidad, es un discurso externo que, no obstante, se les sigue imponiendo».
Hace poco más de un lustro, en el Congreso de la Nación se desarrolló la primera Audiencia Pública para presentar los fundamentos científicos y testimoniales del proyecto de Ley de Reconocimiento de la LSA propuesto por la CAS. Este proyecto postulaba múltiples objetivos, tales como: garantizar el derecho lingüístico al uso de la LSA en todos los ámbitos (públicos y privados), crear políticas para la enseñanza y la capacitación tanto de los mismos señantes naturales como de quienes la utilizan como segunda lengua (intérpretes, docentes, etcétera), impulsar la investigación, la difusión y la divulgación tanto de la lengua como de la cultura de la comunidad Sorda de nuestro país y garantizar la accesibilidad de las personas Sordas en todos los ámbitos de su vida. Hubo otros proyectos no avalados por la CAS. Sin embargo, debido a que no pudo aprobarse ninguno, los proyectos volvieron a debate en las Comisiones y, hasta el día de hoy, no hubo avances.
De esta forma se evidencia que todavía no existe una verdadera intención de generar políticas lingüísticas genuinas, que son aquellas que promueven acciones públicas sobre una lengua para alterar relaciones de poder y crear oportunidades ecuánimes para los miembros de la comunidad Sorda argentina. «Esto implica la necesidad de revisar profundamente las políticas públicas retrógradas que inciden sobre nuestra comunidad, pero también las conductas sociales de los ciudadanos (oyentes) y de las organizaciones sociales –advierte Rizzi–. Es fundamental dejar de lado el arcaico modelo médico-céntrico que se centra en la rehabilitación o normalización de las personas Sordas sin considerar sus derechos y necesidades, mientras que el modelo social de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad propone la rehabilitación o normalización de una sociedad en su conjunto y sus instituciones, que debe ser pensada y diseñada para atender a las necesidades de todos sus habitantes». Estos dos paradigmas a los que se refiere el dirigente de la CAS (el socioantropológico y el médico) marcan un límite claro con relación a qué postura se adopta sobre el tema. Y esta disputa es la que suele expresarse también cuando se escribe la palabra Sordo/a con su primera letra en mayúscula para referir a la identidad cultural y lingüística de las personas que pertenecen a la comunidad Sorda, y para distinguir esta idea de la sordera entendida como condición física y audiológica.
Reconocer la LSA supondría mayores niveles de equidad y posibilidades de convivencia, no solamente para la comunidad Sorda, sino para la sociedad en su conjunto. Se trata de un universo de conocimiento que hoy todavía es segregado, pero que puede aportar al crecimiento tanto individual como colectivo de quienes son sus usuarios de esta lengua y también de los que no lo son.
