22 de diciembre de 2021

Carolina Keve

El descarte de celulares, computadoras y otros dispositivos genera anualmente 7,3 kilos de residuos por persona. Consumismo compulsivo y desigualdad.

Durante los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, una noticia llamó la atención de medios de todo el mundo: las medallas fueron hechas a partir de celulares en desuso. En efecto, como parte de una iniciativa en la que Japón buscó promover una política verde y autosustentable –sin ir más lejos, parte de los estadios también se habrían hecho con materiales reciclados– el reconocimiento para los deportistas se elaboró con unas 78.000 toneladas de basura tecnológica obtenida de más de 6 millones de celulares usados. El número tan estridente como los materiales que involucra la noticia –oro, plata y bronce– es para quedarse pensando. Si Tokio desechó en dos años unos 6 millones de celulares, ¿cuántos móviles se tiran anualmente en el mundo? ¿Y a dónde van? ¿Cuáles son los metales preciosos que tiene la mal llamada basura electrónica? ¿Y cuántos de ellos son tóxicos? ¿Hay hoy algún modelo de reutilización? ¿Y qué sucede con todo esto en nuestro país?
Imaginemos por un instante todas las computadoras que se reciclaron, compraron o tiraron durante estos dos últimos años en el que el mundo vivió frente a una pantalla. Los datos no son alentadores: de acuerdo con un informe publicado por E-waste monitor –algo así como el índice más autorizado sobre el tema, elaborado bajo el patrocinio de Naciones Unidas– en 2019 ya se venían produciendo 7,3 kilos de basura electrónica por persona en el mundo. Y, según el mismo estudio, si se toman los valores de crecimiento de los últimos cinco años, la cifra se duplicará para 2035. El ranking aparece encabezado por Asia, con una producción anual de casi 25 toneladas, seguido por América con 13. Aunque si se toma la densidad poblacional, Europa es la mayor productora per cápita seguida de Oceanía.
Esto obviamente está ligado con los niveles y formas de consumo. Por ejemplo, un relevamiento realizado por la consultora privada GSMA, que representa a los operadores de telefonía móvil, en colaboración con el BID, expone que nuestro país ocupa el tercer puesto en la generación de desechos electrónicos a nivel regional con casi 500 kilotoneladas, antecedido por México –con una producción de 1.000– y Brasil, que ocupa el primer lugar con un volumen anual que supera las 1.500. Claro que la pregunta es a dónde va todo esto y las consecuencias que suponen todos estos números.
«La contaminación no solo se vincula con la cantidad sino también con el tipo de componentes. En el caso de lo electrónico, justamente el tema es que muchos de ellos son tóxicos, como metales pesados –el cadmio o mercurio–, que terminan en rellenos sanitarios como el resto de la basura, y contaminan suelo y napas dañando la salud de las comunidades», advierte Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace en Argentina. La organización, de hecho, acompañó en 2018 la presentación en Diputados de un proyecto elaborado por Daniel Filmus, donde se establecía que los productores de tecnología debían hacerse cargo de los materiales que producen «hasta su disposición final», incluyendo equipos de computación, televisores y teléfonos móviles. Sin embargo, la iniciativa corrió la misma suerte que en 2008 y 2010. Nunca avanzó.
«Los proyectos legislativos fueron frenados mayormente por la oposición de sectores de la industria, que ponen resistencia para afrontar los gastos inherentes a la gestión de los residuos de sus productos. Entre otros principios, el marco legislativo debe incorporar el concepto de la responsabilidad extendida del productor, es decir quienes producen y se benefician con la venta de cada producto deben ser también quienes deben evitar que ese producto contamine al final de su vida útil y por lo tanto hacerse cargo de la gestión de esos elementos en desuso», sostiene Mingo.
En este sentido, para Farid Nalim un marco regulatorio también podría redundar en beneficios para la industria. Nalim es el presidente de Reciclarg, una empresa mendocina creada en 2010 que justamente se dedica a reciclar y comercializar equipos de computación, telefonía celular y aparatos electrónicos. «Vengo del sector empresarial y creo que una ley ayudaría a las empresas que tienen buenas prácticas ya que se carece muchas veces de herramientas o recursos para una manipulación correcta y tal vez se pierden muchos materiales. Entonces sería importante que una ley especifique, por ejemplo, los requerimientos de una planta de tratamiento de residuos electrónicos. Por otro lado, sería fundamental para comprender que el residuo electrónico no puede ser tratado de igual manera que el resto de los residuos. En Capital Federal uno puede sacar un aparato a la calle y no hay ningún problema. Y eso es gravísimo porque termina en un vertedero a cielo abierto, en lugar de contar con programas que permitan que, por ejemplo, todos tengan acceso a comprar computadoras usadas ayudando al concepto de una economía circular».

La economía del scraping
Niños que despedazan un microondas. Descalzos, sin guantes. Nada que los proteja. Cortando con las manos los alambres. Quemando cables de televisores o el mother de una computadora para fundir el plástico y rescatar la mayor porción posible de cobre y aluminio… La escena sucede muy lejos de acá, en un barrio de Ghana convertido en el mayor basurero de desechos electrónicos del mundo. Ahí, en el continente más rico en metales y piedras preciosas, los chicos revuelven la basura que Europa les hace llegar en un barco para encontrar aquello que les arrebataron ahora convertido en humo y gases tóxicos.
Y aunque la imagen impacte por el tamaño, lo cierto es que acá uno puede encontrarse con las mismas escenas. Sin embargo, también es cierto que su lectura cambió durante los últimos años. Y no solo se trata de una transformación del término «cartoneros» a «recicladores urbanos». Hoy se entiende que reproducir una mirada estigmatizante sobre este universo significa también desconocer su lugar central en la actividad económica. En este sentido, avanzar en un marco legal se traduciría entonces también en la posibilidad de un reconocimiento formal para quienes trabajan en este sector al que ya una gran mayoría llama scrap, cuya traducción del inglés es chatarra o residuo y se refiere a eso: al trabajo con lo que se desecha de un proceso industrial.
Nalim señala cómo han venido creciendo las organizaciones dedicadas a esta actividad, si bien en su opinión es necesario trabajar mucho más sobre la conciencia social que aún pareciera no tomar noción de lo dañino que puede resultar hoy un celular que simplemente tiramos porque ha dejado de funcionar: «Llevamos doce años trabajando en esta problemática, y creo que durante ese tiempo se pudo avanzar bastante. Por ejemplo, veo más atención por parte de los municipios, que trabajan articuladamente. No obstante, como decíamos, a nivel legislativo seguimos bastante atrasados con respecto a otros países como Perú o Colombia, que ya tiene una ley específica de residuos electrónicos, y es fundamental trabajar con la gente».
Mingo coincide: «Para 2050 la humanidad necesitará tres planetas para abastecer el ritmo actual de consumo. Por ello, se debe apostar a un cambio sistémico. Los Gobiernos deben legislar para apostar a un modelo de economía circular y así abandonar el descarte innecesario. Pero también desde el lado de los consumidores, debemos cambiar nuestros patrones de consumo y revertir nuestros hábitos, dejando de comprar compulsivamente y cambiando el modelo de usar y tirar por alternativas sustentables».

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