13 de diciembre de 2025
Con la creación de una agencia de ciberseguridad y la reforma del estatuto de la Policía Federal, la política de seguridad del Gobierno diluye el control judicial y se vuelve más opaca.
Gran Hermano. Las medidas del Gobierno apuntan a una cibervigilancia masiva como función del Estado, pero no se ven los resguardos necesarios.
La Agencia Federal de Ciberseguridad, creada el 16 de julio de 2024, puede interceptar conversaciones telefónicas, correos electrónicos y chats y recolectar «toda información relevante para el Sistema de Inteligencia Nacional» en bancos de datos o archivos privados. El decreto que la puso en funciones no define motivos ni criterios de análisis. «El Ministerio de Seguridad intensifica la función preventiva de la policía –advierte Tomás Pomar, abogado del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA)–. Si en 1994 la reforma constitucional generó la autonomía de los ministerios públicos fiscales, ahora estamos yendo hacia una exacerbación de las competencias policiales para llevar adelante investigaciones, alejándolas del control judicial». Esto es, más vigilancia digital y menos transparencia.
La creación de la Agencia Federal de Ciberseguridad, la aplicación de sistemas de inteligencia artificial a la prevención del delito por parte de una unidad específica y la reforma del estatuto de la Policía Federal consolidan una política de seguridad que otorga mayores atribuciones a fuerzas de seguridad, pero diluye el control judicial y se vuelve más opaca a las miradas externas. El Gobierno nacional establece, así, un marco legal impreciso sin pasar por el Congreso y amparado por el secreto ante la ciudadanía.
«Las medidas del Gobierno apuntan a la vigilancia masiva como función del Estado. No vemos los resguardos necesarios. Al adquirir sistemas de vigilancia, como pretende, hay que tomar precauciones para evitar, por ejemplo, que los usuarios de las fuerzas de seguridad los usen para otros fines», dice Pomar.
La consultora Marcela Pallero señala que el Gobierno asignó a la Agencia Federal de Ciberseguridad «la protección de infraestructuras críticas y de la administración pública y el equipo de respuesta a incidentes» y considera «muy extraño, comparado con lo que se hace en el mundo» el hecho de que actúe dentro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side). «La ciberseguridad es una función pública, no tiene sentido que sea secreta. No sabemos si la Agencia funciona, ni qué hace. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) diferenció, por ejemplo, las cuestiones de seguridad digital del delito, pero el Gobierno ha puesto todo el paquete en un ámbito secreto sin ninguna explicación», apunta la experta.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) le pidió al Ministerio de Seguridad que informe sobre las tareas que hará en los espacios públicos digitales. «Además hay un mal enfoque de la ciberseguridad. En vez de proteger activos estratégicos, hacen inteligencia sobre activistas. El error es todavía más grande: confunden ciberseguridad y ciberinteligencia», destaca Pallero, ingeniera en sistemas de información y docente de la diplomatura de Ciberseguridad Aplicada.
Discriminación racial. La agresión policial contra el actor Osqui Guzmán en un subte porteño encendió otra alarma. Se alegó reconocimiento facial.
La trampa de las soluciones mágicas
Las imprecisiones y la falta de información se repitieron en la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la Seguridad. ODIA accedió, mediante una presentación judicial, al expediente administrativo que precedió a la resolución. «Fue una decisión tomada sin dictámenes ni informes técnicos –dice Tomás Pomar–. El Gobierno va hacia un modelo de incrementar la intermediación tecnológica en el ejercicio de las potestades públicas –con empresas privadas, el Estado no desarrolla tecnología– sin control previo sobre qué software se va a contratar, cómo se va a contratar y qué acceso de datos tendrán las empresas privadas, además de que no está claro si los jueces podrán introducir en los procesos las pruebas que se produzcan».
La tecnología aparece como una especie de herramienta infalible y aséptica. «La idea de que los temas de seguridad se resuelven con inteligencia artificial desconoce una realidad social compleja. La obnubilación ante los sistemas bloquea las preguntas; pero las contrataciones de tecnología no tienen precio de mercado y los proveedores venden licencias de uso y acceden a datos del Estado», resalta Pomar, también profesor de Derecho Constitucional y Justicia Digital en la Facultad de Derecho de la UBA. Las soluciones mágicas no son tales: «Hacia 2017, los sistemas de reconocimiento facial empiezan a tener una merma en Estados Unidos porque no podían garantizar que tuvieran un impacto proporcional para la identificación de negros y blancos. Son los sistemas que se trajeron a la Argentina».
En septiembre, la agresión policial contra Osqui Guzmán en un subte porteño encendió otra alarma. Una agente de la Policía de la Ciudad pretendió detener al actor por un prejuicio de discriminación racial y al mismo tiempo invocó el sistema de reconocimiento facial que fue desconectado por resolución del juez Roberto Gallardo en abril de 2022.
La mujer policía le dijo a Guzmán que «el algoritmo» lo había reconocido como ladrón. «El episodio demuestra el poder de enmascaramiento de la tecnología, que en el caso termina dándole el camuflaje al viejo olfato policial. Toda la explicación fue que el sistema lo había reconocido», comenta Pomar.
La Policía de la Ciudad hizo casi 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas desde que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta implementó el sistema de reconocimiento facial. El Gobierno de la Ciudad no explicó los motivos de esas averiguaciones. El sistema refería los reconocimientos a la base de datos de Conarc (Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas en Argentina) y quedó en evidencia con al menos seis identificaciones erróneas.
También durante la gestión de Rodríguez Larreta, el Gobierno porteño comenzó a instalar el sistema de datos biométricos en escuelas para controlar el ingreso de los trabajadores. La práctica fue intensificada por Jorge Macri con el agregado de 676 dispositivos. La jueza Patricia Graciela López ordenó que se implemente un registro alternativo ante la presentación de un empleado que se negó a entregar sus datos biométricos.
En junio, el Gobierno de Mendoza adjudicó a la empresa Danaide la gestión de un sistema de videovigilancia que incluye el reconocimiento facial. «Así como recibimos los jeans que dejan de usar en Europa, los autos que tienen problemas de seguridad y los subtes con asbesto, los sistemas biométricos de control que llegan al país fueron descartados en Europa por escándalos y fallas. La lógica de los negocios es la misma en todos los casos: el futuro que nos ofrecen no es más que un montón de pasado por venir», afirma Pomar.
La Agencia Federal de Ciberseguridad puede interceptar cualquier comunicación privada juzgada relevante según criterios que se desconocen. La Policía Federal puede inspeccionar redes sociales, sitios web y otras fuentes abiertas sin autorización judicial, de acuerdo con la reforma de su estatuto. La Unidad de Inteligencia Artificial está habilitada para perfilar personas. Mientras tanto, el Gobierno nacional no contesta los pedidos de información presentados por distintos organismos.
«El horizonte es más vigilancia y más secreto», advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales.
