9 de febrero de 2024
Un informe sobre personas en situación de calle revela las necesidades de un sector de la población cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados. El postergado reclamo de una ley nacional.
Microcentro. La Ciudad de Buenos Aires encabeza el listado de localidades más afectadas por la falta de vivienda.
Foto: Jorge Aloy
El Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, ReNaCalle, realizado el año pasado por organizaciones sociales, reveló que, en las once ciudades o localidades del país donde se llevó a cabo la encuesta, al menos 9.440 personas viven en veredas, plazas, terminales de transporte, bajo puentes o autopistas, cajeros automáticos o terrenos baldíos. De ellas, 1.104 son niños, niñas o adolescentes. La Ciudad de Buenos Aires encabeza ampliamente la lista con 8.028 personas, pero todos los lugares censados, desde los grandes centros urbanos hasta los pueblos más pequeños, evidencian esta problemática. Además, se contabilizaron 55 dispositivos de pernocte con una disponibilidad de 3.628 plazas, es decir, un déficit de 5.812 cupos.
Lejos tanto de las últimas mediciones del Gobierno porteño, que arrojó un número de 3.511 personas, como de las 5.705 que registró el Censo Nacional 2022, el trabajo no solo busca reflejar más certeramente la magnitud de la cuestión, sino también identificar las necesidades básicas de la población, determinar su situación en relación con la salud, la educación y el trabajo, y conocer posibles experiencias de violencia.
«A partir de la necesidad de contar con datos exactos sobre esta población y la realidad de que cada día más familias enteras viven en la calle, nos organizamos para llevar adelante este trabajo, porque nadie se salva solo y la calle no es un lugar para vivir», expresaron desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica Movimiento Popular, que estuvieron al frente de la encuesta.
En este sentido, las organizaciones exigen que se implemente la Ley Situación de Calle y Familias sin Techo, sancionada en 2021. «Es fundamental que se haga un relevamiento con recursos del Estado en todas las ciudades como dice la ley, para, a partir de ahí, poder discutir y diseñar políticas públicas acordes a la población», afirma Mariana González, referente del MTE.
Otro de los objetivos, a partir de la obtención de la información cuantitativa y cualitativa, es derribar mitos acerca de esta población. «Algunos de ellos es que están en la calle porque quieren, que no trabajan porque son vagos, que no estudian porque no tienen ganas de salir de esa situación», enumera González.
El proyecto contó también con el apoyo de otras organizaciones sociales, civiles, religiosas y académicas, lo que permitió llegar a distintas regiones del país. Los resultados fueron los siguientes: 8.028 personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le sigue la ciudad de Santa Fe con 505, San Salvador de Jujuy con 185, Paraná (Entre Ríos) con 157, Lanús con 154, Morón con 140, la ciudad de Corrientes con 125, Pergamino con 52, San Martín (Mendoza) con 43, San Fernando del Valle de Catamarca con 28 y Malvinas Argentinas con 23.
Entre los datos desagregados, se señala que el 83,3% de las personas entrevistadas se identifica como varón; el 15,3%, como mujer, y el resto, como integrante del colectivo travesti y trans. La distribución por edad es liderada por la franja de los 30 a los 39 años, luego la de quienes tienen entre 18 y 29, y después, la de los que van de los 40 a los 49 años. La mitad del grupo encuestado respondió que no es la primera vez que se encuentra en situación de calle, mientras que el 31% se mantiene en esa condición desde hace más de 6 años. La totalidad relevada aseguró que requiere de alguna ayuda social para paliar la vulneración de los derechos más elementales que enfrenta a diario y más del 50% dijo que acude a organizaciones sociales o iglesias en busca de alimentos, higiene y alojamiento.
En cuanto al aspecto laboral, el 64,4% afirmó haber trabajado al menos una hora durante la semana previa al estudio. Las ocupaciones más mencionadas son cartoneros, carreros, vendedores ambulantes, trabajadores en espacios públicos y de la construcción. Frente a la pregunta sobre qué necesitan para salir de su situación, las respuestas más frecuentes fueron «mejorar su condición laboral en términos de conseguir trabajo o tener uno mejor» y «tener una vivienda permanente».
La información sobre educación da cuenta de que el 87% sabe leer y escribir y casi 6 de cada 10 quisiera seguir formándose. En el plano sanitario, el 36,8% se realizó un chequeo médico en el último año y el 28% asegura que la situación de calle afecta su salud mental.
Cuando se les consultó sobre si sufrieron algún tipo de violencia en el tiempo que llevan en la calle, el 53,9% respondió de manera afirmativa y 1 de cada 3 señaló haber sido víctima de violencia por parte de la policía.
«Desde hace mucho, las organizaciones venimos conteniendo lo que es comida, ducha; acompañando, desde los centros barriales, la salida del consumo problemático, el recuperar vínculos. Nosotros sabemos dónde están, quiénes son porque para nosotros no son solo un número, son personas con historias a las que les ha faltado oportunidades. Por eso se necesita la decisión política de implementar la ley para que las personas puedan superar esta situación –cuenta González–. Tristemente, todo lo que se está ajustando es para más hambre, más pobreza y para que suba un montón el número de personas en situación de calle porque no se va a poder pagar el alquiler», concluye González.
