22 de octubre de 2021
En el tramo final de la campaña electoral, el dirigente cooperativista y diputado nacional reafirma los valores de su espacio y confía en la participación popular.
Carlos Heller no escapa a las generales de la ley. Comparte con el resto de los ciudadanos ese sentimiento de franca satisfacción al retomar actividades que formaban parte de la rutina prepandémica. Por eso los saludos antes de iniciar la entrevista en su oficina del Banco Credicoop aluden a la posibilidad de poder desarrollar la conversación cara a cara, sin pantallas de por medio. El choque de puños reemplaza a la mano tendida como una nueva modalidad que parece haber llegado para quedarse, pero no impide el gusto de compartir el ámbito de la charla con el dirigente cooperativista, diputado nacional, presidente del Partido Solidario y candidato en la lista porteña del Frente de Todos para un nuevo período en la Cámara.
–¿Qué se pone en juego en las elecciones legislativas del 14 de noviembre?
–Fundamentalmente, lo que está siempre en juego: dos modelos de país. Es una puja entre los que creemos que es necesario un Estado activo que fije reglas, que regule, que defienda a los que necesitan ser defendidos y quienes no quieren esas reglas. No me canso de decir que las regulaciones, las leyes, son siempre una necesidad de los más débiles, los poderosos no las necesitan, imponen su poder. Por eso, generalmente los conservadores no quieren regulaciones, no quieren leyes, no quieren reglas, quieren libertad de mercado, libertad para llevarse la plata. Eso es lo que está en juego, un país sin reglas, ni regulaciones, donde la meritocracia determine la asignación de los recursos, o un país con reglas, que trata de acortar las desigualdades, de evitar los excesos de acumulación de riqueza, obscena en algunos casos, que trata de evitar la fuga de capitales, de aplicar los recursos de manera correcta.
–¿El resultado de las primarias marca una señal de alerta ante esa disputa?
–Está claro que hubo un voto de señalamiento, de insatisfacción, y tiene múltiples explicaciones. En primer lugar, razones reales, objetivas, todos pasamos, en distintos grados, dieciocho meses de privaciones de todo tipo, hasta la de vernos. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo, que vive de changas, de trabajos ocasionales, todo eso desapareció, esa gente se quedó sin ingresos. Lo mismo se puede decir de quienes viven de la gastronomía, del turismo, de la cultura, de los espectáculos, para decir algunos de los más castigados y demorados en volver a una cierta normalidad. Hubo también otros factores, quizás menos importantes pero que deben mencionarse. Por un lado, que el Frente de Todos, salvo un par de excepciones, no tenía competencia interna mientras que Juntos por el Cambio sí lo hizo en los principales distritos. Y además hubo un bajísimo nivel de asistencia, especialmente en barrios populares. Yo creo que el resultado va a ser diferente el 14 de noviembre. La gente va a estar mucho menos angustiada que en septiembre, porque ha vuelto a tener una vida más parecida a la que tenía antes, se recuperaron niveles de empleo equivalentes a los existentes en la prepandemia y la actividad económica ha crecido más allá de lo presupuestado. El Presupuesto de este año preveía un 5% de crecimiento del PIB, ya se habla de un 8% y yo me animo a decir que vamos a terminar el año más cerca de 9% que de 8%. Y eso no es un dato estadístico, tiene que ver con cosas que le pasan a la gente.
–Agravada por el macrismo y la pandemia, subsiste la pobreza como gran problema estructural del país, que supera el 40% según la última medición del INDEC. ¿Cómo se implementan soluciones frente a este desafío?
–Hay dos fenómenos. Uno es que la medición cierra con datos de junio, cuando todavía había mucha gente sin ingresos; la que mencionaba, que vive de changas, estuvo parada y eso explica que pueda haber entrado en la medición de pobreza, pero creo que, así como entraron, pueden salir ante la recuperación económica. Después, hay una pobreza estructural, que está estacionada en un 35%, un número horrible, que requiere cambios profundos, y esos cambios profundos nos llevan al comienzo de la conversación, los modelos de país en disputa. Todas las medidas de política económica y de política en general uno las puede resumir en lo siguiente: cómo se acumula y cómo se distribuye. Todas tienen que ver con eso. ¿Cómo se combate la pobreza? Creando trabajo. Y el trabajo no se genera por decreto, la manera de crear trabajo es el Estado, por ejemplo, fomentando la inversión pública, los planes de vivienda, y el sector privado a partir del incentivo de la demanda. La demanda no se incentiva por obra y gracia de la voluntad de alguien sino porque la gente tiene poder adquisitivo para consumir más. Estamos observando una importante recuperación del consumo, desde luego desde caídas también significativas, y cuando hay mercado, si además se acompaña con medidas para proteger la industria nacional, se crea empleo. Por otra parte, los empresarios no toman o dejan de tomar personal por la flexibilidad laboral, toman cuando tienen a quién venderle lo que producen. La Argentina tiene casi un 40% de ociosidad en su capacidad instalada, eso quiere decir que aun sin inversión está en condiciones de aumentar muchísimo su producción, pero si tiene a quién vendérsela. Creo que ese es el camino que hay que recorrer. Es un camino virtuoso: si hay más demanda hay más puestos de trabajo y esos puestos de trabajo se convierten en nuevos demandantes y esos nuevos demandantes vuelven a generar puestos de trabajo. Venimos de un período de involución y ahora tenemos que recorrer el camino inverso. Y no nos olvidemos de una cosa: cuando asumió este Gobierno, el 10 de diciembre de 2019, la primera ley que envió al Parlamento y aprobamos fue la Ley de Solidaridad Social y Reactivación, que declaró nueve emergencias públicas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. La crisis era fenomenal, el Gobierno comenzó a tomar medidas, y a los tres meses llegó la pandemia. En ningún análisis se puede soslayar esta situación. El Gobierno encontró un país fundido y no pudo actuar, se tuvo que dedicar a atender la emergencia, a fabricar camas y respiradores, a construir hospitales de emergencia, crear la infraestructura necesaria para atender la situación, a comprar vacunas e implementar el plan para aplicarlas. Creo que este Gobierno tiene intenciones y políticas para actuar sobre la pobreza. Quebrar la pobreza estructural es difícil, porque no es solamente crear empleo, hay que capacitar, hay gente que ha perdido el hábito del trabajo, hay un montón de situaciones que resolver para crear realmente trabajo, pero eso no alcanza con buena intención ni se resuelve con una ley, es un proceso.
–Y se agrega, como gran escollo para el futuro del país, el peso de la enorme deuda externa.
–La deuda heredada es parte de la inviabilidad del país que dejaron. El cronograma de deuda asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se puede explicar. ¿Quién podía pensar que Argentina podría pagar al Fondo 19.000 millones de dólares en 2022 y otros 19.000 millones en 2023? Parece una locura. Debiendo agregar que habría que sumar 10.000 millones más cada año de la deuda con los bonistas privados, que fue la primera que se normalizó durante el actual Gobierno. Si no se hubiera negociado aquella deuda, el año que viene deberíamos pagar unos 30.000 millones de dólares. El FMI, pasando por arriba de sus propios estatutos, nos dio un préstamo que excede lo que nos podía prestar. Está claro que fue una decisión política, influenciada por la presión de los Estados Unidos y reconocida por funcionarios de la administración Trump, entre ellos, Mauricio Claver-Carone, actual titular del Banco Interamericano de Desarrollo, que dijo que el préstamo se otorgó para ayudar a Macri en su reelección. Enfrentamos una paradoja: tomamos un crédito que no estamos en condiciones de pagar, y pagamos una sobretasa porque no estamos en condiciones de pagarlo. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es la corresponsabilidad del prestamista y del prestatario. Porque acá parece que toda la responsabilidad es de la Argentina, y no voy a eludir la que nos corresponde porque fue un Gobierno elegido por el voto popular el que tomó esa deuda. Pero el prestamista también tiene responsabilidad porque otorgó un préstamo que sabía que no le podían pagar. Entonces tiene que asumir una parte de la responsabilidad, no le puede transferir todo al deudor. Eso se está negociando, eliminar la sobretasa y lograr un período de gracia que permita aplicar recursos al desarrollo interno. Y la tercera cuestión, la más importante, es que el país no debe aceptar ningún tipo de condicionalidades por parte del FMI. Argentina es dueña de sus derechos soberanos y de sus decisiones. Y esto está garantizado que será así porque el acuerdo que el Gobierno haga debe ser convalidado por el Congreso Nacional.
–Parece previsible un escenario más hostil por parte de la oposición en el Poder Legislativo. Algunos de sus principales referentes dijeron, incluso, estar dispuestos a disputar la presidencia de la Cámara de Diputados si logran incrementar su bancada tras las elecciones.
–El hecho de que planteen abiertamente que quieren la presidencia de la Cámara de Diputados es antidemocrático y obsceno. Es la cuarta persona en la sucesión presidencial y le corresponde al oficialismo. La oposición quiere otro proyecto, no es lo que votó la gente en 2019. Tras la pandemia, a nosotros nos cabe la enorme responsabilidad, en los dos años que faltan para completar el período presidencial, de demostrar que aquello que dijimos en 2019 que veníamos a hacer, lo vamos a hacer, y eso nos tiene que permitir obtener una reválida para seguir adelante, profundizando esos cambios. Que seguramente no se van a poder materializar en dos años, es inevitablemente así, pero tengo optimismo, confío en que no nos va a ir mal en esta elección y que en los próximos dos años, superada la pandemia, vamos a poder ver el cambio de política que significa salir de un modelo neoliberal como el que impulsó Mauricio Macri a un modelo de inclusión social, de justicia distributiva, de generación de empleo genuino, de protección de la gente y de las pymes y de los valores culturales que representa nuestro proyecto.
