12 de abril de 2023
Enrarecida por la campaña y excesivamente mediatizada, la discusión sobre la seguridad debe ser planteada en otros términos, asegura la exministra. El Conurbano, zona de conflicto.
Sabina Frederic fue ministra de Seguridad de la Nación entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021, con el Gobierno de Alberto Fernández. A poco de asumir dijo que «se puede dar seguridad sin hacer una performance o un acting» y esa definición remite tanto a la experiencia de gestión, que incluyó previamente la subsecretaría de Formación del Ministerio de Defensa, como a su trayectoria en la investigación académica, en el Conicet y en la Universidad Nacional de Quilmes. Una referencia necesaria en un área donde la reflexión parece a veces menos importante que la presencia en estudios de televisión y en particular cuando el debate se enrarece en medio de la disputa política.
Frederic destaca la gravedad del asesinato del chofer Daniel Barrientos, en Virrey del Pino, y explica su repercusión en un contexto donde convergen los antecedentes por robos en el Conurbano, la preocupación pública frente a la violencia y la gestión de la seguridad en la provincia. Además, advierte que las nuevas circunstancias sociales exigen redefinir las políticas de prevención del delito y cuestiona propuestas de la oposición como simplificaciones y oportunismos con fines electorales.
«Un colectivero es una persona con la que los sectores populares se vinculan diariamente. Es alguien cercano socialmente y eso le da un relieve particular a la situación.»
–El crimen del chofer Daniel Barrientos reinstaló el debate sobre la seguridad en el Conurbano. ¿Cómo analiza el caso en particular y el contexto social y político en el que resuena?
–El problema de la inseguridad está siempre latente. Hay oleadas, épocas, zonas que se ponen complicadas, pero es cierto que hay barrios que son un poco más riesgosos. No miro mucho las encuestas, pero en general se dice que es el segundo tema entre las preocupaciones de la gente después de la inflación y en algunos lugares es el primero. Una cosa son los problemas de seguridad relacionados con el robo callejero o incluso con entraderas, que son violentas aunque en general no hay disparos ni producen muertes, y otra el asesinato de un trabajador, mientras trabaja en su colectivo, a la vista de mucha gente. Un colectivero es una persona con la que los sectores populares se vinculan diariamente, con la que empatizan. Es alguien cercano socialmente y eso le da un relieve particular a la situación. El crimen de Daniel Barrientos se produce además en un contexto en el que los colectiveros son atacados: hubo paros de algunas líneas por golpes o lesiones a choferes, situaciones previas que no tienen la misma gravedad, pero que hacen que los compañeros protesten y la escena se visibilice de otra manera. Después se supo que había una transferencia de dinero para mejorar la seguridad de los colectivos a través de la instalación de ocho mil cámaras en las unidades, de las cuales se instalaron dos mil. Hay una responsabilidad de las empresas, pero también de la provincia por no supervisar esas instalaciones, lo que reconoció el ministro de Transporte de la provincia, Jorge D’Onofrio. Hubo compromisos que no se cumplieron y eso también forma parte de la bronca de los choferes y de los que se solidarizan con la situación. Y está el episodio de Berni, un ministro que falta a su condición de ministro, que no mide la circunstancia, llega al lugar sin información sobre lo que pasa y cree que su sola presencia frente a las cámaras de televisión basta para resolver el problema.
–¿Qué efecto produce la intervención del ministro Berni?
–El conflicto termina escalando. D’Onofrio ya estaba en el lugar, sin cámaras de televisión, y había conseguido un diálogo. Cuando llega el ministro de Seguridad de la provincia, contradiciendo su función, termina provocando más desmanes que su ausencia. Recibe la golpiza, repudiable y también trágica, porque ver a un ministro golpeado de esa manera no le hace bien a nadie. El problema con el ministro de Seguridad y lo que provocó es que a lo largo de la semana pareció que era más importante su golpiza que el asesinato de Daniel Barrientos, que además es el último de una serie de asesinatos de choferes ocurrida en los últimos años. Y después se agrega el modo en que se aborda el hecho delictivo, haciendo de la detención de dos choferes un show desmedido, desproporcionado, y los cacheos que convirtieron en sospechosos a los colectiveros y a los pasajeros de las líneas que circulan por la ruta 3, como si el problema estuviera ahí y el delito no se moviera, como si los posibles asesinos no estuvieran en otro lado. Todo muy ingenuo. Finalmente robándole el tiempo a gente que iba a trabajar o a hacer sus cosas con un método espectacularizado, con una fuerza táctica que está pensada para otra cosa y no para cachear a personas en un colectivo. Me parece una pérdida del sentido de la realidad y de la situación que vive la gente, que tiene una suma de razones para expresar malestares de distinto orden, asociado a lo que produjo la pandemia en la sociedad, la pérdida de trabajos y de ahorros, la inflación y el empobrecimiento que significa, la pérdida de posibilidades de construir un futuro a corto, mediano y largo plazo e inclusive de alimentarse. El cambio de circunstancias sociales obliga a repensar el modo en que se previenen, se contienen y encauzan estos temas. Todos esos recursos a la mediatización, al show, no suman. La gente sabe que eso se hace para las cámaras, que un día se muestra y al día siguiente no está más. Lo que importa en seguridad es lo que pasa todos los días, no lo que se muestra ante las cámaras de televisión. Entonces es importante mantener los controles preventivos, que las fuerzas de seguridad, sean provinciales o federales, desplegadas en el Gran Buenos Aires, suban cada tanto, aleatoriamente, a los colectivos, también en las rutas, hay muchos recursos para disuadir este tipo de hechos además de que se cumpla lo que los colectiveros demandan, la instalación de cámaras en las unidades, que también va a tener un efecto disuasorio.
«Lo que importa en seguridad es lo que pasa todos los días, no lo que se muestra ante las cámaras de televisión.»
–También surgió el reclamo de que se refuerce la dotación de fuerzas federales en el Conurbano y hubo cortocircuitos entre Nación y la provincia de Buenos Aires. ¿Qué muestra esta situación?
–Es un tema recurrente. Le pasa hoy al ministro de Seguridad de la Nación y nos pasaba también cuando yo estaba como ministra. El lugar de los municipios es muy importante en la gestión de la seguridad y su protagonismo es valioso, sin convertirlos en los únicos actores. Y acá hay diferencias. En mi gestión estábamos convencidos de que los recursos de la Nación, las provincias y los municipios, siempre escasos, debían coordinarse para su mejor uso, con la información que procedía de los tres niveles. Es un posicionamiento que hoy tienen también el ministerio de Seguridad de la Nación y los intendentes, que lo demandan, pero no la provincia. Y no la provincia en su totalidad: el ministro de Seguridad. Hoy la coordinación se hace con el jefe de Gabinete de la provincia, Martín Insaurralde. La posición del ministro de Seguridad de la provincia es otra, les saca protagonismo a los municipios. Es un conflicto que atraviesa estos años de Gobierno y a veces se mezcla con una interna que es falsa. Sinceramente, no hay interna: hay posiciones diferentes sobre cómo se gestiona la seguridad, pero no es una interna entre Cristina y Alberto, es falso creer que ese es el problema. Todo eso lleva a que la gente no tenga la respuesta que necesita y a que el Estado no ejerza toda su capacidad para brindar el mejor servicio posible. Mezclarlo con la interna es un desvío del problema.
«No hay interna: hay posiciones diferentes sobre cómo se gestiona la seguridad, pero no es una interna entre Cristina y Alberto, es falso creer que ese es el problema.»
–También hubo discordancias entre Nación y Santa Fe, por el problema del narcotráfico y la violencia en Rosario.
–En Santa Fe hay una permanente demanda de sumar fuerzas federales. Uno tiene que asignar fuerzas de acuerdo a lo que puede desplegar. Por eso, en el caso de Rosario, sostengo que hay que retirar del patrullaje callejero, de las comunicaciones y de la información que hay en la calle a la policía de Santa Fe y dejar solo a las fuerzas federales. La clave no es si hay más o menos efectivos sino qué facultades tienen las fuerzas federales para actuar frente al delito. Si tenés una policía entremezclada con la venta de drogas y otros delitos como el tráfico de armas seguramente, no podés dejarla en la calle entorpeciendo el trabajo de las fuerzas federales. Hay soluciones de corto plazo que no se terminan de decidir porque la provincia tiene autonomía y evidentemente Santa Fe no acepta esa propuesta. Lo que planteo no es una cosa traída de los pelos sino lo que se hace en la Villa 1-11-14, en el barrio Padre Ricciardelli de la Ciudad de Buenos Aires, desde 2011. La Gendarmería hace el patrullaje callejero, tiene todo el sistema de comunicaciones. La Policía de la Ciudad no entra a ese lugar. En este caso la Nación quiere salir y la ciudad no quiere entrar. La Gendarmería sigue ejerciendo esa función, mejor de lo que lo hacía antes la Policía Federal y seguramente mejor de lo que podría hacerlo la Policía de la Ciudad, a menos que la Policía de la Ciudad cambie su manera de trabajar y su despliegue operativo. Se trata de coordinar, de aceptar otras soluciones. Sumar efectivos no es el único camino. Estamos atrapados en un esquema conservador y que no cambia los resultados en la disminución de la violencia, que debería ser la prioridad.
–¿Los problemas de seguridad en CABA están menos visibilizados en los medios que los de la provincia de Buenos Aires o los de Santa Fe?
–Sin duda. La Ciudad de Buenos Aires tiene un blindaje mediático poderoso, inclusive en los medios oficialistas. La Ciudad tiene una baja tasa de homicidios, de 3,3, pero la tasa de la provincia también es baja, está en 4,8. Existen homicidios en la Ciudad, que en general se producen en barrios periféricos, y hay muchos robos. Vivo hace 57 años en el Conurbano, tengo auto hace menos de diez años y la única vez que me quisieron robar fue en la Ciudad de Buenos Aires, en Carlos Calvo y Entre Ríos, a las siete y media de la tarde, durante el gobierno de Macri. He transitado en auto por la zona más empobrecida del Conurbano, yendo de Bernal a Temperley, y nunca me pasó nada. Y así hay miles de hechos en Buenos Aires que nadie denuncia.
«Estamos atrapados en un esquema conservador y que no cambia los resultados en la disminución de la violencia, que debería ser la prioridad.»
–Patricia Bullrich y Javier Milei abogaron por desregular la venta de armas. ¿Cómo inciden en el debate?
–Son propuestas electorales. Lo que hay que hacer es fortalecer la capacidad del Estado para controlar el tráfico ilegal de armas. Las personas que quieran tener un arma deben pasar por los trámites administrativos y los estudios médicos y psiquiátricos que los habiliten como usuarias. Y saber lo que es la legítima defensa. Incluso en situación de robo puede que una reacción no sea de legítima defensa, hay que ajustarse al Código Penal. Tener un arma genera más riesgos que no tenerla, sobre todo entre quienes no saben usarlas. No es lo mismo hacer práctica de tiro en un polígono que disparar un arma en una situación con miedo y en la calle. Es muy diferente también para la policía. En general la policía comete mayor cantidad de crímenes cuando usa el arma fuera de servicio porque no la usa en un contexto profesional, que no es el policía solo. Justamente lo contrario de lo que cree el ministro de Seguridad de la provincia, que alguien solo puede hacer cosas en materia de seguridad.
–¿El año electoral puede complicar la discusión sobre la seguridad?
–Creo que sí. En el espacio del Frente de Todos tuvimos la oportunidad de una discusión profunda y seria en 2019 que hizo que llegáramos al ministerio con una propuesta. Hoy no tenemos eso, y la inundación mediática de los shows del ministro de Seguridad de la provincia son muy perjudiciales. Está claro que la gente los rechaza, porque no da soluciones y no tiene ninguna conexión con su vida cotidiana. Hay que dar soluciones y dar soluciones no es «soltar a los chorros», como se dice; dar soluciones significa velar porque los sospechosos de un delito, de un crimen, sean perseguidos y no se los asesine en el transcurso de esas búsquedas; dar soluciones es no dar carta blanca a la policía y a la vez proteger a la policía, cuidarla de verdad, velar por su bienestar, no recargarla de servicios, darle equipamiento, pagarle como corresponde. Las frases sueltas son desordenadoras de la complejidad que tienen los problemas de seguridad.
