Voces

«Es un ajuste que desprecia el conocimiento»

Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial entre 2002 y 2011, denuncia que el achicamiento del organismo afectará a pymes, comunidades rurales y urbanas excluidas y a la agricultura familiar. Eliminación de controles y perjuicio para el desarrollo nacional.


Para el ingeniero Enrique Martínez el INTI es casi su segundo hogar. Y no es para menos, luego de haber sido su presidente por nueve años, desde 2002 hasta 2011, en la que fue su tarea más prolongada en la función pública. Cuenta en su haber también un paso anterior por el INTI entre 1984 y 1986 y un lapso como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, en 1973 y 1974: «Años hermosos, pero movidos», según recuerda.
El exfuncionario destaca que fue durante el gobierno kirchnerista cuando más proyectos pudo realizar en el INTI. Desde haber logrado en 2005 que los controles de calidad industrial pasen de la Secretaría de Comercio al ente industrial, hasta haber creado el primer centro de biotecnología en condiciones de producir medicamentos. Pero también, con orgullo, describe otros proyectos que, sin ser de tecnología de punta, fueron muy cercanos a la vida de la gente: «Promovimos una cuenca lechera en el norte de Córdoba para recolectar adecuadamente la leche de cabra para el queso, dimos capacitaciones a centenares de personas para la producción de pan y embutidos y desarrollamos productos industriales de carne de llama en Jujuy, evitando que se mate una llama solo para sacarle el lomo».
Martínez advierte que los 254 despedidos en el INTI, institución creada en 1957 junto con el INTA y el CONICET, son solo «la punta del iceberg». Según declaraciones del actual presidente del INTI, Javier Ibañez, no es de su interés el desarrollo de la agricultura familiar, área muy fomentada durante la gestión pasada, por eso estima que «si esto es así, van a desaparecer unidades de trabajo enteras». «Pero, además –analiza el ingeniero–, Ibañez dice que la dotación óptima de la institución es 1.600 personas, cuando en 1989 tenía 1800 con presencia en solo 8 provincias y ahora está en las 24. Es un atroz retroceso y presagia mayores despidos».
–¿Por qué es grave el ajuste en el INTI?
–El INTI fue y continúa siendo el componente industrial de una estrategia del desarrollismo para apuntalar a los actores nacionales de pequeñas empresas y a las comunidades rurales y urbanas excluidas. El INTI es cada vez más necesario para darles tecnología a quienes quieran entrar al mundo del trabajo. Y, además, como en cualquier parte del mundo, es un referente de certificación y control para las empresas de cualquier tamaño.
–El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que más de 200 personas fueron designadas solo por cuestiones políticas y sin realizar ninguna tarea.
–El INTI tiene un estatuto interno que establece que aquellos que estén contratados están sometidos a las mismas consideraciones que los que están en planta permanente. Por eso se debió haber hecho un sumario previo a cualquier despido. Y esto no se hizo. No hay un solo papel que demuestre un incumplimiento de las funciones de los despedidos. Todos los despidos son sin causas.
–¿Cuánto hay de razones de persecución y cuánto de desconocimiento del personal en los despidos recientes?
–Tiene componentes políticos porque se han despedido sindicalistas. Tiene alguna explicación de política industrial al eliminar las áreas de desarrollo rural. Pero, además, está el desconocimiento en general. Hay cosas insólitas. Por ejemplo, se ha contratado a una consultora vasca. Esto podría admitirse, por más que esté acostumbrada a asesorar a gobiernos como el alemán, al belga o al holandés, países sin el 40% de trabajo en negro o sin las vastas áreas periféricas sin desarrollo como el nuestro, podríamos suponer que tiene legitimidad y que se van a poner a estudiar un lugar que no conocen. Pero decidir que esa consultora es el interlocutor del INTI con los sectores industriales y que representa a la institución es una grosería.
–¿Hay algo más detrás de estas medidas?
–Es un ajuste que desprecia el conocimiento, porque supone que el que tiene el capital puede comprar el conocimiento. Esto comenzó con Fabricaciones Militares, siguió con el achicamiento de la cantidad de becarios que entran al CONICET, ajustando el presupuesto del INTa y ahora el INTI. Pero hay un factor adicional que es que las corporaciones multinacionales son las líderes en el grueso de la industria argentina. Y esas corporaciones realizan la investigación y el desarrollo fuera del país. Por lo tanto, que el INTI desarrolle conocimiento y lo disemine entre las pequeñas empresas no les interesa. Es más, les puede generar competencia.
–Achicando las funciones del INTI, también se reducirían los controles. ¿Hay una motivación económica para favorecer a las grandes empresas con una reducción en el costo de las importaciones?
–Puede ser, pero a expensas de reducir la seguridad de la población. Se pueden eliminar los controles que impiden el ingreso de juguetes hechos con PVC, pero eso implica un mayor riesgo de que los chicos se envenenen chupando un juguete. Pero lo que yo creo es que no van a eliminar los controles, sino que van a pasar a manos privadas. El tema es que cuando nosotros le insistimos al en su momento ministro Roberto Lavagna que pase los controles de la Secretaria de Comercio al INTI fue para poder tener recursos para financiar las áreas en las cuales no podíamos cobrar. Porque por el asesoramiento a los pequeños productores de la Puna no cobramos un peso. El trabajo de control no implica investigación, pero financiábamos el desarrollo de investigaciones. Esto estaba explicado en nuestro plan estratégico. Y ahora van a reducir la investigación y desarrollo y tercerizar las certificaciones. Así es como el INTI va a depender del presupuesto nacional vegetando con una dotación mínima.  
–¿Cuáles son las consecuencias de que el control quede en manos privadas?
–Siendo positivos, implicaría una mayor velocidad de respuesta. El INTI es lento, es cierto, porque no se han automatizado análisis. Pasa que los técnicos han insistido en mantener los protocolos internacionales más rigurosos. Automatizarlos implicaría perder entre un 10% y un 20% de rigurosidad. Pero también hay que entender que la consultora privada es una empresa que tiene el signo pesos marcado en la frente. Entonces pueden hacer un arreglo con el empresario para que no se haga el análisis o pagar menos para que las exigencias sean menores. No se puede garantizar la calidad del trabajo final. A nivel internacional, son todos organismos públicos. En Estados Unidos, Francia, Alemania o China, ni se les ocurriría no hacerlo público.
–¿Otro objetivo de estos ataques es desarticular la representación sindical?
–Es la torpeza de quien no conoce la actividad gremial. Si usted echa a una cúpula aparece otra. Están echando la cúpula completa de un sector sindical, 40 personas. Pero dentro de un año va a haber otras 40 o más ocupando su lugar. Yo he visto por televisión técnicos con la pechera de ATE que conozco de la época que estuve, que me consta que no tenían ninguna vinculación política ni actividad gremial. Es la ignorancia de suponer que la protesta se elimina eliminando al dirigente, y no solucionando los problemas. Es lo mismo que piensa la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que cree que, haciendo que la gente se desafilie del gremio docente, se van a terminar los reclamos salariales. O pintando a Baradel como un monstruo. Esto se soluciona eliminando las injusticias. Porque siempre que haya una injusticia va a haber alguien corporizando el reclamo.  


–A pesar de los logros, durante su gestión tuvo choques con la entonces ministra de Industria, Debóra Giorgi, y algunas frustraciones. ¿Qué diferencias hay entre el gobierno anterior y este?
–Hacia 2010 pedimos fondos para desarrollar unos 130 pequeños emprendimientos económicos diseminados por toda la Argentina en sociedad con las comunidades locales. Esa era la culminación de la transferencia de tecnología. Apenas nos autorizaron once y luego quedaron abandonados cuando me fui del organismo. De todas maneras, las diferencias son enormes. Para dar una idea, con las diferencias que teníamos con el Ministerio de Industria de aquel entonces, nosotros instalamos una delegación del INTI en cada provincia, cuando yo asumí había solo ocho. Para darle un ejemplo: el centro del INTI que está en Salta es especializado en agua subterránea para consumo y en cauces para cultivos y comunidades rurales. Ese centro se ha expandido y da servicios a todo el noroeste. Es imposible concluir que no es necesario. Solo al actual presidente del INTI se le puede ocurrir que se va a dedicar únicamente a las pymes de punta y a las grandes empresas. Así es como el centro de Santiago del Estero o de La Rioja dejan de interesarle. Eso es de locos, a ningún funcionario kirchnerista se le hubiera ocurrido decir tamaña estupidez.
–Ante la gran pérdida de puestos de trabajo ocurrida durante este último tiempo, algunos especialistas justifican al gobierno asegurando que es la «inevitable» consecuencia de la automatización fabril. ¿Es inevitable? ¿Qué se puede hacer ante esto?
–La tecnología genera desempleo, pero en una sociedad desarrollada. Ni los que han escrito sobre este tema ni los que lo intentan trasladar a los países periféricos han reparado en que primero debemos desarrollar la sociedad. Si nosotros no tenemos asfalto, veredas, cableado del tendido de luz o los calefones solares que la gente necesita, ¿de qué estamos hablando? En un país en el que está todo por hacer no puede haber desempleo, es incomparable con países como Alemania. Entonces, cuando no haya pobreza ni trabajo en negro, podremos comenzar a automatizar todo. Y el día que lo hagamos, vamos a generar un nivel de recursos que nos permita bajar la cantidad de horas laborales, como acaban de hacer lo alemanes en varios sectores industriales. Y con esas horas libres alimentar otros sectores, como el del entretenimiento, el turismo o la educación. Pero, además, hay algo que nadie se pregunta: ¿quién hace los robots?
–Usted se ha pronunciado en contra de la minería a cielo abierto. ¿Se puede hacer de otra manera?
–Depende de quién tiene el control. O sea, si tenemos una riqueza, hay que preguntarse qué hacer. Por ejemplo, con una mina de cobre, ¿sacamos el mineral en bruto y lo exportamos para conseguir divisas, que es lo que se estuvo haciendo, o producimos productos con cobre refinado? El ejemplo es La Alumbrera, en Catamarca, que se agotó en 15 años. Si se hubiera explotado no solo para exportar a Australia concentrado de cobre, sino para producir el alambre en nuestro país, tendríamos una ocupación casi diez veces mayor y la mina habría tardado cien años en agotarse. Y ahora se está dando una discusión en otra mina porque la veta sigue por debajo del pueblo de Famatina, en La Rioja, prácticamente hay que correr a la población del pueblo.
–¿Y vale la pena bajo estas condiciones?
–Ese es el tema. Los chinos están mudando miles de personas del campo a la ciudad para que participen del proceso de industrialización y vivan mejor. Es razonable una migración masiva, ya se ha hecho. Se podría pensar en correr una población, pero para que los beneficiarios inmediatos sean ellos y no los australianos.