14 de agosto de 2013

La periodista explica el rol de la Defensoría del Público y destaca los cambios implementados luego de la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Obstáculos para su total aplicación.

Cuando en octubre de 2009 el Congreso Nacional aprobó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la democracia saldó una deuda que mantenía desde 1983: derogar la regulación comunicacional heredada de la dictadura. Las presentaciones judiciales antepuestas por el grupo Clarín contra algunas de las disposiciones establecidas por los legisladores impiden aún su plena vigencia. Sin embargo, la mayoría de sus artículos deben ser cumplidos por todos los operadores de medios audiovisuales del país. Entre ellos están los que disponen la creación y puesta en marcha de distintos organismos que la ley crea para asegurar su aplicación. Este es el caso de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Su titular, la periodista Cynthia Ottaviano –cuya designación fue convalidada por el Congreso Nacional– explica las funciones del nuevo organismo creado para representar los intereses de oyentes y espectadores de todo el país: «La Defensoría nació el 14 de noviembre de 2012 cuando fui designada como defensora del público de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero la llamamos la Defensoría del oyente y del televidente, porque la ley se refiere a radio y televisión de todo el país», relata Ottaviano.
«Esta Defensoría es única en el mundo en su tipo –aclara– aunque tiene muchas similitudes con otras en cuanto a su forma de trabajo, en considerarnos puente, enlace, mediadores entre el oyente, el televidente y los distintos actores de la comunicación. Este es uno de los grandes cambios de la ley de la comunicación democrática con respecto a la ley de la dictadura, y esta Defensoría viene a enaltecer el derecho a la comunicación, en el sentido que considera a todas las personas sujetos de derecho, que estamos todos en igualdad de condiciones, que independientemente del rol social que uno ocupe, le asiste el derecho a la comunicación por el mero hecho de ser persona. Y ahí se ve un concepto de audiencia muy concreto, con capacidades para presentar una denuncia, un reclamo, una consulta toda vez que crea que se incumplió con la ley de Medios en un organismo creado para este fin, y eso es la Defensoría del Público. Ya recibimos más de 200 denuncias, lo que marca la avidez y la necesidad de participación que había».
–Esa necesidad de participación debió esperar casi tres décadas…
–La Defensoría es un sueño colectivo que tuvieron millones de hombres y mujeres durante estos 30 años de recuperación democrática. Si bien es nueva, viene de muchos años atrás la necesidad de considerar al ciudadano como sujeto de derecho. Entonces que tenga este derecho a reclamar y que se canalice su reclamo es magnífico. Todos los proyectos presentados desde 1983 en adelante incluían la participación ciudadana. Siempre fue una de las intenciones. Pero este organismo viene a demostrar la profundidad de esta creación en cuanto a participación ciudadana, ya que es exactamente lo mismo el dueño de un medio audiovisual, un gobernante, un obrero, una trabajadora, que estemos todos en igualdad de condiciones para poder acceder a la información. Es un derecho que tiene un cariz individual, pero también una dimensión colectiva, porque se completa cuando yo tengo derecho a decir y vos tenés derecho a escuchar lo que tenemos para decir y viceversa.
–¿Se cumple esa premisa en la comunicación concreta y real?
–Considero que la puja distributiva no es sólo económica sino también informativa. En esta tensión estamos construyendo un nuevo paradigma de la comunicación desde la perspectiva de los derechos humanos, que contempla a cada una de las personas como sujetos de derecho en tanto puede reclamar y pedir que se cumpla la ley. Y a la vez, un organismo público que trabaje en consecuencia para que los distintos actores de la comunicación respeten la normativa vigente, es de una profundidad democrática muy grande y a la vez generó mucha resistencia por parte de quienes tenían los privilegios, que ha hecho que se demorara su creación, aun cuando había sido soñado durante tanto tiempo.
–Sin embargo, no son demasiado conocidas las funciones de la Defensoría.
–Puede ser, hace sólo ocho meses que estamos trabajando. Pero la avidez por participar es muy evidente, sobre todo en las audiencias públicas que estamos haciendo. La ley de Medios nos da ese mandato, ese llamado a que convoquemos a audiencias públicas que son una herramienta de participación democrática muy buena para que la gente de todo el país nos cuente cómo funcionan la radio y la televisión en sus ciudades. El carácter federal de esta Defensoría se termina de delinear en estas audiencias. Organizamos la primera en Resistencia, Chaco, para romper con ese porteñocentrismo tan tradicional de la Argentina. Y fuimos al lugar donde se hizo la primera audiencia pública para construir la ley de Medios. Hay como un hilo invisible de la historia, volvimos a Resistencia tres años y medio después para ver cómo estaba funcionando la ley, ya no para construirla colectivamente sino para ver cómo se cumple o se incumple la ley.
–Esa decisión de llevar la Defensoría a las provincias, ¿conspira contra la visibilidad del organismo?
–Ha sido una decisión personal construir la Defensoría desde las provincias y no necesariamente desde Buenos Aires. Vamos a recorrer todo el país, esa es la idea. Somos un organismo con alcance federal y siempre supe que mi gestión iba a ser de territorio, no de escritorio. La esencia de la Defensoría es construir colectivamente una comunicación democrática, por eso tenemos que generar vínculos, enlaces, debates permanentes con los distintos actores sociales, con organizaciones no gubernamentales, con los especialistas, con los trabajadores. Por ejemplo, tuvimos una denuncia por violencia mediática en una radio de Posadas, Misiones, donde se había tratado a las mujeres muy mal, con una serie de descalificaciones estigmatizantes muy profundas. En ese caso propusimos, además del trabajo específico con la radio, una capacitación en comunicación no sexista abierta a toda la comunidad de Posadas. La hicimos en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, donde participaron más de 100 personas. Una jornada en la que hicimos la presentación de la Defensoría, para reconocer su alcance y su forma de trabajo. Y así lo planteamos prácticamente con todas las denuncias en las que podemos hacer este aporte.
–¿La Defensoría puede sancionar?
–Nosotros no tenemos capacidad sancionatoria, esa es una de las claves. Por ende, lo que hacemos es construir colectivamente y trabajar la legitimidad a partir de esa construcción. La capacidad sancionatoria la tiene la AFSCA o eventualmente los jueces y juezas, porque lo que nos da la ley es la posibilidad de representar colectivamente, tenemos legitimación para actuar frente a la Justicia. Pero hasta ahora no lo hemos hecho porque no queremos judicializar la comunicación. También podemos actuar administrativa o extrajudicialmente, eso es lo que hemos venido haciendo. Inauguramos un espacio de resolución extra judicial de los conflictos y hemos tenido muy buena repercusión. Por ejemplo, recibimos una denuncia de que dos cableoperadores no estaban incluyendo en su grilla de programación, como dice la resolución, Paka-Paka e Incaa TV. Generamos este espacio y le pedimos a Cablevisión que viniera a tomar conocimiento de estas denuncias, y vinieron. Logramos que a estos denunciantes les instalaran el pack digital, que incluye Incaa Tv y Paka-Paka. Por supuesto que es un principio de solución, porque con estos casos no resolvimos el cumplimiento de la ley. Pero es una manera de empezar.
–¿Cómo se hace una denuncia ante la Defensoría?
–Es muy sencillo, se tramita través del sitio de Internet del organismo. Y la acción es inmediata. Haber generado este espacio que es ágil y gratuito, para nosotros es un orgullo. Sin embargo, somos conscientes de que no todo el mundo tiene Internet en el país. Se ha hecho muchísimo durante los últimos años para garantizar el acceso a las nuevas tecnologías, pero la verdad es esa. Entonces hicimos un convenio con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y la Defensoría del Pueblo de la Nación para que se puedan presentar consultas, denuncias y reclamos para la Defensoría del Público en sus delegaciones. Nosotros no tenemos sedes en todo el país, disponemos de un presupuesto bastante acotado, no nos permite contar con 24 delegaciones. Tenemos muy buen vínculo con estos dos organismos y es muy importante que podamos trabajar interdisciplinariamente, para no quedar aislados. Ese es el desafío.

–¿Existen Defensorías del Público en otros países latinoamericanos?
–En Brasil hay defensorías pero no con competencias como esta, ya que nosotros tenemos alcance nacional. Si bien la tarea es muy similar: reciben y canalizan las denuncias y consultas, escuchan los puntos de vista de los denunciados y denunciantes y se llega a un punto de vista de la propia defensoría. Funcionan algunas en México, en Colombia. Incluso en Uruguay, en el proyecto de ley que se está impulsando, tienen una figura llamada Ombusman, con alcances similares a esta Defensoría. Todos los proyectos de ley del continente tienen una mirada al respecto. Estuvimos con uno de los creadores de la ley de Medios de Ecuador y le contamos la tarea y alcances de la Defensoría, para que estudien la posibilidad, porque nos viene dando buenos resultados.
–¿Cuáles son las distintas competencias que diferencian a estos organismos?
–En otras partes del mundo estas defensorías están dentro de los organismos de aplicación, como si nosotros estuviéramos dentro de AFSCA. Y la verdad es que la Defensoría tiene la capacidad de decirle a la AFSCA que encuadre su accionar dentro de la normativa vigente. Es interesante, tenés una autoridad de aplicación que depende del Ejecutivo, pero además contás con una defensoría con autonomía, que le rinde cuentas al poder Legislativo, y cuyo titular pasa por un proceso de elección legislativa.
–A casi cuatro años de la sanción de la nueva ley, continúa sin aplicarse en su totalidad. ¿Creés que tendrá cumplimiento completo en algún momento?
–Creo en la constitucionalidad de esta ley, en su construcción colectiva. Estoy segura de que la convicción popular es muy superior a la que pueden tener las corporaciones. Son unos pocos artículos los que están cuestionados y sólo por un grupo empresario de comunicación. En la Argentina tenemos una ley que es de vanguardia en materia de protección de derechos, y creo que lo que falta son funcionarios dispuestos a hacerla cumplir cotidianamente, para incrementar el reconocimiento que tenemos todos a una comunicación democrática. Todo esto que te cuento de nuestra tarea –cumplimiento de la grilla de programación, trato discriminatorio en radio y televisión, respeto por el horario de protección al menor, denuncias por violencia mediática– lo tienen que cumplir todos. Y lo están cumpliendo.
–¿El grupo Clarín también?
–Se ha restringido toda la discusión de la ley a uno o dos artículos, lo que demuestra la hegemonía de la agenda que tiene el propio grupo, interesado en que esos artículos no se cumplan porque son los que tienen que ver con el espíritu antimonopólico de la ley. Pero salvo eso, la ley está absolutamente vigente, incluso para el grupo Clarín. Nosotros trabajamos por el cumplimiento de la ley a lo largo y lo ancho del país, desde la radio más chica hasta las corporaciones. La transformación que hay que hacer en la Argentina es muy importante, hay que desterrar ese viejo paradigma absolutamente mercantilista, autoritario y con bases neoliberales por uno nuevo en la perspectiva de los derechos humanos. Hay que trabajar, y creo que es fundamental, para que la ley no quede en letra de molde. Puedo decirte que es la primera vez que existe un organismo con voluntad de vinculación, que no tiene una mirada sesgada de la comunicación, sino que comprende que hay distintos actores de esa comunicación que necesitan vincularse, que necesitan conocer la tarea del otro, porque hay mucha información en pocas manos y lo que tenemos que hacer desde esta Defensoría es redistribuir esa información, socializarla. Pero, bueno, hace ocho meses que asumimos, hay mucho trabajo por delante. Sin dudas, para nosotros la predisposición es la gran noticia. Por un lado, la avidez por la participación, y por otro, la gran predisposición por parte de los distintos sectores de la comunicación para construir algo mejor.

—Mirta Quiles
Fotos: Jorge Aloy