La causa de la escuela

12 de febrero de 2014

Ante el conflicto por la falta de vacantes en los colegios porteños, padres y madres se organizaron en defensa del derecho de sus hijos. Una lucha colectiva por la educación pública.

Para la inscripción al ciclo lectivo 2014 en las escuelas públicas porteñas, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció, a mediados del año pasado, la puesta en marcha de un nuevo sistema online que, según aseguraba el ministro de Educación, Esteban Bullrich, agilizaría y transparentaría el proceso. Sin embargo, padres, docentes y otros sectores de la comunidad educativa advirtieron que la nueva modalidad traería aparejados numerosos problemas. Así, en octubre de 2013, un grupo de familias, junto con los docentes de UTE (Unión de Trabajadores por la Educación) y el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim, presentaron un recurso de amparo porque consideraban que la medida implicaba «una grave amenaza al ejercicio del derecho a la educación»; que el sistema era «violatorio del principio de igualdad» y que su «intempestiva puesta en vigencia» se había realizado «sin que se haya informado a la comunidad». El sistema, argumentaban, es discriminatorio, no sólo por las dificultades que representa para los sectores más vulnerables –por ejemplo, para familias en situación de calle, habitantes de villas o asentamientos– el acceso a una computadora conectada a Internet, sino también por las consecuencias pedagógicas que tiene el hecho de desplazar a los docentes del acto de inscripción. «El vínculo pedagógico, para los sectores más carenciados de la sociedad, y particularmente para los niños y adolescentes que aún viven en situación de calle, comienza con la inscripción. Resulta indispensable comprender que una “máquina” no puede reemplazar el trabajo especial que realizan los docentes, con el fin de acercar a estos niños y adolescentes a la escuela. Si los docentes, bajo el nuevo sistema, quedan desplazados de esta tarea, sencillamente estos niños y adolescentes no asistirán más a clases», señala el escrito.
El juez Osvaldo Otheguy no hizo lugar al recurso de amparo y le planteó al gobierno porteño una serie de requerimientos. Pese a las críticas, la inscripción siguió adelante. Cuando las familias comenzaron a recibir los resultados, surgieron nuevas dificultades. «El 9 de diciembre, cuando se conocieron las vacantes asignadas, la situación fue absolutamente caótica, y fue el propio sistema el que produjo ese caos. Hubo un procedimiento totalmente mal hecho», cuenta Valeria García, madre de dos niñas que cursan 1º grado y sala de 3 años en una escuela de Caballito. Hubo chicos que no fueron registrados por el sistema –no figuraban siquiera en las listas de espera– y no se tuvieron en cuenta las prioridades previstas en el reglamento escolar. «El sistema no contempló las vacantes directas, que son las de los chicos que ya están en la escuela, por ejemplo que pasan de jardín a 1º grado, los que tienen hermanos o son hijos de empelados de la escuela. Entonces, el día que nos enviaron el mail a todos los padres informándonos de las vacantes, nos dimos cuenta de que muchos de esos chicos habían quedado afuera», agrega Norma Rolandi, mamá de Lucía, a quien en un primer momento le otorgaron una vacante para sala de 5 en el Lengüitas y un mes después le informaron que el otorgamiento había sido «un error». «Estos son problemas que afectan a las familias en términos personales respecto de lo que más quieren, que es su hijo o su hija –señala Ernesto Golomb, integrante de la cooperadora de la escuela Raúl Scalabini Ortiz, a la que concurre su hijo menor, y de la organización Familias x la Escuela Pública–. La primera reacción fue la duda individual, aunque hubo padres que, cuando percibieron cómo iba a ser esta situación, se empezaron a juntar y presentaron una cautelar para frenar el sistema. Lo interesante es que, más allá de la causa judicial, lo que sucedió a partir del 9 de diciembre e incluso antes es una gran comunidad de familias que usan las redes sociales para juntarse, pero también tienen actividades en plazas y otros mecanismos de encuentro y de reunión».
García, Rolandi y Golomb son padres de chicos en edad escolar que viven en la ciudad de Buenos Aires, eligieron para sus hijos la escuela pública y, a la hora de inscribirlos, encontraron infinidad de obstáculos. «Unidos por la escuela pública» es la consigna que crearon para sintetizar los reclamos de quienes aún, a pocos días del inicio de las clases, no saben si sus hijos contarán con una vacante, en qué escuela y turno, a qué distancia de sus hogares y en qué condiciones edilicias y pedagógicas. Golomb cuenta que, en la audiencia en la que se empezó a discutir el problema, el Ministerio dijo que tenía «63.000 lugares para dar vacantes a los chicos que recién ingresan a uno de los niveles; es decir, para 1º grado, 1º año y salas de 4 y 5, y que hubo 69.000 inscripciones. Al día de la audiencia, que fue el 26 de diciembre, dijo que ya se habían asignado 52.000 vacantes, y ahí surge el famoso número de los 17.000 chicos sin vacantes. El problema es que en notas periodísticas sucesivas y en informes que le fue mandando el Ministerio al juzgado llegó a decir que tenía más de 100.000 inscriptos. O que hubo 30.000 que se inscribieron y que no habían procesado al principio. Lo que están haciendo es un manejo discrecional de la información».
Pero el problema, dicen, va más allá de las vacantes, e insisten en la necesidad de defender la escuela pública en un momento en el que, aseguran, está siendo amenazada. «Nosotros empezamos a movilizarnos y a reunirnos en defensa de la escuela pública cuando vimos que empezaban a darse en la ciudad de Buenos Aires situaciones que dejaban de ser casos aislados y que formaban parte de una manera de ver la educación pública que no tenía el foco en garantizar el derecho de todos los chicos a la educación. Había situaciones que forzaban al conflicto permanente con los docentes, y comenzó un lento proceso, que al día de hoy se sigue profundizando, que es de alejamiento de las familias de la escuela pública. Entre otras cosas, se fue marginando el rol de las cooperadoras escolares, se les fue quitando espacio, responsabilidad, se fueron congelando los subsidios que administran y de a poco fueron cercenándose algunos programas educativos o algunos espacios de encuentro de las familias en la escuela».

Rolandi. «Contra el reglamento».

Golomb. «El problema es de todos».

García. «Un sistema caótico».

–También este sistema de inscripción plantea una relación más distante entre las familias y la escuela…
VG: Por supuesto, rompe el vínculo, el acto pedagógico que implicaba la inscripción; eso sin duda. A mí me da la impresión de que el corazón del sistema online tiene que ver con eso: con desplazar la potestad de los directivos y los docentes; tercerizar en una empresa que hace un sistema informático que está mal diseñado y después en una empresa que pone gente que toma los datos y no los sube al sistema. A raíz de la causa judicial, el gobierno porteño tuvo que contratar a una empresa para que quien no tenía posibilidad de inscribirse través de la computadora fuera a los colegios a hacerlo en forma presencial. ¿Qué pasaba en ese caso? Una persona contratada, totalmente externa al colegio, tomaba los datos, y luego se suponía que a esos datos manuscritos los tenía a subir al sistema. Eso es lo que nunca ocurrió. Esa gente quedó fuera del sistema.
–¿Esos facilitadores son docentes o tienen alguna relación con la educación?
EG: No, se contrató una empresa de marketing; era gente contratada y preparada un día antes, durante un domingo, en un hotel.
NR: Creo que esta gestión creó un problema donde no lo había. Antes, con la inscripción presencial, no existía este problema. Por supuesto que estaba la posibilidad de que nuestros chicos quedaran fuera de algún colegio, como, en el caso mío, del Lengüitas, que es un colegio que tiene una demanda importante. El año pasado hice la inscripción presencial y, de hecho, mi hija no quedó. Este año quedó, pero al poco tiempo le sacaron la vacante que le habían dado, porque tenían que darles ese lugar a otros chicos que tenían hermanos en el colegio y que no habían sido tenidos en cuenta en la primera inscripción. El problema más grave que se cometió con este sistema es que no se cruzaron los datos de las vacantes directas con las vacantes externas.
EG: En la base de datos que implementaron, pedían información para que la gente completara. Y ese formulario no pedía algunos datos necesarios, como, por ejemplo si tenés un hermano en la escuela o si trabajás ahí. En cambio, te pedían datos que no correspondían, como, por ejemplo, si tenés obra social o prepaga, si alquilás o sos propietario.
VG: El sistema online no tenía los filtros necesarios para que se respetase el reglamento escolar y el ingreso directo. Además, no se tuvieron en cuenta las inscripciones presenciales. En el caso del colegio al que van mis hijas, que es un colegio de Caballito, muchos compañeros de mi hija de sala de 5 fueron con sus papás a hacer la inscripción a 1º grado y quedaron afuera. En primera instancia quedó fuera de la primaria un 75% de esos chicos que tenían ingreso directo, y, en realidad, no era que estaban afuera, sino que no estaban en el sistema, no estaban registrados. Como eso está en contra del reglamento escolar, que asegura el ingreso directo a los chicos que pasan de preescolar a 1º grado de la misma escuela, lo que sucedió después fue que, para resolver esas situaciones, empezaron a generar otros problemas. Quien tenía la vacante otorgada en un primer momento recibe un llamado que le dice: «Bueno, tu vacante fue un error, te la dimos por error; para resolver este error, tu hijo queda desplazado». Esa es la categoría que ellos pusieron: son «chicos desplazados».
–¿Y les ofrecen una vacante en otra escuela?
NR: Lo que pasa es que el momento en que te informan que tu hijo quedó desplazado no es inmediato. En mi caso pasaron 20 días; me informaron el 6 de enero que mi hija pasó de vacante otorgada a lista de espera. En enero los colegios están cerrados, no podés ver ninguna escuela en esa fecha, ni privada ni estatal. Después me ofrecieron otras opciones, pero absurdas; por ejemplo, viviendo en Congreso, me ofrecieron una vacante en Villa Urquiza. O en un turno nocturno –mi hija tiene 5 años– cerca de la villa 31.
VG: La escuela, para cualquier familia, representa una institución recontravalorada, y todos necesitamos hacer un vínculo de pertenencia con la comunidad educativa, con los directivos. Eso está absolutamente disociado con el nuevo sistema, que considera a la vacante como si fuera una silla en un colegio. Entonces da lo mismo que la silla a Norma primero se la hayan dado, después se la hayan sacado, después le hayan dicho: «Sostené a tu hija un ratito a upa que, mientras tanto, yo te busco otra». Ella había puesto 8 posibles escuelas; parece que ninguna tiene cupo para su hija. Y entonces, después le pueden llegar a decir a ella, que vive en Congreso: «Mirá, te conseguí una sillita en Saavedra o en La Boca».
NR: La última escuela que me ofrecieron está en plena Recoleta. Y esta escuela me la dan porque yo, en mi desesperación, sistemáticamente le envié mensajes al Ministro. Me llamó una asistente y me dijo que me iban a solucionar el problema; digamos que me trataron con un poquito más de amabilidad y me ofrecieron esta escuela en Recoleta.
VG: Tengamos en cuenta, también, que quienes te comunican que quedaste desplazado, sin vacante, o te ofrecen, como a Norma, un nuevo colegio es gente de un call center.

–El ministro Bullrich, en sus conferencias de prensa, ofreció su propio número de teléfono para que lo llamen las familias que tenían problemas con las vacantes. ¿Cómo evalúan esta estrategia?
EG: Cuando intentaba justificar este cambio en la modalidad de inscripción, el ministro decía que serviría para evitar que hubiera casos de discrecionalidad; es decir, escuelas que eligieran quién entra y quién no. Ahora concentra en forma personal, a través de su propio celular, la inscripción; lo que también habla muy mal de su equipo. ¿Qué clase de ministro es que su equipo no puede resolver la situación y él tiene que dar su celular? No es razonable desde ningún punto de vista.
–¿Existía, con la modalidad anterior, esa discrecionalidad de la que hablaba Bullrich?
EG: Si existía, era un problema minúsculo en términos porcentuales. Pero, además, cualquier tipo de problema institucional y pedagógico que haya en las escuelas, sea en la admisión de chicos o sea en cómo funciona la institución, se tiene que resolver en términos pedagógicos y con trabajo entre el Ministerio, los directivos y toda la comunidad educativa. Esto es un sesgo de esta conducción; es el tecnicismo aplicado a la solución de problemas humanos, a la solución de problemas pedagógicos. Entonces, todo es sistemas, todo es procedimientos, todo es papeles, números, estadísticas. Cuando, el año pasado, decidieron cerrar más de 200 cursos, no les importó que hubiera escuelas que integran a chicos con algún grado de discapacidad o de necesidad especial y que requieren estar en un grupo pequeño. Las familias eligen esa escuela no porque tenga un aura mística; la eligen porque está orientada a la integración, a grupos pequeños. No todos los chicos se bancan tener 30 compañeros. Entonces hay escuelas con 30, con 40, con 20 y con 15 chicos. Si vos solamente mirás a los pibes como un número, tomás este tipo de decisiones.
–Además de evitar la discrecionalidad, ¿el gobierno porteño les dio algún otro argumento para justificar la implementación del sistema online?
EG: Dicen que lo hicieron para facilitar el trámite, que no generaban ningún tipo de problema, y para tener un mapa claro de la demanda educativa para saber dónde tienen que construir escuelas. Esto es una falacia, porque ya se sabía dónde había necesidades. La problemática en la zona sur es conocida desde hace años. Hay un acta en sede judicial que firmó este ministro diciendo que se comprometía a construir escuelas en determinadas zonas del sur de la ciudad. Hay partidas presupuestarias de los años 2011, 2012 y 2013 que no se usaron. Entonces dónde hay que construir escuelas está más que claro.
–¿Es la primera vez que tantas familias se organizan de este modo en defensa de la escuela pública?
EG: Sí, el año pasado fue muy fuerte lo del cierre de cursos, pero quienes lo lideraron fueron los docentes, aunque los padres estábamos muy presentes. Hoy, el problema de cada uno se convirtió en el problema de todos. Ya no es el problema de mi vacante, sino de las 69.000. Es como si cada uno tuviera 69.000 hijos. Son cientos de mensajes por día, miles de mails, miles de mensajes en las redes sociales, personas que, por un lado, están compartiendo la angustia pero también diciendo: «Nos juntamos y vemos lo que hacemos». Nos organizamos, coordinamos acciones, nos pasamos información, y ya se están preparando acciones de difusión, también articulaciones con los poderes del Estado, con los legisladores, con el Ejecutivo, con los organismos que defienden los derechos en la ciudad. Porque más allá de resolver esta situación puntual, que de una u otra manera el Ministerio la va a tener que resolver, lo que hay es una práctica de vulneración de derechos. En el ámbito de la educación, es constante la vulneración de derechos. La ley de Educación Sexual no se implementa, el apoyo a las cooperadoras escolares se ningunea pese a lo que dice la ley, hay normativas que tienen que ver con la formación docente que no se cumplen, los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas no dan abasto y hay una presión para que esas situaciones se resuelvan por canales privados. Son situaciones que afectan a la esencia de la escuela; eso es lo que tiene que quedar como saldo, esta defensa del derecho de nuestros hijos y de los hijos de todos a la educación.