24 de julio de 2025
«Algunos padecimientos están ligados con lo económico y hay una crisis profunda entre géneros y generaciones», afirma la reconocida especialista. Ley de Salud Mental y recortes presupuestarios.
Desde su sanción en 2010, la Ley Nacional de Salud Mental provoca resistencias en ámbitos corporativos y profesionales y su previsión de un sistema de base comunitaria atento a los derechos humanos todavía está pendiente. El drama de una familia en Villa Crespo, en el que una mujer mató a sus hijos y a su esposo y se suicidó el 21 de mayo, fue utilizado para cuestionar la normativa e insistir en la necesidad de una reforma que moviliza a actores políticos y sociales. «El problema no es la ley sino su implementación», advierte Alicia Stolkiner, psicóloga especializada en Salud Pública con orientación en Salud Mental y voz reconocida en la materia con una destacada trayectoria académica.
–Según algunos psiquiatras, la ley de salud mental es un obstáculo para prevenir casos como el de la familia de Villa Crespo, ocurrido en mayo, ya que no permite las internaciones involuntarias. ¿Es así?
–A esta altura creo que se trata de una mentira intencional. La mentira consiste en haber instalado en el sentido común, y trágicamente en algunos profesionales que no se enteran del marco legal, la idea de que la ley solo permite internar si la persona lo acepta. El artículo 20 es clarísimo (lee): «La internación involuntaria debe considerarse como recurso terapéutico excepcional, en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo podrá realizarse cuando mediare situación de riesgo inminente para sí o para terceros». Otra crítica es que la ley burocratiza la internación. No, en una situación de emergencia un psicólogo o un psiquiatra pueden decidir la entrada en internación y luego se convoca al equipo interdisciplinario y se notifica al juez, que en un plazo máximo de tres días corridos debe evaluar las causales previstas por la ley. Se trata de una situación excepcional por la cual se priva de la libertad a una persona y por lo tanto corresponde una intervención judicial.
«La ley de salud mental no se hizo para evitar las internaciones necesarias sino para evitar las internaciones innecesarias.»
–¿Cómo se planteaba la situación antes de la ley actual?
–Antes el juez decidía la internación, pero un juez no es un profesional de la salud mental, la Justicia tiene otros tiempos, y la internación se realizaba siguiendo un principio del Código Civil que era de peligrosidad. Una cosa es que la persona esté en situación de riesgo y otra que sea peligrosa, porque en este caso para darla de alta hay que probar que no es peligrosa, y peligrosos somos todos. Lo vemos todos los días con los incidentes de tránsito. La ley de salud mental no se hizo para evitar las internaciones necesarias sino para evitar las internaciones innecesarias que, según el último censo, duraban nueve, diez años o más, y que tienen un costo altísimo para la sociedad y para las personas que las padecen.
–¿Cómo observa las aplicaciones actuales de la ley?
–Lo que nunca se cumplió de la ley es el presupuesto. Además, ahora hay una embestida importante desde el Gobierno nacional, y esto se muestra en que se han levantado las residencias interdisciplinarias. La ley reconoce el sufrimiento psíquico como una problemática para ser abordada contemplando los factores sociales, subjetivos, psicológicos y orgánicos. Para eso se necesitan dispositivos que no tenemos.
«Estamos en un momento de agudización del sufrimiento psíquico para mucha gente y las personas con esas problemáticas suelen ser las más sensibles.»
–¿Por qué se produce esa embestida contra la ley?
–En realidad, es una embestida contra el derecho a la salud. Si logran destruir un servicio como el del Hospital Garrahan, dentro de pocos años si uno tiene un hijo con leucemia lo va a poder salvar solo si tiene plata. El derecho de un niño a recibir atención oncológica y salvar la vida de un niño no es para todos, lo dijo el ministro de Salud. Imaginemos esta idea en salud mental, que acompaña además el estigma de peligrosidad. La estadística de la OMS sobre personas con posibilidades de tener esquizofrenia en la población mundial es de alrededor del 10 al 14 por 1.000, y la mitad no está en tratamiento. Ahora, cuando sucede un crimen como el de la mujer que mató a sus hijos en Villa Crespo, uno no puede hacer presunciones a partir de lo que dicen los medios. Hace unos años, una mujer fue violada en la costa por dos varones que, además, provocaron la muerte del hijo, un niño de 2 años. El juez consideró imputable al adulto porque, pese a tener un diagnóstico de esquizofrenia, no estaba durante el acto delictivo en un proceso delirante o en crisis. Fue una sentencia adecuada a la ley nacional de salud mental, la contracara de que no se puede internar solo por el diagnóstico de patología, pero de eso no se habló. Efectivamente, una persona puede tener un diagnóstico de esquizofrenia y, además, ser un violador. Este caso es más complejo, ¿una persona puede negarse al tratamiento y ser responsable del daño, aunque estuviera en crisis? Mi pregunta es si se piensa en la responsabilidad de lograr el compromiso con el tratamiento. No comparto la idea de «falta de adhesión al tratamiento», porque en muchos casos ha sido motivada por una falta de capacidad de alojar y contener o por la inexistencia de dispositivos de atención adecuados.
–¿Los episodios mediáticos y la situación social pueden incidir en el desencadenamiento de una crisis?
–Estamos en un momento de agudización del sufrimiento psíquico para mucha gente y las personas con esas problemáticas suelen ser las más sensibles a esas situaciones. Los servicios de salud mental están desbordados. Argentina comienza a tener un déficit de psiquiatras, y este es un problema también de pediatría y de medicina general, de familia y clínica, es decir las especialidades que no reciben un valor salarial agregado por utilización de tecnología. No solo se registra una mayor demanda, sino por situaciones más graves. Algunos padecimientos están ligados con lo económico, otros con la alteración de la vida cotidiana y hay una crisis profunda entre géneros y generaciones, un abismo cultural entre los jóvenes y los adultos.
–¿Hay intereses contrarios a la ley actual?
–Tenemos un flanco que es el de los consumos problemáticos. En este momento, y creo que también por eso se ataca a la ley, hay una fuerte intencionalidad de volver a penalizar el consumo. Hay intereses corporativos alrededor de las comunidades terapéuticas que se han desarrollado en el marco anterior de penalización del consumo. Pero se trata de que discutamos la función de las comunidades terapéuticas y de que tengan regulación estatal como instituciones de salud que son.
«Hay una crisis profunda entre géneros y generaciones, un abismo cultural entre los jóvenes y los adultos.»
–¿Un episodio como el de Villa Crespo puede indicar un fenómeno más amplio?
–Desconozco el diagnóstico de la mujer. Las personas con cuadros diagnosticados como psicosis y particularmente paranoides son muy sensibles a las condiciones generales. Freud tiene el famoso caso Schreber, acerca de una psicosis paranoica y su relación con la personalidad, cuyo delirio central, anterior al nazismo, era que Dios lo quería convertir en mujer para engendrar una raza superior. Me ha llamado la atención que pensamos como patología y tratamos de curar un tipo de subjetividad que tiene una sensibilidad muy particular. Tratamos de colocarlas en un marco de funcionamiento, lo que está bien, pero cuando la sociedad se tensa, estas personas tienen más percepción y más padecimiento. En México me tocó opinar sobre la situación de una madre que arrojó a sus hijos por la ventana. No quería matarlos, quería salvarlos, porque en su delirio había extraterrestres, y pasó porque la mujer no tuvo la asistencia adecuada. Uno de los problemas con la ley de salud mental es que no se están proveyendo los recursos y los dispositivos necesarios, como las viviendas protegidas para quienes no pueden vivir con su familia. No voy a dar una opinión profesional sobre casos que no conozco, me parece horroroso decir que alguien actuó bien o mal a partir de lo que dicen los medios, y agradecería que no se utilicen términos como esquizofrenia para ligarlos con violencia, con disociación, con locura. Hay gente que anda con esos diagnósticos. Seamos cuidadosos. El problema de la ley de salud mental es la falta de implementación y si seguimos así va a ser un problema más de los que tenemos en este país para el acceso a la salud.
