La cuestión minera

26 de marzo de 2014

Nicolás Gutman es politólogo e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, reflexiona sobre los alcances y efectos del desarrollo de la actividad en Argentina. El papel del Estado y las multinacionales.

Fruto de su constante expansión e impacto en materia económica y ambiental, la minería suscita fuertes debates en Argentina, la región y el mundo. Nuestro país, por caso, abrió sus fronteras para que empresas extranjeras exploten distintos tipos de minerales a lo largo del territorio nacional, lo que impulsó una profunda discusión acerca de los beneficios y los perjuicios de una actividad cuyos alcances no se conocen en profundidad.
Nicolás Gutman, licenciando en Ciencia Política (UBA), magíster en Economía y Políticas Públicas (George Mason University) e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, presentó en diciembre pasado el libro Argentina en la frontera minera (ver recuadro). Gutman sostiene que el actual debate público alrededor de la actividad minera no es sincero, y que la Argentina necesita mejorar su jurisprudencia para controlar mejor la explotación, o bien crear una empresa estatal para aprovechar el 100% de la renta.
–¿Cuándo comenzó a ser un tema central el desarrollo de la minería en Argentina, y cuáles son los nudos conflictivos de ese debate?
–Es difícil seguir hacia atrás el derrotero de la actividad. El Código Minero, que regula la actividad, se hizo sin debate. Principalmente porque no había intereses contrapuestos. Si se quiere hacer un debate nacional abierto, hay que contar con los sindicatos, las provincias; es decir, una serie de actores. En el sector minero, la explosión actual tuvo un marco político, jurídico y económico que es anterior al comienzo de estos grandes proyectos. Ese marco se dio gracias a la reforma constitucional de 1994. Las provincias aceptaron el modelo neoliberal a cambio de quedarse con la administración de los recursos. Y las provincias, exceptuando casos puntuales como Mendoza o Córdoba, no son las de mayor desarrollo económico. Además, no hay que olvidarse de que Carlos Menem venía de La Rioja, el epicentro de la minería en Argentina. Yo estoy seguro de que entre los que firmaron el Código Minero están (José Luis) Gioja, (Jorge) Mayoral y (Carlos) Menem. Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Gioja tenía muchos intereses particulares relacionados con la minería, en Canadá y a nivel mundial, aun antes de que aparecieran estos grandes proyectos. En resumen, Argentina entra rápidamente en la actividad minera sin mucha conflictividad porque es un país que no tiene tradición minera y nadie sabe cómo se manejan estos emprendimientos desde el punto de vista tecnológico y desde el impacto ambiental que producen.
–Uno de los argumentos que se esgrimen para defender la minería es el de la creación de puestos de trabajo. ¿Cuánto hay de cierto en ello?
–Lo que hacen estas empresas es crear un ambiente propicio a sus intereses. Crean esperanza en la gente respecto de que se van a crear puestos de trabajo, lo cual después nunca se cumple. En la Argentina existe la idea de que «si le doy empleo a alguien, puedo evadir al fisco, puedo contaminar, puedo hacer lo que quiera». Estos megaproyectos generan puestos de trabajo que son de baja calidad, mal remunerados, con altas tasas de accidentes laborales graves. Sí, dan empleo. Pero, ¿qué tipo de empleo? ¿Cuántos puestos? ¿Están bien pagos? En Catamarca, a un minero le pagan 6.000 pesos, pero a la vez la empresa se lleva 20.000 millones de dólares de ganancia. Y encima no están produciendo algo para el mercado interno; se están llevando un commodity y comercian en el mercado internacional haciendo trading con los metales más valiosos del mundo mientras acá a un minero le pagan menos de lo que cobra un desempleado en España.
–También hablan a favor de la minería como factor de desarrollo.
–Sí, hablan de desarrollo y empleo por poner una mina en la que los trabajadores hacen su actividad a 4.000 metros de altura, con explosiones de dinamita, con cianuro, con emisiones a la atmósfera que son muy dañinas para la salud. Generan empleo, sí, pero le sacan 10 años de vida a una persona a cambio de 5.000 pesos mensuales durante 5 años, porque después las minas cierran, se van, y no hay hospitales que soporten esta situación; el sistema sanitario argentino no da abasto en las regiones mineras. Bajo La Alumbrera (Catamarca) es un megaproyecto mundial que comenzó a ser operativo en 1997. Hay tanto dinero en minerales en ese emprendimiento que poseen la tercera flota de aviones del país, sólo para la gente que trabaja en esa mina. Además de la flota, tienen un tren propio que traslada el producto desde Tucumán hasta Santa Fe, donde tienen también un puerto propio. Si ponen en movimiento todos estos recursos, es fácil imaginar los millones de dólares que debe generar. Pero, si uno va a Catamarca, no hay desarrollo, no generó nada. Sólo hay un grupo de gente de elite que está aprovechando este boom minero y se está enriqueciendo. En Catamarca no hay infraestructura, no hay un sólo hospital nuevo, no hay nada. Hace poco, la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, hablaba en un programa de televisión sobre las bonanzas de la minería y sobre el desarrollo que trajo a la provincia La Alumbrera. Señaló que la provincia le estaba pidiendo a la empresa ser la proveedora de los overoles; es decir, quería producir la ropa de los trabajadores de La Alumbrera. Hace 17 años que la empresa está en Catamarca, ¡y la provincia ni siquiera le produce los overoles! Para tener una idea de la magnitud del proyecto de Bajo La Alumbrera, basta con señalar que el consumo de la mina representa el 80% del total de energía utilizada en toda la provincia de Catamarca, el 37% de la de todo el NOA. Es el sector privado que más energía consume en el país. Y la gobernadora estaba en televisión hablando sobre el desarrollo que produjo esta empresa, cuando ni siquiera la deja hacer los overoles.
–¿Qué otro argumento se postula a favor de la necesidad de potenciar esta actividad?
–Otro mito es el de las grandes inversiones. Si viene una automotriz y declara que va a poner una planta en Pacheco, es una inversión genuina. La planta va a estar ahí hasta que la empresa cierre. Eso crea trabajo calificado. Nadie pone una planta y dice «voy a fabricar un auto 10 años y después me voy». Esa planta necesita ingenieros, empleados técnicamente especializados para el montaje y diseño del auto, y esa misma planta puede desarrollarse, puede exportar, y además vuelca su actividad hacia otros sectores, autopartistas, etcétera. Ahora, si alguien dice: «voy a invertir 5.000 millones de dólares en San Juan para poner una mina», eso no es inversión, es el gasto que va a tener la empresa para extraer el mineral. Si la empresa necesita una celda de flotación para extraer cobre cuyo precio es de 700 millones de dólares, la compra, la usa y después la deja ahí pudriéndose, a menos que la pueda seguir usando, la desarme y se la lleve a otra mina. Eso no es inversión, es costo propio. La empresa minera importa toda la maquinaria porque acá no se produce, y además no paga ningún costo de importación porque en el Código Minero dice que son bienes de capital necesarios para la producción. Pero además cuentan con una desgravación impositiva por los costos que tuvieron para hacer la prospección, el cateo. Al final, estos proyectos, durante los primeros años, no pagan un centavo. Sus costos se están pagando con nuestros minerales. Y después hablan de inversión. ¿Qué inversión? Gastaron 3.000 millones de dólares para poner en marcha la mina, y Argentina de eso no vio nada. No quedó una ruta, nada. Estas empresas vienen, hacen circular a sus camiones por rutas que ya tenemos y las destruyen. Están destruyendo lo que nosotros ya construimos para su propio lucro.

–¿El sistema jurídico vigente en la materia está basado totalmente en la premisa neoliberal?
– Jorge Mayoral, secretario de Minería, es el funcionario que hace más tiempo está en funciones: fue designado por Menem. Mayoral viene del núcleo del neoliberalismo cordillerano duro; era del círculo de donde provienen Domingo Cavallo y Roberto Dromi. Hay enclavado un sector de poder de la minería dentro de la Argentina que es mucho más poderoso de lo que la gente cree. El día que se discuta, o se les diga a las provincias que esto así no va más, se le van a dar vuelta al Gobierno. José Luis Gioja era el presidente de la Comisión de Minería de Diputados y su hermano era el presidente de la misma comisión en Senadores al mismo tiempo, mientras Mayoral era el Secretario de Minería. Es el mismo grupo de poder, tan obsceno que ni siquiera recurrió a otras personas. El Código Minero es un engendro neoliberal. Argentina tiene Código Civil, Código Penal y Código Minero. Acá no hay código petrolero, ni de salud. Es un código que surge pensando en la minería moderna, pero sustrayéndolo del debate público y de una visión de país. Es un código cuyas previsiones medioambientales son un desastre, que las tiene incorporadas para quitarle justamente el poder de policía a las leyes verdaderas que protegen el medio ambiente. El Código Minero les da el poder de policía a las provincias, que no tienen la capacidad técnica para controlar estos proyectos. Para tener una idea, a veces hasta al propio Estado estadounidense tiene problemas para encontrar gente capacitada para controlar los proyectos que se desarrollan en su país, porque se requiere mucho conocimiento complejo y específico. No lo tiene Estados Unidos, ¿cómo lo va a tener Catamarca?
–¿Cuáles son los impactos de la contaminación ambiental de esta actividad?
–No es lo mismo minería que minería a cielo abierto; es como comparar una huerta de tomates con un establecimiento de productos transgénicos. No es que haya una afectación puntual. Una intervención humana de esa escala genera de por sí un cambio ambiental. El impacto mayor lo generan los grandes proyectos mineros que practican procesos de lixiviación (método de extracción de minerales con disolventes) con cianuro y otros químicos, dinamitación y otros procesos. Pero no necesariamente un proyecto a gran escala provoca un desastre. Muchas veces no pasa nada grave. En otros, hay desastres ambientales que son comparables a Chernobyl. Y esta no es una observación subjetiva. La Agencia de Protección Ambiental estadounidense, durante el gobierno de George Bush, decía que la minería era el segundo problema ambiental grave después de la energía nuclear. Y no lo dice Greenpeace; lo está diciendo una administración que viene del sector petrolero y minero. Lo dice la ONU también. Con sólo consultar Internet la gente puede enterarse de los graves desastres ocasionados por la minería a cielo abierto.
Muchos de estos desastres están relacionados con la institucionalidad circundante. Cuanto más débil es el tejido social e institucional alrededor de los proyectos, muchas más son las posibilidades de que exista un desastre ambiental. Y cuanto más desarrollados están estos tejidos, menos chances de que se produzcan accidentes de esa magnitud. En Canadá no hay desastres ambientales, y no porque los canadienses sean mejores, sino porque la sociedad, el país, no necesita de estos proyectos, y el sistema jurídico funciona bien. Si ocurriera un desastre, la gente pediría cárcel para los responsables de la empresa, y seguramente lo conseguiría. Entonces, los empresarios se cuidan más. El problema es que Argentina no tiene la institucionalidad de los países anglosajones. Estamos permitiendo el asentamiento de estas minas en un contexto de debilidad institucional porque la policía minera de las provincias no está a la altura de las circunstancias.
–¿Qué políticas se pueden implementar para regular esta actividad, pensando ya en el futuro?
–Argentina tiene que aprovechar sus recursos naturales. Es una estupidez –más teniendo en cuenta que contamos con gente muy especializada– que por nuestra jurisprudencia, porque el artículo 9 del Código Minero prohíbe al Estado explotar los recursos minerales, no podamos hacernos cargo de aprovechar esos recursos –que encima son no renovables– y se los demos en bandeja a empresas extranjeras. ¿Cómo es posible que no se pueda armar una empresa estatal para que se ocupe de esta actividad? Si alguien tiene una mina y el 100% de la renta va para el propietario, el ingreso al fisco es de un 3%, a lo que hay que agregar que ese porcentaje está basado en la declaración jurada que hace la misma empresa respecto de cuánto extrajo. Entonces, con la creación de la empresa estatal, se evita la conflictividad social, los problemas con muchas comunidades que van a tener que convivir con minas abandonadas, tener a todas las embajadas haciendo lobby por detrás; se evita todo esto, además de que se aprende en el camino cómo se desarrolla una nueva industria. En un país desarrollista, no se puede entender cómo no se hace esto. Si no se cuenta con toda la capacidad y el conocimiento para la actividad, puede hacerse joint venture (empresas colectivas) con los brasileños, con los chilenos, con los mexicanos. Hoy Argentina tiene varios aliados políticos en la región que saben muchísimo de minería.