23 de febrero de 2022

Florencia Vidal

Para la fiscal, se deben buscar alternativas al modelo punitivo sobre las drogas ilegales y profundizar la asistencia para las personas con consumos problemáticos.

ALEJANDRO AMDAN/TÉLAM/RVE

La muerte de 24 personas y la internación de más de 80 producto del consumo de cocaína adulterada en el Conurbano bonaerense reavivaron la necesidad de dar un debate profundo y urgente sobre un problema que tiene múltiples aristas. Para Mónica Cuñarro, los días de principios de febrero, inmediatos a la tragedia ocurrida con la sustancia vendida en el barrio Puerta 8, fueron más que agitados, con una agenda repleta de entrevistas de medios de todo el mundo que requerían su opinión. Esta fiscal, que fue la creadora de la primera unidad especializada en narcotráfico y delitos complejos e integró la primera Comisión Nacional sobre Crimen Complejo y Narcotráfico durante el Gobierno de Néstor Kirchner es, sin dudas, una referente a la hora de hablar tanto de las consecuencias dramáticas como también de la trama de un negocio integrado por una cadena de eslabones de complicidad donde, asegura, participan integrantes de la Policía, la política, la Justicia y quienes se ocupan de lavar el dinero.
«La guerra contra las drogas tal como la propusieron Nixon y Reagan fracasó», dice. Entonces plantea cuestiones ineludibles como la reforma de la ley de drogas vigente, un programa de prevención y tratamiento que ayude a reconstruir el tejido social y salde «la deuda histórica» con las personas que tienen consumos problemáticos y el establecimiento de una Agenda Nacional que investigue y persiga a quienes forman parte de la ruta del dinero. Para ello insta a la dirigencia política a dejar de tratar esta cuestión como «un spot publicitario».
–¿Qué evaluación hace sobre lo ocurrido con la cocaína adulterada?
–Lo sucedido es una tragedia sin precedentes en el país. El único antecedente, no comparable, es la fiesta electrónica Time Warp en la Ciudad de Buenos Aires, con cinco jóvenes muertos y casi dos docenas de intoxicados en estado crítico. En primer lugar, quiero destacar la rápida acción de la fiscalía provincial de Morón y la fiscalía general de San Martín, que priorizaron la salud pública, para poder salvar vidas, por encima de la punición, ya que producir, tener y consumir es un delito. Eso fue seguido por la cartera de Salud, que emitió alertas y los medios de comunicación que visibilizaron el caso para poder quitar del territorio el clorhidrato de cocaína adulterada.
–¿Cuál es su hipótesis al respecto?
–Entiendo que lo que ocurrió allí, y pasa también en Capital Federal o lugares del resto del país, es que las bandas se fueron haciendo más rústicas, tanto que, así como años atrás la fabricación era, en términos generales, no letal, hoy cambió. Es más rústico el combo del narcomenudeo o banda producto de la pandemia y la crisis económica.
–¿Cómo fue cambiando históricamente en el país el consumo de sustancias?
–La encuesta nacional sobre uso y consumo problemático de sustancias legales e ilegales se realizó, hace ya muchos años, por una comisión creada por el Ejecutivo, y conformada no solo por expertos magistrados sino también por sanitaristas, sociólogos, toxicólogos. El trabajo empírico, objetivo y científico determinó que con el alcohol había bajado la edad y superado la clase social y la ubicación geográfica. Por eso hicimos un anteproyecto de regulación, de prohibición de consumo y compra de alcohol a menores de 18 años, que fue firmado por el Poder Ejecutivo Nacional y contó con la adhesión de todas las jurisdicciones, salvo la Ciudad de Buenos Aires, lo que trajo aparejado que jóvenes de Pilar, Escobar, Martínez, Banfield y Avellaneda fueran a Capital a hacer las previas con la grave consecuencia de saturar las guardias de intoxicados, de viernes a domingo, en el hospital Fernández y el Penna. También advertimos empíricamente que la población accedía sin control a medicamentos bajo receta, lo que llevaba a preguntarse por qué se recurría a sustancias prohibidas si el acceso era tan fácil, producto de los decretos de desregulación de Onganía y de Cavallo. Lo que nos llevó, por un lado, a que el Poder Ejecutivo Nacional modificara ese decreto y que una empresa nos persiguiera. Por otro lado, los colegios farmacéuticos de cada jurisdicción, a excepción de Capital Federal, adhirieron, lo que permitió un mayor control del uso y abuso de sustancias legales.

–¿Y en cuanto a las ilegales?
–En los 70 el consumo era de un sector relacionado con la bohemia o contracultura y en los 90 explotó el clorhidrato de cocaína. Luego de la crisis de 2001 esto continuó hasta pasar a sustancias químicas. Hoy, intuyo que producto de la pandemia, porque no hay trabajos empíricos desde hace siete años, explotó tanto en legales como ilegales.
–Más allá de los datos, ¿qué repercusiones tuvo esa encuesta?
–Trabajamos más de cuatro años elevando más de seis anteproyectos de ley discutiendo modificaciones en los ministerios que son parte como Trabajo, Salud, Educación y organismos como ANMAT. A su vez, con la ayuda del Instituto de Educación Secundaria Arzobispo Lozano, los colegios públicos y privados que tomaron nota y los padres, se pusieron de acuerdo en replicar y duplicar torneos de viernes a domingo, con partidos y actividades para evitar las previas y el uso y abuso de alcohol en menores, lo que trajo resultados muy positivos. Esta medida luego fue destruida por las siguientes administraciones.
–Además de los productores, ¿qué otros actores intervienen en el negocio de la droga?
–Ya en 2005 más de 100 jueces, fiscales, defensores y letrados emitimos un documento alertando que la desfederalización traería dos problemas: la corrupción de las fuerzas provinciales y el no poder controlar los precursores químicos ni medicinales. Lamentablemente, esas 100 firmas, que luego fueron 300, tuvimos razón. Debe volver a centralizarse la aplicación de la ley vigente para terminar con la corrupción policial y de algunos jueces, fiscales y funcionarios públicos.
–¿Por qué cree que la desfederalización impacta de manera directa en el aumento de casos de corrupción de las fuerzas policiales?
–En los 80 las Policías no tenían corrupción en narcotráfico sino en juego o prostitución ilegal. La desfederalización y la legislación de los 90 trajo lo que vemos a diario: decenas de polinarcos involucrados que regulan los territorios, cobran protección, deciden a cuáles bandas sí y a cuáles no, recaudan, etcétera.
–Si en el negocio de la droga participan, como usted afirma, narcos, policías, funcionarios, jueces y fiscales. Entonces, ¿cómo se lucha contra esa organización?
–El punto central es la ruta del dinero donde existen laxos controles. No hay, salvo excepciones, una agenda compleja que siga la ruta del dinero, basta solo cotejar los datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación o de cárceles provinciales que se ven llenas de consumidores o pequeños comerciantes, pero no hay denuncias, casos, sentencias sobre la ruta del dinero.
–¿Cómo es el recorrido de la ruta del dinero?
–Si la plata y el negocio parecen provenir de lugares populares, barriadas pobres y se multiplica en millones y millones por semana, esa plata además de pagar corrupción policial, se blanquea o lava. Obviamente no por las barriadas populares, por el soldadito o el chaleco sino por cuevas financieras, negocios, grandes construcciones, desvíos de contrabando. Esa ruta no está ni bien regulada ni controlada por los responsables provinciales, sean registros, secretarías, Banco Central, etcétera, ya que no hay denuncias sobre compras y bienes decomisados, como tampoco sobre financistas, contadores o prestanombres o supuestos empresarios. Si se quiere abordar debe hacerse en serio.
–A partir de lo ocurrido con la cocaína adulterada volvió a hablarse de la necesidad de cambiar la Ley de Drogas vigente. ¿Qué debería contemplar esa reforma?
–Tenemos una ley sancionada hace más de 40 años que muestra que las cárceles están llenas de consumidores y pequeños comerciantes. Esto explica que lo punitivo per se no es el único camino. La ley a su vez recibió múltiples pequeñas reformas y minirreformas en los organismos de control no penal, lo que llevó a la comisión a un trabajo de un anteproyecto de ley que no fue el remitido por el Poder Ejecutivo Nacional. El actual ministro de Seguridad Aníbal Fernández remitió entonces uno propio. La comisión terminó un trabajo sin precedentes en el país y en la región hace años.

PAULA RIBAS/ARCHIVO/TÉLAM/JCP

–¿Cuál es su postura sobre la legalización?
–En cuanto a legalizar todas las sustancias opino que, si no se puede ni controlar a un rústico de Puerta 8 que mezcla mal un sobre, mucho menos se puede legalizar todo por carecer de controles estatales y con delincuentes o narcopolicías que participan en todo el negocio. Otra cosa es el modelo de Uruguay o Portugal para terminar con la oscuridad, el dinero ilegal, la corrupción policial, judicial y de funcionarios. Entre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y los colegios de farmacéuticos deben discutir el tema en relación con una de las sustancias ilegales que es la marihuana para terminar con esa parte del negocio.
–Usted asegura que el tema de la prevención no le importa a nadie, ¿por qué?
–La prevención, el tratamiento y la recuperación no les importan a las prepagas, ni a las obras sociales ni al Estado. Existe una deuda democrática al respecto. En la Comisión logramos que se incorporen las adicciones, sean a sustancias legales o ilegales, a los tres sectores. Esto fue un gran avance ya que nadie quería al adicto. También la cartera de Trabajo logró más de 100 convenios de trabajo entre patronal, sindicato y el trabajador que marcaron un hito.
–¿Cómo cree que esto que pasó debería interpelarnos como sociedad?
–La guerra contra las drogas, tal como la propusieron Nixon y Reagan, ha fracasado. Este tema ha roto tejidos sociales, familiares, ha corrompido fuerzas de seguridad, sectores de la Justicia y demás. Si se quiere encarar en serio, la política debe dejar de tomarlo como spot publicitario. Además, se debe mejorar la parte de la investigación preliminar o compleja y deben ponerse a tono las jurisdicciones judiciales que muestran diferencias. Ir por la ruta del dinero ya que el narcotráfico se diversificó en estafas, fraudes, coacciones, extorsiones, homicidios, piratería del asfalto, contrabando, entre otros delitos.
–¿Y con respecto a la demanda?
–Debe rearmarse lo que fue destruido. Se necesitan campañas de prevención, tratamiento y rehabilitación no solo con una mirada socio-ético-sanitaria sino también con las carteras de Trabajo y Educación.