La otra economía

28 de agosto de 2014

Patricio Griffin, presidente del INAES, destaca el creciente protagonismo del sector cooperativo y mutual en la Argentina, y reflexiona sobre los desafíos y reivindicaciones pendientes.

Patricio Griffin, abogado especializado en derecho laboral y mercantil, asumió en 2004 la presidencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo que regula el funcionamiento de cooperativas y mutuales, además de brindar asistencia técnica, económica y financiera a empresas del sector. Nacido en la localidad bonaerense de Lincoln en 1945, Griffin trabajó durante 25 años en España, país en el que se exilió a fines de la década de 1970 luego de estar preso por su militancia política durante la última dictadura militar argentina. En el Viejo Continente se vinculó con espacios sindicales, se especializó en estudios de factibilidad y viabilidad de emprendimientos y participó en la reestructuración de empresas que luego se convirtieron en cooperativas de trabajo. En esas experiencias vio de cerca cómo la economía social podía ser una valiosa herramienta de inclusión social y sostén de fuentes de trabajo. «La economía social es una aliada estratégica que tiene el Estado para distribuir equitativamente las riquezas», sostiene el funcionario durante la entrevista. De hecho, gracias a un mayor incentivo al sector por parte del Gobierno nacional, en los últimos años, el amplio universo que incluye a cooperativas históricas, mutuales, empresas recuperadas, cooperativas creadas por programas estatales y pequeños emprendimientos productivos locales y regionales, ha adquirido mayor visibilidad en la Argentina. Hoy, según cifras del INAES, el sector aporta un 10% al PBI nacional y abastece de productos y servicios a unas 10 millones de personas en todo el país.
–¿Cómo evalúa la actualidad de la economía social en la Argentina?
–Durante décadas, algunos sectores de la producción argentina estuvieron sumamente comprimidos, especialmente durante la etapa neoliberal de los años 90, y en particular el cooperativismo agrario se vio muy afectado: era más barato, por ejemplo, traer frutas de Europa que producir peras y manzanas en el Alto Valle de Río Negro. Fue un fenómeno de desequilibrio absoluto que perjudicó gravemente a los pequeños y medianos productores y a las economías regionales. El cambio de paradigma y el planteo que hizo Néstor Kirchner apenas llegó al gobierno, de promover un tipo de cambio competitivo, fomentar la industrialización de la ruralidad y la participación, generó un salto cualitativo tanto del consumo interno como de las exportaciones. Eso permitió que todo el gran sector vinculado con la producción agropecuaria avanzara notablemente. Algo parecido sucedió en el área de las cooperativas de servicios públicos, que también estaban al borde de la desaparición, ante la competencia y las presiones de las multinacionales. En general, estas grandes empresas se quedaron con las áreas de alta concentración de consumidores y condenaron a la inviabilidad a muchas zonas y regiones del país, pero los propios vecinos, con las cooperativas que habían formado, resistieron y fueron capaces de construir alternativas económicas eficientes para administrar y mejorar los servicios públicos. También la producción industrial recibió este impulso: hay cooperativas ubicadas en polos industriales importantes que han sido capaces de absorber el gran incremento de la demanda de servicios. El modelo cooperativo en todos los servicios públicos es de excelencia. Por ejemplo, en relación con las gravísimas crisis que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires, en Capital y en algunas ciudades, tanto por eventos climáticos como por la no renovación de las instalaciones, las cooperativas, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo, salieron a auxiliar a las multinacionales. Todo esto demuestra que en cada lugar donde ha habido una oportunidad de desarrollarse, el sector avanzó. Cuando hay una crisis tan grave como la de 2001-2002, la solidaridad surge sola y así como en ese momento hubo comedores populares, ollas populares, trueque, es decir, experiencias que pueden definirse como instancias pre-cooperativas de generación de formas económicas solidarias, también hubo un resurgir del cooperativismo tradicional. Y por último, hubo un compromiso muy grande del Estado Nacional de promover la inclusión a través de la herramienta cooperativa. No es una decisión meramente instrumental, es una decisión ideológica, es una decisión conceptual y política que tiene la ministra Alicia Kirchner, y que tenía Néstor Kirchner en su momento, cuando lanzó el primer programa federal de viviendas, y que tiene que ver con que la persona excluida, a través de la cooperativa, del aprendizaje de oficios y de prácticas de trabajo, se convierte en protagonista de su propia inclusión. Por supuesto con todas las fallas y con todos los déficits que implica un esfuerzo tan gigantesco por parte del Estado, de un Estado que estaba desmantelado, que no tenía recursos humanos ni recursos técnicos ni tecnológicos para instrumentar todo este proceso.
–Hace dos años usted dijo que el gran reto de la economía solidaria estaba en convertirse en el generador del 33% del PBI. ¿Están dadas las condiciones para efectivizar este anhelo?
–Para avanzar en ese sentido estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, se trata de crear tecnologías colectivas de trabajo asociativo, de producción en cadenas, socializada y participativa, manteniendo cada uno su individualidad. Nosotros creemos que este es un espacio determinante para que se consolide este modelo del 33% que proponemos. Nos parece que, junto con eso, hay que mejorar las técnicas de medición del valor agregado que genera la economía solidaria. Por ejemplo, una cooperativa de servicios públicos tiene alrededor de 10 o 15 servicios en una ciudad, y las cooperativas agropecuarias que incorporan desarrollos tecnológicos, también incorporan conocimientos genéticos y conocimientos de gestión de producción muy superiores. Donde está la multinacional, como mucho, hay un almacén de insumos, en el caso de las empresas agropecuarias, y en las de servicios, en el mejor de los casos, hay una oficina. En cambio, donde opera una cooperativa, hay un ingeniero, junto con otros técnicos y esos técnicos son parte de la cooperativa, son parte del pueblo y generan un valor cultural y un soporte de oportunidades muy superior para esa localidad. Tenemos que encontrar la manera de medir esto y estamos trabajando, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y el INdec, para instrumentar mecanismos de medición del valor agregado con un sentido mucho más social.
–¿Cómo puede influir la participación del sector en una distribución más equitativa de las riquezas?
–Para tener una distribución más equitativa es necesario que la economía solidaria crezca. No existe un modelo estatal que pueda mantener un sistema que succiona a los sectores concentrados los recursos vía impuestos y los distribuye equitativamente, porque uno de los instrumentos de distribución fundamental es el trabajo y el modelo concentrador expulsa empleo. Alicia Kirchner sostiene que la inclusión es familia y empleo. Y este proceso de inclusión con familia y empleo requiere justamente una producción diversificada, una economía diversificada, la existencia de miles de pequeñas unidades productivas, y ahí, tanto el modelo cooperativo como el modelo pyme asociado, trabajando con altos niveles de eficacia, son los principales generadores de empleo. Por eso insistimos en la necesidad de que la pyme industrial urbana avance hacia modelos cooperativos. Cuando aparece un clúster (grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes) organizado desde una multinacional, es la multinacional la que impone las reglas de juego y la que revierte o vuelca sobre las pymes y sobre los pequeños productores y pequeñas industrias todo el riesgo, y se preserva aquello que agrega valor. Entonces, desde ese punto de vista, es conceptual y es ideológicamente necesario que haya un equilibrio entre el Estado, la producción privada y la producción solidaria.
–¿Cómo evalúa la presencia de dirigentes cooperativistas en la política?
–Creo que los dirigentes cooperativos deben intervenir en política, pero si hacemos el partido de las cooperativas probablemente reducimos su campo de acción. Sí creo que los dirigentes deben dar una disputa conceptual y establecer objetivos de políticas de Estado bien definidos y, a partir de ahí, si quienes defienden estos objetivos terminan siendo funcionarios públicos o diputados, seguramente van a ser los mejores representantes del sector, y no necesariamente tienen que ser todos del mismo partido. En Brasil hay varios partidos políticos que llevan cooperativistas a su parlamento, y esto les permitió además, en numerosas oportunidades, imponer funcionarios cooperativistas en el Poder Ejecutivo. El hecho de que en la Argentina esté en marcha, y muy consolidada en toda Indoamérica, la Red de Parlamentarios Cooperativistas, es una muestra de este avance. Por otro lado, creo que lo más importante no es cambiar la ley de cooperativas sino modificar todas aquellas leyes que favorecieron a los monopolios, que auspiciaron a la concentración y que perjudican directamente al cooperativismo. No es justo que se le apliquen normas antimonopólicas en igualdad de condiciones a una empresa de servicios públicos cooperativa que a una multinacional. Detrás de esto está la política, por eso es determinante una definición de carácter político. Es una decisión política cómo gestionamos las políticas públicas, cómo orientamos al Estado; si lo orientamos como un embudo a favor del desarrollo local o como un embudo para afuera para que otros se lleven las ganancias. Esto hay que decirlo y hay que empezar a desafiarlo.
–Teniendo en cuenta la compleja coyuntura actual, ¿cómo vislumbra el futuro de la economía solidaria?
–El movimiento avanzó mucho y ese avance está estrechamente vinculado con el desarrollo del modelo del país, por eso hay desafíos muy importantes que también tienen un carácter político. Es necesario que el sector tome posturas, no digo partidarias, pero sí políticas, en el sentido de las políticas públicas. El movimiento tiene que ser –y yo creo que hubo un gran avance en esto y esperemos que se mantenga– protagonista de políticas como las que generaron su consolidación. Por ejemplo, cuando llegué al INAES se instauró la co-ejecución presupuestaria, esto significa que las decisiones sobre en qué se van a gastar los recursos que aporta el mismo movimiento no se toman en abstracto: las entidades, las organizaciones, las federaciones y las confederaciones, a través de convenios, las ejecutan en conjunto, por supuesto bajo las normas y los requisitos legales. El movimiento cooperativo y mutual no debe permitir que se retroceda en este punto, porque esta medida significa un salto en cuanto a la transparencia, la calidad y a la certeza de qué destino se les da a los recursos. Desde 1976 en adelante, el cooperativismo estuvo a la defensiva y las entidades se encerraron en sí mismas, trataron de persistir. Es el momento de que asuman que están a la ofensiva y tienen que unirse para ocupar espacios. La integración es vital. Es verdad que es necesaria una nueva ley de cooperativas, pero necesitamos una nueva ley en este mismo espacio, en este mismo concepto, una ley básica que unifique también al asociativismo pyme, al mutualismo y al cooperativismo, que les dé una base común.
–Un sector de la economía solidaria también reclama un cambio de paradigma en cuanto a la actividad financiera, ¿qué opina al respecto?
–El ahorro y préstamo cooperativo y mutual son un derecho humano. Pero hoy tenemos todos los tratados de Basilea que apuntan a un modelo de concentración hacia las grandes operadoras multinacionales del crédito, operadores que demostraron en la práctica que no son controlables, que no son fiables, que incumplieron todos los principios y todas las reglas que decían defender. Y esos modelos excluyen esta fórmula de ahorro y préstamo cooperativo y solidario, de ayuda mutua. Pero nadie puede impedir a personas libres que ejerzan su derecho humano de ahorrar y prestarse en conjunto, ni de asumir los riesgos de aportar en una entidad asociativa colectiva donde ellos son protagonistas, donde votan y deciden democráticamente hacia dónde van a orientar el crédito, cómo lo van hacer y qué intereses van a pagar. Por eso mismo nosotros planteamos fuertemente la exclusión del fraude. Es decir, si la sociedad no aprende a distinguir entre este modelo ampliamente positivo que es el ahorro y préstamo solidario del fraude, entonces sí que tenemos un problema. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es que no haya ni una sola cooperativa financiera, ni una sola caja de crédito, ni una sola mutual fraudulenta. Y ahí también hay dos sistemas de control: uno el que hace el Estado y otro el que hacen las federaciones, el propio movimiento, y los asociados. Para nosotros, la ayuda mutua, la participación y la cooperación empiezan desde abajo, desde la familia, el barrio y, en ese sentido, el ahorro mutuo tiene que ver con el concepto de desarrollo local y regional. Y esta es una construcción piramidal mucho más compleja que la de una empresa multinacional que tiene un solo equipo directivo. Requiere del acuerdo de muchos más intereses y se tiene que ir haciendo desde abajo. Es todo un desafío. Ahí sí que tenemos todavía graves déficits. Hay un proyecto también importante de servicios financieros que todavía no se ha puesto en marcha y hay modelos impositivos que también deben resolverse. Necesitamos un nuevo aparato financiero para orientar y captar los ahorros que hoy están en manos de bancos extranjeros y que invierten sus ganancias afuera.